Llegó el día. Por fin este viernes, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, autoriza a los ayuntamientos a utilizar el supéravit de 2017 "en inversiones financieramente sostenibles" y se comprometió a estudiar otras inversiones posibles. Hasta la fecha, lo prohibía la conocida como 'Ley Montoro' (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) que impone un tope de déficit público, otro de deuda y, por último y lo más importante, una regla que establece un techo de gasto. La norma regirá de momento solo para los ejercicios 2018 y 2019.
El titular de la cartera de Administraciones Públicas responde así a una veterana demanda de ayuntamientos y otras entidades locales, acordada ya a finales de febrero con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. La medida solo regirá durante los años 2018 y 2019, a fin de que la ausencia a estas alturas de una ley de Presupuestos Generales del Estado no dificulte el desarrollo y la prestación de servicios de estas corporaciones.
Cristóbal Montoro también pactó con Abel Caballero ampliar la definición de "inversión financieramente sostenible". Excluye una serie de departamentos entre los actuales se encuentran las áreas de justicia, educación o, social. Con todo, Montoro convocará una reunión de la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CENAL) para que se plasme una redefinición del concepto y de la regla de gasto, para "dotarla de contenido más efectivo".
Los nuevos ámbitos en los que se van a poder realizar inversiones a partir de este Real Decreto Ley son los de servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial, biblioteca y archivos, e inversiones en equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas. De igual modo, se incluirán mobiliario y vehículos.
El superávit de los ayuntamientos es una cuestión que ha traído cola y que ha adquirido tintes gruesos con el que dirige Manuela Carmena. Cristóbal Montoro ordenó intervenir las cuentas del consistorio madrileño a finales de 2017, por incumplir la regla de gasto y utilizar su superávit, lo que se calificó de guerra frontal entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Madrid.
El ministro, quien ha realizado el anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el Decreto Ley para que los ayuntamientos puedan reinvertir sus remanentes, ha reconocido que la demora en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 podría perjudicar a las entidades locales, razón por la que, según ha explicado, el Gobierno se adelanta al aprobar este Decreto Ley para la inversión sostenible del superávit local.
Los nuevos ámbitos en los que se van a poder realizar inversiones a partir de este Real Decreto Ley son los de servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial, biblioteca y archivos, e inversiones en equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas. De igual modo, se incluirán también inversiones en mobiliario y enseres destinados a servicios que ya están catalogados como receptores de aquellas inversiones; así como los vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos; seguridad y orden público; protección civil; prevención y extinción de incendios; y de transportes de viajeros.
Las entidades locales tienen superávit presupuestario desde 2012. En 2016, este remanente alcanzó el 0,6% del PIB tras un esfuerzo de consolidación fiscal desde 2011 de 11.180 millones de euros, de los que 5.671 han sido por reducción del gasto. Además, ese superávit les ha llevado a disminuir su nivel de deuda a un ritmo muy intenso, como reconoce el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Su endeudamiento en 2016, último año con datos oficiales, fue de un 2,9% del PIB (32.094 millones de euros, por debajo del objetivo fijado para 2020 por la Ley de Estabilidad), tras una reducción de 12.000 millones de euros en cuatro años
PGE 2018
El ministro ha defendido su proyecto presupuestario de 2018 "desde el convencimiento de que se va a aprobar" en las Cortes. Montoro ha argumentado que el Gobierno "va a cumplir con su obligación" de presentar el proyecto presupuestario y ha confiado en que logrará el visto bueno en las Cortes pese a que todavía no tiene garantizados los apoyos suficientes. El titular de Hacienda ha recordado que aún quedan "días" para la aprobación del proyecto, prevista para el martes, lo que permitiría incorporar iniciativas de otros grupos, aunque, en cualquier caso, se ha mostrado dispuesto a seguir negociando durante la tramitación.
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