CSIF acaba de tumbar en los tribunales un decreto del Govern de Baleares que imponía el dominio de la lengua catalana para poder acceder por la vía de la oposición a alguna de las plazas de empleado público convocadas por el Servicio Balear de Salud IB-Salut. Meses antes hizo lo propio con una convocatoria similar de la Generalitat de Catalunya que exigía el conocimiento de la lengua catalana para poder optar a una de las plazas que ofertaba en el marco de una convocatoria pública de empleo. Según fuentes del sindicato, cada vez es más habitual que los ejecutivos autonómicos deslicen como requisito de obligado cumplimiento el conocimiento de la lengua cooficial en ese territorio para poder optar a una plaza de empleado público, en una situación que en su opinión conculca los principios igualdad, mérito y capacidad que según la Constitución deben regir en los procedimientos de acceso a la Función Pública y que exige de una reacción inmediata por parte del Gobierno.
Así se lo hizo ver el sindicato mayoritario en el ámbito de la Función Pública a la nueva titular del Ministerio de Función Pública y Política Territorial, Carolina Darias, en el primer encuentro institucional que mantuvieron hace unos días y en el que se le trasladó su propuesta de reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para impedir que ninguna Administración Pública estatal, autonómica o local pueda imponer el conocimiento o dominio de una lengua cooficial en el territorio español como barrera de entrada al servicio público.
El texto de la propuesta trasladada al Gobierno, que CSIF quiere convertir en una de sus principales reivindicaciones en el proceso de negociación que en breve se abrirá con Función Pública para tratar de reeditar el Acuerdo de Mejora de las Condiciones de los Empleados Públicos firmado en marzo de 2018 con el entonces ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, cuya vigencia vence este año, propone "la modificación de la legislación actual y la valoración como mérito de la lengua cooficial, pero sin que la toma en consideración de esta circunstancia llegue a ser un impedimento para el acceso al empleo público en consonancia con lo previsto en la Carta Magna".
Es decir, CSIF pretende que las Administraciones Públicas puedan incluir el dominio de la lengua cooficial en el territorio en que se convoca la plaza como un mérito a valorar en el proceso de selección del personal público, pero en ningún caso como un requisito ineludible para poder optar a esas plazas. El sindicato entiende que para garantizar ese escenario hay que reformar hasta tres artículos del Estatuto Básico del Empleado Público para reflejar de forma explícita que las pruebas de selección para la Administración sí podrán establecer la acreditación del conocimiento de las lenguas cooficiales pero "que tendrán carácter optativo y, en ningún caso, serán eliminatorias".
De hecho, el sindicato plantea que la puntuación obtenida en esas pruebas de nivel sobre la lengua cooficial solo debe tenerse en cuenta "para la adjudicación de destino dentro de la comunidad autónoma correspondiente", singularmente en los puestos de atención al público donde ese conocimiento puede ser más necesario.
No es la primera vez que el asunto centra el debate en el ámbito de la Función Pública. Al poco de llegar el Gobierno socialista al poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, planteó el establecimiento de un nuevo complemento salarial con cargo a los fondos adicionales previstos en el acuerdo de 2018 para retribuir el conocimiento de lenguas cooficiales en los puestos de atención al público. El complemento se planteó, pero no se ha desarrollado posteriormente.
Consolidación de empleos temporales a los tres años
El tema de las lenguas cooficiales no es el único cambio en el Estatuto Básico del Empleado Público que sindicato CSIF planteó a la nueva ministra de Función Pública, Carolina Darias. El sindicato ha planteado también el establecimiento de la obligación legal de consolidar los puestos de trabajo que sean ocupados durante más de tres años con temporales, de modo que esta circunstancia obligue a convocar la plaza por la vía del concurso de oposición.
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