Seguramente, las pensiones y su reforma sea uno de los temas más sensibles y de alto interés, tanto para los trabajadores como para los jubilados. Cualquier atisbo de cambio genera incertidumbre, más ahora que se prevé la introducción de novedades con la segunda reforma que está negociando José Luis Escrivá en la mesa de diálogo social, junto a los sindicatos de clase (UGT y CCOO) y la CEOE. El Consejo de Ministros aprobó a finales de 2021 la primera reforma del sistema de pensiones, que recuperó el IPC anual como índice de revalorización.
Para sorpresa de muchos, la actualización afectó por primera vez a los pensionistas de Clases Pasivas y a los del Régimen General de la Seguridad Social simultáneamente. Partiendo de ese punto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que haga lo propio e incluya a todos los funcionarios en esta segunda e inminente reforma.
La reforma emprendida por el Gobierno hace dos años tenía el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones sin perjudicar el poder adquisitivo de los futuros jubilados: "el primer paso para una modernización del sistema que dé tranquilidad a los pensionistas de hoy y de mañana". Para ello, se flexibilizaron los coeficientes reductores de jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, y se ha retrasado la edad ordinaria de jubilación (de acuerdo con lo establecido en la Ley 23/2013). También se introdujeron fórmulas como un 4% adicional para incentivar la jubilación demorada y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una nueva retención que se carga en la nómina los trabajadores por el 0,6% del sueldo, entre otras.
Sin embargo, los pensionistas incluidos en el Régimen de Clases Pasivas sí que mantuvieron sus condiciones de prejubilación, así como el resto de requisitos. Ahora, al igual que el resto de trabajadores, buscan optimizar sus condiciones de acceso, retribución y garantías. Así, hace escasos 10 días el CSIF le trasladó al Ejecutivo una serie de propuestas como son la incorporación a las medidas para paliar la brecha de género en las pensiones o un incentivo para prorrogar de manera voluntaria la vida laboral con el fin de poder participar del diálogo social junto al resto de asociaciones.
Funcionarios incluidos en el Régimen de Clases Pasivas
Más de 600.000 personas en España, básicamente funcionarios civiles de carrera de la Administración del Estado, de la Justicia, de las Cortes Generales, así como de otros órganos constitucionales, autonómicos y estatales, forman parte del Régimen de Clases Pasivas. Asimismo, entran en este grupo personal militar de carrera y de empleo, políticos, exministros y expresidentes. Se trata de un colectivo en extinción, ya que ningún funcionario se puede vincular a él desde el 1 de enero de 2011.
Para este grupo, la jubilación o retiro forzoso se declara de oficio a los 65 años, a excepción de profesores universitarios, magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales y registradores de la propiedad, para los que la a edad de jubilación forzosa se prolonga hasta los 70. Lo anterior contrasta con la edad legal de jubilación ordinaria de los funcionarios (y del resto de trabajadores) sujetos al Régimen General de la Seguridad Social, que se está incrementando desde 2013 hasta alcanzar los 67 años en 2027. No obstante, las pensiones del Régimen de Clases Pasivas se revalorizan según el mismo porcentaje que el resto de pensiones públicas de la Seguridad Social, de conformidad con el Real Decreto 65/2022.
Sumarse al complemento para reducir la brecha de género
El complemento para achicar brecha de género, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primero y hasta un máximo de cuatro y que se suma a la pensión para corregir la diferencia entre las pensiones medias que reciben los hombres y las mujeres. Se trata de un plus del cual el Gobierno ha excluido a las pensiones voluntarias del Régimen de Clases Pasivas. Este complemento busca limar un posible perjuicio en la carrera profesional en los periodos posteriores a tener un hijo/a, sufrido de forma mayoritaria por las mujeres, y es una de las principales causas de la existencia de la brecha de género en la cuantía de la pensión.
El complemento busca limar los perjuicios en la carrera profesional de las mujeres tras tener un hijo
Desde el CSIF ya denunciaron el cambio de criterio del Ministerio (que en un principio sí que contemplaba su inclusión) y advirtieron que también se dejaban fuera las jubilaciones parciales del Régimen General. Desde el Ejecutivo sostiene que esta exclusión a efectos del complemento no supone dar al colectivo un trato discriminatorio dado que el Régimen de Clases Pasivas en este supuesto es "más favorable" que el establecido para las jubilaciones anticipadas voluntarias para las mujeres del Régimen General.
Incentivar la prórroga de la vida laboral
Por otra parte, CSIF defiende incrementar "los haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y establecer un incentivo del 5% anual acumulable para aquellas personas que decidan de manera voluntaria prorrogar su vida laboral" más allá de la jubilación voluntaria. Una cuestión que tiene previsto tratarse en la próxima negociación del anteproyecto de Ley de Función Pública para la Administración General del Estado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios