En 2013 se establecieron por ley unos plazos máximos de pago en las operaciones comerciales de 60 días en el caso de la empresa privada y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas. Estos plazos comienzan a contar a partir de la entrega de los productos o prestación de los servicios.
Con anterioridad, en el caso de la empresa privada y por tanto de los autónomos, se debía pagar a los proveedores en un plazo de 85 días como máximo en 2010 y 2011; de 75 días en 2012 y, finalmente, de 60 días desde 2013. En cuanto a la Administración Pública, en 2011 el plazo máximo era de 50 días; en 2012, de 40 y, desde 2013, de 30 días.
Aunque con unas modificaciones introducidas también en 2013 respecto a una serie de medidas de apoyo al emprendedor, el plazo de pago será de 30 días si no se hubiera pactado un plazo más amplio en contrato, en cuyo caso el límite será de 60 días.
Todos aquellos contratos suscritos entre contratistas y subcontratistas cuyo pago supere los 60 días se considerarán nulos de pleno derecho si se interpone una denuncia ante el Tribunal correspondiente. Aunque existe una excepción para que puedan superarse estos 60 días: es necesario que haya una conformidad por escrito en los contratos pactándose previamente por las dos partes la superación del plazo establecido.
La Ley también contempla la posibilidad de reclamar intereses de demora e indemnizaciones por los costes de cobro a los que se tuviera que hacer frente. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos no se solicitan por temor a que el cobro se retrase todavía más.
Con estos plazos, se pretende prevenir situaciones de impagos y morosos, un problema que a pesar de estar regulado por la Ley de Morosidad se encuentra entre las principales causas de cierres de negocios en España.
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