Pensiones en la picota... La migración y la despoblación juegan contra el sistema

Las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, para hacer sostenible el sistema de pensiones de reparto español sin que los jubilados pierdan derechos y prestaciones, han sido cuestionadas por diferentes organismos nacionales e internacionales, que las consideran insuficientes para cumplir los objetivos marcados. Pese a que solo está en marcha la primera pata de la reforma, la menos conflictiva, y quedan por impulsar los cambios más profundos -entre otros el fondo público de empleo y el Factor de Equidad Intergeneracional-, las críticas llegan desde el Banco de España, la Comisión Europea, que aboga por el elevar el periodo de cálculo más allá de los 25 años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, recientemente, aunque no es la primera vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Todos estos organismos coinciden en que se debe hacer más para que los 'babybomers' puedan cobrar sus pensiones y que el escenario macroeconómico no ayuda a este objetivo. La primera fase de la reforma de las pensiones ha priorizado la aceptación social y la suficiencia del sistema, algo evidente y que ratifica el FMI, pero la preocupación por la sostenibilidad sigue existiendo en ausencia de otras medidas adicionales. Las proyecciones hasta 2050 para garantizar las prestaciones incluyen múltiples factores -laborales, demográficos, económicos...- que deben converger, pero cualquier contratiempo hará peligrar el acceso a las pensiones ganadas tras décadas de trabajo u obligará a realizar aportaciones más generosas. La ecuación solo cuadra con más ingresos y menos gastos.

Partiendo de los múltiples indicadores y coyunturas que deben confluir, y teniendo en cuenta que se han dejado de lado el Factor de Sostenibilidad del Partido Popular y el aumento del cómputo de años para obtener la prestación, dos medidas que hubieran reducido notablemente el gasto, solo queda confiar en importantes aumentos de productividad, en la recuperación de la tasa de natalidad -1,5 hijos por mujer-, en un incremento más lento de la esperanza de vida -86,8 años en 2050- y, sobre todo, del empleo, con hasta una decena de provincias, la mayoría en la 'España vacía', con menos de 1,5 afiliados por pensionista, y de los flujos migratorios. Los cotizantes son la clave para garantizar el sistema, pero ante un envejecimiento de la población, la población potencialmente activa no es suficiente. Por eso, además de medidas que fomenten la natalidad, que tendrán resultado a medio y largo plazo, la entrada de nuevos trabajadores, vía inmigración, es determinante. Sin embargo, los datos no ayudan al optimismo.           

La Covid ha obligado a rehacer las proyecciones con nuevos escenarios de riesgo, en los que se plantean menos ocupados y menos inmigrantes

El modelo diseñado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para calcular el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social en 2050, apunta que este gasto se situará en esa fecha en el 14,2% del PIB, 3,3 puntos más que en la actualidad, fundamentalmente por el envejecimiento de la población y del aumento de la cuantía de las media de las pensiones, que más que se duplica en 2050, hasta rondar los 2.000 euros. ¿Pero qué puede fallar? La AIReF señala tres escenarios de riesgo, de los muchos que podrían materializarse, que dispararían el gasto en pensiones con respecto al PIB y reconoce que hay un elevado grado de incertidumbre en torno a determinadas previsiones demográficas y macroeconómicas, algunas generadas por la pandemia.

Apunta el organismo que la reducción a la mitad de los flujos migratorios netos anuales haría que el gasto en prestaciones aumentase en 1,9 puntos más de lo previsto en 2050 y que la tasa de cobertura -pensión media de jubilación con respecto al último salario medio- bajase del 53,3% al 53,1%. La pandemia y las restricciones a la movilidad a causa de la Covid han frenado de forma considerable la entrada de migrantes extranjeros -la menor desde 2016-, al tiempo que ha reducido la esperanza de vida. En España hay 2,26 millones de extranjeros, el 80% con una autorización permanente para residir y trabajar. Sin embargo, tras la entrada masiva de inmigrantes a mediados de los 2000, que se frenó radicalmente durante la crisis, el perfil de estos trabajadores ha ido cambiado. Algunos ya se han jubilado o están a punto de hacerlo y buena parte de las nuevas entradas -en torno al 25%- tienen que ver con reagrupaciones de hijos y personas mayores que requieren cuidados y prestaciones.

Junto a esto, el número de ocupados extranjeros ha aumentado en 20 años en 1,4 millones, pasando de un millón en 2002 a los 2,4 millones actuales, según el INE, lo que supone de media 70.000 cada año. Mientras, en 2020 se registró un saldo migratorio positivo de 216.000 personas, que son 236.000 menos que en 2019 y 120.000 menos que en 2018. Por último, el número de afiliados extranjeros, que se sitúa en 2,24 millones, experimentó una caída el pasado enero de casi 30.000 personas. Los flujos de inmigrantes sin duda seguirán produciéndose, ajustándose su número al bienestar económico, pero las nacionalidades cambiarán y suramericanos, magrebíes y centroamericanos perderán protagonismo, a favor de nigerianos y angoleños. 

En las dos próximas décadas las entradas de migrantes suramericanos y magrebíes perderán protagonismo y llegarán los flujos importantes de Nigeria y Angola

Además de un segundo riesgo que puede suponer un mayor impacto de la pandemia y las restricciones en la economía, la AIReF señala que un menor dinamismo del mercado laboral, tanto en términos de desempleo como de actividad, implicaría un aumento del gasto en pensiones de 1,2 puntos hasta el 15,4% del PIB en 2050 y un incremento de la tasa de cobertura hasta el 54,6%. Junto a esto, será necesario implementar una profunda reforma del mercado laboral, que de no hacerse dificultaría en gran medida los objetivos. Mientras, será necesario incrementar el número de cotizantes, que se van perdiendo en las provincias de la 'España vacía', en las que la población dependiente y jubilada es especialmente alta. 

Solo cinco comunidades -Madrid, Murcia, Canarias, Baleares y Navarra-, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, superaron de manera amplia el ratio de dos afiliados por pensionista. Madrid presentó el mejor indicador con 2,7 trabajadores por cada pensionista. En la parte baja de la tabla se sitúan Asturias -1,18-, Galicia -1,29- , Castilla y León -1,46- y Cantabria -1,49-. En las tres primeras comunidades la población con más de 65 años supera el 25% y en Cantabria, el 21%, un envejecimiento muy importante que juega en contra del mantenimiento del régimen de pensiones. La situación es especialmente crítica en Ourense y Lugo; en cinco castellanas y leonesas -Ávila, Salamanca, León, Zamora y Palencia-; y en Asturias.