La Habana, 24 ene.- El Gobierno de Cuba emitió un decreto ley que actualiza y fija sus normas para la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas y el movimiento de capitales ilícitos, según publica hoy la Gaceta Oficial de la isla.
La normativa, firmada en diciembre pasado por el presidente cubano, Raúl Castro, regirá sobre instituciones financieras, oficinas de representación, incluidas las extranjeras, y otras personas jurídicas y naturales del sector estatal y privado, como abogados, notarios, consultores y contables.
Cuba refiere la necesidad de esta nueva ley ante un escenario de "creciente internacionalización de las relaciones económicas, la ampliación de los sujetos que participan y los desafíos que imponen el uso de las nuevas tecnologías en la tramitación de transacciones financieras".
Además, menciona que "la creación de compañías, asociaciones y otras formas de administración comercial y públicas exigen que se amplíen y armonicen con los estándares aceptados internacionalmente, las estructuras y procedimientos existentes".
Con la medida, la isla busca "crear estructuras" y establecer bases legales para controlar, investigar, prevenir y detectar cualquier operación que trate de encubrir esas actividades ilícitas desde su territorio.
El Consejo de Ministros aprobó asimismo la creación de una Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras sujeta al Banco Central de Cuba (BCC), que regirá todas las operaciones contra esas actividades.
En junio pasado ya el BCC había adelantado su nueva política contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el movimiento de capitales ilícitos, aplicable a todas las oficinas y sucursales financieras radicadas en la isla.
La lucha contra la corrupción se ha convertido en una de las banderas del Gobierno de Raúl Castro, que ha emprendido una batalla para combatir esos delitos tanto en empresas estatales como mixtas (con participación extranjera).
En los últimos años los tribunales del país han procesado a varios funcionarios cubanos y extranjeros por diversos delitos económicos.
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