La cúpula económica del Gobierno no comparte las críticas vertidas por el ministro de Seguridad Social contra el Banco de España. José Luis Escrivá aseguró la semana pasada que el análisis que ha hecho el supervisor sobre la reforma que indexa las pensiones al IPC adolece de "falta de sofisticación". Una consideración excesiva a ojos de la vicepresidenta Nadia Calviño y del resto del equipo económico del Ejecutivo, así como de Moncloa, donde no acostumbran a referirse en esos términos a los estudios de una entidad independiente como es el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos. El gobernador, por cierto, comparece este mismo jueves en el Congreso de los Diputados, donde defenderá su posición y responderá a las críticas.
Tanto Calviño como el resto de responsables del área económica del Gobierno se desmarcan de las polémicas declaraciones de Escrivá. Fuentes gubernamentales aseguran a La Información que no comparten estas críticas y que consideran que tanto el Banco de España como el resto de organismos nacionales e internacionales realizan sus análisis independientes. En el caso de la institución que pilota De Cos, entienden que sus informes entran dentro del "juego político" de "desmontar" o "deconstruir" la política económica del Gobierno, pero restan importancia a sus conclusiones e incluso consideran que Escrivá llegó a excederse en su crítica.
"Economía trabaja de la mano con el Banco de España en multitud de ámbitos y no van a entrar a una crítica tan contundente contra el organismo", insisten estas fuentes. La propia vicepresidenta se pronunciaba en esos términos al ser preguntada en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros por las declaraciones del titular de la Seguridad Social. Calviño evitaba avivar la polémica: "Todos organismos realizan sus propios análisis y tendremos que seguir trabajando juntos, como estamos haciendo con la Comisión Europea, de cara a lograr el objetivo, que es mejorar el funcionamiento del sistema público de pensiones, que es, sin duda, la joya de la corona de nuestro estado de bienestar", afirmaba.
La tibieza de la vicepresidenta económica contrasta con la contundencia con la que se pronunció Escrivá contra el BdE, que en su último informe anual carga contra la indexación de las pensiones al IPC en un momento de elevada inflación y demanda la introducción de mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas. Un análisis al que le falta "sofisticación", según el ministro, que cuestionó los mecanismos automáticos de ajuste porque han demostrado un "fracaso abrumador". "Que me hablen a mí de reglas... En fin", remató quien fuera responsable del cumplimiento de la reglas fiscales como presidente de la Autoridad Fiscal.
Los máximos responsables de la política económica del Gobierno censuran las palabras de Escrivá. Empezando por la propia Calviño, que dejó claro en su comparecencia este martes que la prioridad en estos momentos es trabajar codo con codo tanto con el Banco de España como con las autoridades europeas para avanzar en las reformas que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. Fuentes gubernamentales explican que el momento es extremadamente delicado por las consecuencias que están teniendo distintas turbulencias internacionales sobre la economía española y que la prioridad es rebajar la inflación, por lo que este tipo de declaraciones no favorecen a la gestión del Ejecutivo.
Calviño está en contacto permanente con Bruselas y es consciente de la gran preocupación que existe en la capital belga por la indexación de las pensiones al IPC en el actual contexto de precios disparados. La Comisión ha incorporado esta advertencia en las recomendaciones del Semestre Europeo, donde demanda España medidas adicionales para compensar el exceso de gasto derivado de la revalorización de las nóminas con la inflación en 2023. Y en eso está centrada la vicepresidenta, en convencer a las autoridades europeas de que las reformas del Plan de Recuperación garantizan la sostenibilidad financiera. "No es el momento de desviar el foco, porque están en juego los fondos europeos", insisten las fuentes consultadas.
En el flanco sindical, incluso, empiezan a sospechar que la propia Calviño está maniobrando para que sean las autoridades comunitarias las que exijan un ajuste en las pensiones. Como se reveló en estas páginas, en la UGT aseguran que existe una gran "inquietud" dentro del propio Gobierno por el enorme coste que va a suponer el próximo año la subida de las pensiones con el IPC disparado y creen que es la vicepresidenta primera la que está moviendo hilos en Bruselas para que sea la Comisión Europea la que haga una llamada a la moderación. "Las pensiones se han convertido en un marrón y el ala más ortodoxa del Gobierno está buscando argumentos sólidos para poder justificar una eventual decisión de ajuste de las pensiones ante el socio minoritario de la coalición, ante sus aliados parlamentarios y ante el conjunto de la sociedad", insisten desde la central sindical.
Todos los miembros del Gobierno se están pronunciando al unísono a favor de subir las pensiones con el IPC, porque así se ha aprobado en una ley que cuenta con el acuerdo de los agentes sociales y con un amplio respaldo del Parlamento. Pero otros miembros del área económica han defendido este posicionamiento sin cargar contra el Banco de España o la Comisión Europea. Es el caso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ambas, como Calviño, han defendido públicamente la indexación, pero en ningún caso han arremetido contra los análisis de organismos independientes como Escrivá. "Ese tipo de críticas no favorecen", insisten las fuentes consultadas.
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