Todas las proyecciones macroeconómicas realizadas apuntaban a mediados de este año que la Comunidad de Madrid superaría a Cataluña como motor económico español al final de este ejercicio, algo que se va producir bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso y con la puesta en marcha de un programa liberal a ultranza que vigilarán de cerca Ciudadanos y Vox para que no descarrile. Aunque ese no sea uno de los diez retos que la nueva presidenta se ha marcado en su decálogo del discurso de investidura, seguro que sí será algo a tener en mente a la hora de aprobar un nuevo presupuesto para Madrid, de 20.000 millones de euros, a corto plazo, y negociar la nueva financiación autonómica con el Gobierno central que salga a final de año, más adelante.
La aprobación del Presupuesto con el beneplácito de Ciudadanos y Vox es el primer gran paso que Díaz Ayuso debe dar, con la garantía de que ese dinero va a servir para cumplir las 155 medidas pactadas sin defraudar a los votantes de la extrema derecha. Sobre el papel, el primer paso de esas cuentas madrileñas vendrá dado por una rebaja fiscal a rajatabla del IRPF, y la bonificación cuasi total de los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. Solo en estos tres últimos conceptos, la recaudación se va a resentir en cerca de 1.200 millones de euros, más lo que suponga una reducción de hasta el 5,5% (según los casos) del Impuesto sobre la Renta.
Ese ahorro fiscal busca alimentar lo que desde el PP siempre se ha llamado el círculo virtuoso de la economía, cuyo máximo exponente ha sido el exministro Cristóbal Montoro: liberar rentas para generar inversión, empleo y consumo, y elevar así la recaudación al tiempo que se reduce el paro. Ese cóctel funcionará bien en Madrid, si tenemos en cuenta que el mejor caldo de cultivo para ello es una economía basada en el sector de los servicios a las empresas y la Construcción.
En ese escenario es donde entran en juego los otros dos grandes retos para la legislatura de Díaz Ayuso y sus socios, más cercanos ahora que nunca de conseguir: la culminación de la Operación Chamartín y una nueva Ley del Suelo que libre de trabas a los promotores y genere metros cuadrados para poner ladrillos. La nueva presidenta ya avanzó en su investidura que cuenta con Distrito Castellana Norte, tras 26 años a la espera de ver la luz, para abrir un negocio de más de 20.000 millones de inversión y 250.000 empleos. Curiosamente, ahora solo falta la firma de la nueva presidenta para que las máquinas se pongan en marcha.
Más complicado lo va a tener para aprobar una nueva ley integral del suelo que acabe de una vez por todas con el maremágnum que sufre la norma actual, que data del año 2001 y cuyas continuas reformas y parches han generado numerosos conflictos y contradicciones. El nuevo entendimiento entre PP y Cs augura que la nueva ley verá la luz, aunque solo sea para liberar parcelas en las que construir y apuntalar un sector inmobiliario del que depende en gran medida que Madrid siga siendo líder en la mayor parte de los indicadores económicos del país.
El gran escollo que se va a encontrar el nuevo Ejecutivo madrileño en materia de vivienda, más allá de su propio entendimiento entre tres fuerzas políticas, es el freno a la subida de los alquileres. La especulación en el centro de la capital ha elevado más de un 56% el precio de una simple habitación y ha generado zonas imposibles para vivir para una clase media de suelos medios y bajos. Según los últimos datos de portales especializados y sectoriales, un trabajador con un sueldo medio de 1.300 euros netos al mes debe utilizar cuando menos el 40% de esa renta para alquilar un estudio de 40 metros cuadrados en el centro, gastos aparte. Y ese nivel no deja de subir. Ayuso ha planteado, dentro de su impulso a la construcción, crear grandes promociones para que haya 25.000 viviendas para alquilar a precios baratos en la capital, algo que solo será posible si se construyen en el extrarradio o el cinturón suroeste de la ciudad.
Como es lógico en un planteamiento liberal como el del PP y Cs, la economía planea sobre todos los retos que Díaz Ayuso se ha marcado para su nuevo Gobierno. Aparte del apoyo a emprendedores, artistas y deportistas, el otro gran vector que va a dirigir la política regional van a ser los transportes y las infraestructuras. La Operación Chamartín aglutina buena parte de ello, solo en equipamiento ferroviario, pero cuestiones como la renovación del Metro de Madrid o la descongestión de las autovías de entrada con nuevos carriles y soluciones alternativas, son otro de los grandes agujeros negros a cubrir. Todo con el añadido de que las nuevas normas medioambientales obligan desde Europa y no permiten saltarse proyectos ‘verdes’ como el de Madrid Central (aunque dependa del Ayuntamiento).
En esa área, más allá de los ingentes fondos necesarios para invertir, la clave está en tener controlada la deuda de la comunidad en niveles que no superen el 15% de su PIB (en el entorno de los 35.000 millones) y en ponerse de acuerdo con Fomento para no chocar en regulaciones y disputas competenciales, que solo perjudican al ciudadano. En ese contexto, el mayor problema que la puede surgir a Díaz Ayuso es el reciente anuncio de Cs de poner al expresidente de la Comunidad y enemigo personal, Ángel Garrido, suyo al frente de esa área, que depende de la formación morada. El malestar en el PP está servido antes de empezar y a Garrido le va a tocar lidiar con problemas como el amianto del Metro de Madrid, los carriles bus, los atascos, la puntualidad de unas Cercanías que no controla y, por si no era suficiente, la guerra del taxi, donde ya si hizo famoso como presidente por ser inflexible ante las protestas. Son áreas de alto impacto en la opinión pública que, es seguro, van a estar manejadas por Ciudadanos, más a la hora de las medallas que de la derrotas.
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