El pasado 15 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocaba elecciones generales -las terceras en apenas cuatro años- para el domingo 28 de abril. Lo hacía ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos y sin margen, tras perder el apoyo de los independentistas, para poder gobernar. La decisión, basada en un porcentaje alto en la rentabilidad electoral, dejaba fuera la opción de que se celebrasen junto a los comicios europeos, autonómicos y locales que tendrán lugar un mes después, el 26 de mayo.
La pirueta política de Sánchez echaba por tierra la alternativa más oportuna para dar un respiro a las arcas públicas: la convocatoria conjunta de cuatro citas electorales, que hubiera supuesto un ahorro muy importante, evitando duplicar gastos como el alquiler de centro de datos; el pago de los integrantes de las mesas electorales, que recibirán unos 62 euros por persona; de una buena parte de la propaganda y la publicidad; y el coste del despliegue policial con el que se debe garantizar la total seguridad de las elecciones.
El actual escenario electoral ha generado que en los últimos meses se hayan resuelto decenas de contratos públicos en todas las administraciones y -de cuantía muy diversa- para desarrollar diferentes labores y servicios durante el 28-A y el 26-M. Pese a todo y a solo un mes de los 'repentinos' comicios generales y a dos de la triple cita electoral -es la primera vez que coinciden municipales, autonómicas y europeas en el mismo día- todavía queda una buena parte de expedientes por adjudicar, fundamentalmente los relativos al suministro de actas y de las listas de votantes en los comicios locales.
Numerosas empresas especializadas, de todos los tamaños, se harán con una parte del pastel que supone la múltiple convocatoria electoral. Mientras algunas, como Correo o Indra, son recurrentes en estas convocatorias, un buen número de pequeñas compañías harán su agosto en plena primavera. Los contratos más jugosos, además del que de forma habitual se adjudica Correos para gestión del voto por correo y buzoneo o propaganda electoral, que en los anteriores comicios generales rondó los 48 millones, son los de escrutinio.
En estos comicios múltiples, dos empresas tecnológicas, las mejor preparadas, se han 'repartido' prácticamente a partes iguales los recuentos electorales. Mientras que Indra se hará cargo del de las generales, por lo que recibirá 6,1 millones de euros (sin IVA), Scytil hará lo propio con las locales y europeas. La tecnológica catalana logró arrebatar a su competidora el contrato ofreciendo 8,8 millones de euros, frente a los 10,8 millones que ofertó la empresa presidida por Fernando Abril Martorell. Las adjudicaciones para los escrutinios de los 13 comicios autonómicos que se celebrarán en abril y mayo también han sido divididas de forma casi proporcional entre las dos compañías.
Don Hierro, una pequeña empresa valenciana con apenas 34 trabajadores, ha sido la encargada por el Ministerio del Interior del suministro y distribución de cabinas electorales y soportes señalizadores para las elecciones generales, locales y europeas. En total, este sociedad, dedicada a la fabricación de muebles, se embolsará más de un millón de euros por los dos contratos logrados a principio de año. La compañía, que nació en 1986, es una habitual en las licitaciones de cara a los comicios, y lleva años ganando este tipo de contratos.
Mientras, Gráficas Tartessos, una empresa sevillana de solo seis empleados y que es beneficiaria habitual de contratos de distintas administraciones y organismos públicos andaluces, se hará cargo del suministro de los kits de oficina para los miembros de mesa con motivos de las elecciones generales. La adjudicación, que tuvo lugar hace apenas dos semanas, contempla 150.000 euros por los trabajos. Por su parte, otra pequeña empresa madrileña, Formularios del Centro (Forcesa), dedicada a la impresión y con 37 empleados, suministrará los manuales e impresos electorales a los miembros de las mesas de las generales y las locales por más de 700.000 euros.
Otro de los premios gordos de los comicios se los llevará Tompla, una microempresa radicada en Alcalá de Henares (Madrid), con apenas 20 trabajadores en plantilla, que ha ganado contratos que suman más de dos millones de euros para suministrar los sobres y papeletas de las elecciones generales, locales y europeas y las autonómicas de Cantabria, Canarias y Comunidad Valenciana.
Más fondos para los comicios
El Gobierno aprobó a principio de mes una dotación de 175 millones de euros, con cargo al Fondo de Contingencia, para financiar la celebración de las elecciones generales del próximo 28 de abril. La partida servirá para afrontar todos los gastos generados el mismo día de los comicios y la subvención de los gastos de los partidos políticos a lo largo de la campaña. El primero cubrirá las dietas y gratificaciones que corresponderán a los miembros de la Junta Electoral Central, además de los vocales y presidentes de mesa que sean seleccionados para ese día, que recibirán 62 euros para cubrir los gastos del día.
Los 38 millones de euros restantes del Fondo de Contingencia para el coste de los comicios irán destinados a la subvención de los gastos electorales de los partidos políticos. Es decir, la financiación de las campañas electorales que hagan las formaciones que se presenten a las elecciones del 28-A y que se suman a los 240 millones aprobados hace dos semanas destinados a las elecciones europeas y locales del 26-M. Esto supone que en un plazo de un mes el coste de la financiación de las distintas convocatorias se haya elevado hasta los 413 millones de euros.
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