Ocho horas. Es el tiempo que pasó desde que el consejo de ministros acordó, por unanimidad, el cierre de toda actividad económica no considerada esencial hasta que envío el Real Decreto-ley a los técnicos del Boletín Oficial del Estado (BOE). La publicación de la norma que regula el permiso retribuido para los trabajadores que debían dejar de acudir a sus puestos de trabajo desde el mismo lunes no se produjo hasta pasadas las once y media de la noche del domingo, horas intempestivas que obligaron al Gobierno a incluir una moratoria de un día para dar más tiempo a las empresas que debían parar en seco. ¿Qué pasó en esas ocho horas? Diferentes fuentes del Gobierno y empresariales reconstruyen cómo fue esa tarde-noche dominical en el equipo de Presidencia.
Sánchez convocó el consejo de ministros con la decisión tomada. Los titulares de Unidas Podemos se mostraron a favor, ya que es una medida que venían defendiendo desde días antes. Pero luego había que afinar el detalle. ¿Qué actividades son servicio esencial? Moncloa trabajaba con varios borradores aportados esencialmente por el Ministerio de Industria. En esta decisión la Vicepresidencia económica ha quedado al margen. Así, cuando el cónclave gubernamental finalizó, entraron en juego los servicios jurídicos de Presidencia, con Félix Bolaños al frente. Su misión: bajar al detalle legal el decreto.
Las fuentes consultadas aseguran que fue un intenso trabajo que comenzó a primera hora de la tarde y finalizó sobre las 22 horas. "¿Qué paramos y qué no?" Ese fue el centro del debate. Hubo varias ediciones de decreto. Por ejemplo, cuando los técnicos reflejaban que una actividad era considerada servicio esencial tuvieron que estudiar en tiempo récord las implicaciones que ello tenía. Explican que lo normal es que un decreto conlleve un trabajo previo, con un anteproyecto o un estudio que puede llevar meses. Pero la norma de parón de la actividad económica no contaba con informes en profundidad de las consecuencias de la norma. Reconocen, por tanto, cierta precipitación. Pero con esas condiciones tuvieron que trabajar sin parar.
Hubo cambios, bastantes, entre el documento que salió del consejo de ministros y el que finalmente se publicó en el BOE al filo de la medianoche. Así, en el listado final de actividades que quedaron excluidas de la norma por considerarse esenciales figura un catálogo de 25. Sin embargo, en el borrador inicial llegaron a aparecer hasta 40. La diferencia entre uno y otro no se debe tanto a la supresión de actividades como a que el documento, tal y como indican fuentes jurídicas, estaba repleto de "lagunas" y duplicidades que podían generar inseguridad jurídica. Hubo que sortear, con precisión de cirujano, todas estas "minas".
La principal novedad del decreto final fue que entraban en el permiso remunerado las empleadas del hogar, que dejaban de ser consideradas esenciales. También algunas actividades industriales como la aeroespacial o defensa. En cambio, pasaban a considerarse básicos los servicios veterinarios.
De industrias a trabajadores para acotar aún más las empresas
El Ministerio de Trabajo también tuvo que trabajar a deshoras en esa tarde-noche de domingo larga, muy larga. De hecho, las fuentes consultadas aseguran que el primer borrador de decreto partió del departamento que dirige Yolanda Díaz al tratarse de una materia relacionada con su cometido. La gallega fue la encargada de exponer las particularidades del permiso retribuido recuperable durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del domingo, aunque la decisión fue anunciada por el presidente del Gobierno un día antes, el sábado. Entonces ya circulaba entre ministerios una orden ministerial con medio centenar de actividades esenciales.
Sin embargo, esa orden primigenia no correspondía al Ministerio de Trabajo, sino al de Industria, y venía firmada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Es decir, al margen del real decreto ley que se aprobaría finalmente el domingo para su entrada en vigor a partir de este lunes, el Gobierno ya venía trabajando desde el inicio del fin de semana con un listado de industrias que seguirían funcionando tras la paralización de la economía. Se incluían por ejemplo las compañías vinculadas con la alimentación (agricultura, pesca, ganadería y otras ramas del sector primario), con la producción textil precisa para suministrar equipos de protección al personal sanitario y las que fabrican productos químicos farmacéuticos o equipos de suministro médico o terapéutico.
Fuentes empresariales que manejaron estos borradores iniciales durante el fin de semana matizan que en la orden que partió de Industria, que no ha llegado a hacerse oficial, se contemplaba un listado de las compañías que podrían operar por considerarse esenciales sus actividades, identificadas con el código CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). Sin embargo, el real decreto ley finalmente aprobado se refiere a los trabajadores y trabajadoras que prestan su trabajo "en esas actividades". Y es un matiz importante porque acota aún más la actividad laboral. Es decir, se pasó de hablar de industrias a concretar trabajadores para reducir las empresas que podían seguir operando.
Las fuentes consultadas conocedoras de las conversaciones que se produjeron en el seno del Gobierno en las horas posteriores al consejo de ministros, en las que se introdujeron todos estos matices, explican la importancia que tienen estos detalles en términos políticos. "La diferencia entre la orden ministerial de Industria y el decreto de Trabajo refleja las diferencias existentes entre los socios del Gobierno", aseguran, y desarrollan esta idea: "Con la norma aprobada finalmente Unidas Podemos ha logrado cerrar al máximo la actividad y empoderar a los sindicatos, mientras el PSOE buscaba el equilibrio entre garantizar la salud de la población y preservar más tejido productivo para la recuperación".
Alguna "laguna" que se va a solucionar
A pesar del cuidado máximo que puso Presidencia del Gobierno en el decreto final, el texto publicado en el BOE contenía algunas "lagunas" que se van a tratar de solucionar. Por ejemplo, se dejó fuera de las actividades esenciales a los trabajadores de los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación. También fueron excluidos los de atención a víctimas de violencia de género. El consejo de este martes lo remendará.
El decreto final, por cierto, también contenía una errata, pese a que fue revisado una y otra vez durante toda la tarde-noche: "Adaptaciones que en su caos puedan adoptarse", cuando debía decir caso.
Todas estas circunstancias hicieron retrasar un decreto que tuvo en vilo a muchos españoles que no sabían si al día siguiente tenían que ir a trabajar. Pero en el Gobierno dicen estar satisfechos con una medida sin precedentes y que ha contado con la especial oposición de los empresarios.
Fuentes gubernamentales insisten en reconocer el trabajo de los servicios jurídicos de Moncloa liderados por Bolaños y recuerdan que es el segundo decreto en el que se han tenido que emplear al máximo. Rememoran el texto del estado de alarma, un documento en el que, pese a la división que hubo en el Gobierno ese sábado 14 de marzo, Presidencia tuvo que echar horas extra para poder sacar adelante un texto también histórico. Alguna fuente también destaca que la ausencia de Carmen Calvo, que suele preparar estos asuntos jurídicos para el consejo de ministros, se está notando durante estos días de infarto.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios