De la serna afirma que los ayuntamientos cumplirán con el déficit cero


El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, afirmó este viernes en Palma de Mallorca su convencimiento de que los ayuntamientos cumplirán con el objetivo de déficit cero fijado por el Gobierno para la Administración Local en los años 2013, 2014 y 2015.
Así lo indicó tras participar en la Asamblea General de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares, (Felib), celebrada en la sede del Parlamento balear, donde insistió en el buen comportamiento de los municipios en materia económica, y recordó que ya en 2012 el objetivo de déficit conseguido fue del 0,15%, la mitad del 0,30 previsto para ese ejercicio. Aseguró asimismo que, en materia de deuda, más de 3.000 municipios españoles cerraron sin deuda el pasado año, y que más de 4.000 tuvieron superávit en sus cuentas.
El presidente de la FEMP explicó a los alcaldes de las islas el estado en el que se encuentra el proceso de negociación del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, e insistió en la voluntad de la FEMP de incorporar al texto que llegue al Consejo de Ministros puntos específicos aún pendientes.
Se trata de cuatro asuntos ya prácticamente cerrados pero todavía no incorporados al texto, que el presidente de la FEMP ya anunció el pasado mayo: la asignación a las CCAA de las competencias en materia de educación y del coste que conlleven tan pronto se haya acordado la financiación autonómica; la eliminación de los supuestos que prevén la posibilidad de intervención de los municipios; la participación de la FEMP en la determinación del llamado “coste estándar”; y, finalmente, limitar a los interventores su capacidad para entrar en cuestiones de oportunidad.
También dijo que será posible destinar a inversiones, y no sólo a amortización de deuda pendiente, los superávit alcanzados por los municipios en el ejercicio anterior. Asimismo, se refirió al futuro plan de pago a proveedores en el que los ayuntamientos pasarán a ser considerados como “proveedores de las comunidades autónomas”, lo que abre una vía para el cobro de deudas pendientes por parte de los consistorios.

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