30.844 plazas públicas

De opositor a funcionario: siete claves de la oferta pública de empleo de la década

¿Cuáles son los perfiles de funcionarios que reclama la Administración? ¿Cuáles son los objetivos de la OPE 2018? ¿Satisface a todos?

Fotografía Batet
El Gobierno oferta 23.156 plazas de funcionario, que se unen a las 7.000 de abril. /Efe

El Gobierno aprobó el pasado viernes las mayor oferta de empleo público en una década, gracias a la desaparición de la tasa de reposición, una decisión pactada entre el anterior Ejecutivo y los sindicatos que ponían fin al freno a la creación de empleo neto en la Administración.

La convocatoria aprobada supone 23.156 nuevas plazas, que se suman a otras aprobadas en abril para docentes y Fuerzas de Seguridad. En total, 30.844. Son muchos los opositores que llevan años pendientes de nuevas convocatorias y la nueva oferta abre un puerta (grande) para entrar en la Administración. ¿Pero cuáles son las claves de esta megaoferta?

¿Cuántos empleos se ofertan en la nueva convocatoria?

Serán 23.156 plazas, 17.299 son de nuevo ingreso y promoción interna (11.095 de nuevo ingreso y 6.024 de promoción interna); 323 pertenecen a una oferta extraordinaria para atención a asilados y refugiados, y 5.534 plazas corresponden a procesos de estabilización en la Administración General del Estado y en Justicia.

¿Se crea empleo neto en la Administración por primera vez?

Según ha destacado el sindicato UGT, la plantilla de la Administración General del Estado ha sufrido un descenso neto del 15% de sus efectivos durante los últimos años y, como consecuencia de la falta de reposición, ha sufrido un envejecimiento que hace que dos de cada tres trabajadores supere los 50 años.

Con la nueva convocatoria,  se crea empleo neto -1.909 plazas- por primera vez desde antes de la crisis. "Es la mayor creación de empleo desde 2008", ha destacado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.

¿Cuáles son las prioridades en la nueva convocatoria?

Además de atención a asilados y refugiados, la nueva oferta se destinará a sectores prioritarios, como Seguridad Social y lucha contra el fraude, el refuerzo de la atención al ciudadano en servicios públicos, la gestión de prestaciones por desempleo, seguridad y emergencias e Instituciones Penitenciarias, entre otras áreas.

¿Cómo se desglosan las plazas?

Dentro de las 11.095 plazas de nuevo ingreso en turno libre aprobadas hoy, 8.289 se asignan a personal funcionario, 1.892 a personal laboral y 914 a la Administración de Justicia. En el caso de las 6.024 plazas de promoción interna que forman parte de la oferta, 5.277 serán para personal funcionario, 700 para personal laboral y 227 para la Administración de Justicia.

Por su parte, de las 5.534 plazas de estabilización de personal temporal, 2.862 plazas corresponden a la Administración General del Estado (todavía no ejecutadas) y 2.672 a la Administración de Justicia. En los próximos seis meses, el Gobierno aprobará otro Real Decreto para la estabilización de empleo temporal de la AGE derivada de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

¿Cuántos empleados ha perdido realmente la Administración?

Desde enero de 2008 y hasta julio de 2017 -último dato disponible- el número de funcionarios ha descendido en más de 100.000. A comienzos de 2008 había en las administraciones 2.484.997 empleados públicos, mientras que a mediados del pasado años su número apenas alcanzaba los 2.384.154, según los datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

En esta caída, que ha tenido especial incidencia en los ayuntamientos y en la Administración General del Estado (AGE), ha tenido mucho que ver la tasa de reposición, cuyo porcentaje ha variado en los últimos años.

La tasa de reposición ha sido el principal freno a la entrada de funcionarios, ¿pero que porcentajes se han impuesto durante los últimos años?

En los años 2007 y 2008 se contemplaba una tasa de reposición de los 100% en los sectores y categorías prioritarios o que afectaran al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Pero el porcentaje de reemplazo de la bajas se redujo drásticamente en 2009 hasta el 30%, aunque la limitación no afectaba al personal de Justicia, Educación, Sanidad e Instituciones Penitenciarias. Mientras, en 2010, pasó al 15%, lo que tuvo un efecto muy importante en la oferta de Empleo Público, y en 2011 solo se permitió cubrir diez de cada cien plazas que quedaban vacantes y el 30% en pequeños ayuntamientos y en Educación.

Las drásticas limitaciones continuaron hasta 2015, cuando se empezaba a ver el final del túnel de la crisis y la tasa de reposición se estableció en el 50%, para pasar en 2016 -año electoral- al 100% en sectores prioritarios y en el resto al 50%. Para la oferta de empleo público de 2018 y gracias al acuerdo alcanzado por el Ejecutivo de Rajoy y los sindicatos desaparecen las limitaciones en la reposición de empleados públicos e incluso en algunos casos es mayor al 100%.

Así, aquellas administraciones que hayan cumplido el objetivo de déficit, deuda y regla de gasto tendrán un 100% de tasa de reposición en todos los sectores, más una bolsa del 8% para los sectores en los que consideren necesario un refuerzo adicional. En el caso de las Corporaciones Locales, el refuerzo podrá ser de hasta el 10%. Las administraciones públicas que no hayan cumplido tendrán una tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y del 75% en sectores no prioritarios, más una bolsa adicional del 5% para los sectores que vean necesario reforzar.

En todos los municipios habrá una tasa adicional del 5% si en alguno de los ejercicios del periodo 2013 a 2017 han tenido la obligación legal de prestar un mayor número de servicios públicos por el incremento de su población y bajo determinadas circunstancias. Y en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía autonómica y Policía local la tasa de reposición se eleva al 115%.

¿Satisface el nuevo guiño social del Gobierno a los sindicatos? 

Sin duda, la extraordinaria oferta de empleo público, mucho mayor de la esperada, supone un nuevo guiño social del Gobierno a determinados colectivos y un intento de reconducir y mejorar las relaciones con los poderosos sindicatos. El Ejecutivo quiere mantener contentos a los 2,5 millones de empleados públicos, con nuevo empleo, promoción, incentivos salariales y mejoras laborales.

El sindicato mayoritario en la Función Pública, CSIF ha valorado la oferta aprobada pero ha exigido al Gobierno un esfuerzo adicional para recuperar las 38.800 plazas perdidas en la Administración General del Estado desde 2010, así como la agilización de los procesos selectivos.

Por primera vez, la Oferta de Empleo Público es fruto del acuerdo de cuatro sindicatos, CSIF, CCOO, UGT y CIG.

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