Debate sobre el Estado de la Nación: Un Gobierno acosado por la crisis al que sólo interesa hablar de la crisis

Un Gobierno acosado por la crisis al que sólo interesa hablar de la crisis. Es el resumen que puede hacerse del papel que va a jugar la economía en el Debate sobre el Estado de la Nación que arranca hoy.

Y es que, ante el tsunami de corrupción que ha arrollado a la clase política en las últimas semanas, con Génova y los presuntos pagos en negro a la cabeza, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está especialmente interesado en centrar el Debate en temas económicos.

Éstos tienen varios puntos negros, como el incumplimiento de su programa electoral, los constantes ajustes o las desequilibradas cuentas públicas. Pero también muchos positivos, como el innegable hecho de que el PP ha cargado su primer año de Gobierno de reformas estructurales que prometen haber sentado los cimientos de la recuperación.

Sin olvidar el reciente Consejo Europeo, que España saldó como país receptor neto de fondos, gracias a los 1.000 millones que va a recibir para impulsar el empleo juvenil y a la consolidación del apoyo a los agricultores españoles hasta el año 2020.

Para comprender todo el contenido económico que el Ejecutivo va a intentar insuflar al Debate, aquí tienes un esquema sobre qué ha hecho, qué está haciendo y qué promete llevar a cabo:

¿Qué va a decir que ha hecho?El Ejecutivo se jacta de haber aprobado los dos presupuestos más austeros de la democracia, los correspondientes a los años 2012 y 2013; además de haber sentado las bases para que los desequilibrios que ahora se están combatiendo no vuelvan a repetirse en el futuro, gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fija límites de déficit y endeudamiento para todas las Administraciones Públicas. Sin embargo, esto no evita que, previsiblemente, España vuelva a incumplir los objetivos de déficit y que Europa pueda concederle una nueva prórroga.Frente al palo de esta normativa, está la zanahoria del Fondo de Liquidez Autonómico que puso en marcha el pasado año, y ha continuado éste, por el cual, el Estado presta a las comunidades el dinero que necesitan a cambio de que éstas apliquen los ajustes que les exige el Ejecutivo.En esta misma línea está el Plan de Pago a Proveedores, uno de los planes estrella del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que cifró en un 4% del PIB el impacto de este programa el pasado ejercicio. Sin embargo, este plan no ha evitado que siga habiendo facturas en el cajón, ni que las comunidades sigan adeudando 14.000 millones de euros a sus proveedores.La reforma financiera puede ser un arma de doble filo para el Gobierno. Aunque éste la defenderá como la reestructuración definitiva que debía llevarse a cabo para recuperar la credibilidad, con un ejercicio de transparencia sin precedentes que incluyó dos auditorías independientes de los balances bancarios; la oposición puede acusarle de habernos abocado a un rescate financiero de 40.000 millones, a la creación de un banco malo plagado de unas ayudas públicas que no reciben las familias ni las pymes y a la pérdida de independencia frente a Bruselas.Uno de los puntos fuertes del Debate será la polémica reforma laboral, que a pesar de todas las loas que le da el Ejecutivo, ha sido incapaz de evitar que 2012 se haya saldado con 700.000 parados más. Sin embargo, el Gobierno defenderá el discurso de que, desde su aprobación, el ritmo de destrucción de empleo se ha reducido del 12% al 9%, según los datos de la cartera dirigida por Fátima Báñez. Además, el discurso del Gobierno se centrará en defender que esta reforma ha favorecido la flexibilidad interna, multiplicando los ERTEs frente a la destrucción pura de empleo.

¿Qué tiene en marcha?Desde que comenzó 2013, el Gobierno ha aprobado varias medidas que forman parte de su segundo paquete de medidas reformistas. Entre ellas destaca el Anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado, dirigida a asegurar la libre circulación de bienes y prestación de servicios en todo el territorio nacional. Su principal consecuencia es que acabará con la práctica de que cada administración exija una autorización propia para operar en su territorio. Además, el Gobierno estima que al eliminarse estas trabas se generarán 1.500 millones de euros anuales.Más polémica está siendo la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que agrupará en único organismo a las actuales Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia, Comité de Regulación Ferroviaria, Comisión Nacional del Sector Postal, Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. El Ejecutivo lo defiende como medida de ahorro, pero los críticos argumentan que cercenará la independencia de estos órganos.La reforma de las Administraciones Públicas es una de las medidas estrella que tiene el Gobierno sobre la mesa y va dirigida a reducir al máximo los solapamientos y las duplicidades. Dentro de este reto, el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de reforma de la Administración Local, que deja sin sueldo al 82% de los concejales y limita el sueldo de los alcaldes. Pero sigue teniendo muchos agujeros, como demuestran los hechos de que sólo en dietas y otras prebendas los miembros de los gobiernos municipales podrán seguir cobrando hasta 74.000 euros anuales ni que casi medio centenar de alcaldes podrán ganar más que el mismísimo presidente del Gobierno.La reforma energética será otro punto de debate con claros y oscuros, ya que los ajustes impuestos por el ministro José Manuel Soria han puesto en pie de guerra al sector de las renovables, además de no haber conseguido contener el déficit y la dependendencia energética, como demuestra el crédito de 2.200 millones que ha tenido que aprobar el Gobierno o el incremento en un 13,9% del déficit energético que recoge la balanza comercial.La liberalización del transporte, la reforma de las telecomunicaciones y diferentes medidas que tiene en marcha el Ejecutivo para incidir en la industria, el turismo y la agricultura también coparán parte del debate.

¿Qué mensajes va a querer vender?Aunque una de las principales promesas incumplidas del Ejecutivo ha sido la no revalorización de las pensiones conforme al IPC, éste intentará sacar pecho asegurando que es la única partida que crece y que, además, en 2013 se han incrementado en un 2% las pensiones hasta mil euros, y un 1% el resto.El drama de los desahucios es un filo de navaja sobre el que el Gobierno deberá andar con cuidado, pero eso no va a evitar que éste intente ganarse a la opinión pública sacando pecho de la creación del fondo de alquiler social, la moratoria de dos años antidesahucios y todo el Real Decreto de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios que está tramitando y que quiere tener listo cuanto antes.Dentro de esta estrategia de lucir su lado más solidario, el Gobierno cuenta con la recién aprobada prórroga del Plan Prepara, los famosos 400 euros, que mantendrá hasta que el paro baje del 20%.En el terreno más puramente macreoconómico, Rajoy defenderá como éxito personal el haber cerrado 2012 sin necesidad de haber solicitado la asistencia de Bruselas y del Banco Central Europeo (BCE), algo que el pasado ejercicio se dio prácticamente por hecho y que, ahora, el consenso del mercado prácticamente descarta.En línea con el punto anterior, el Ejecutivo dará el doble de mérito a su política recordando la famosa herencia: los 20.000 millones más de déficit que se encontraron. Además, esto le servirá para intentar justificar que haya incumplido su programa electoral y para afirmar que todas las medidas impopulares aprobadas -subidas de impuestos, recortes sociales, tijeretazo a la inversión pública etc.- son culpa de la herencia socialista y que este Ejecutivo ha conseguido superarlo sin tener que pedir un rescate.Por último, el Gobierno también puede aprovechar este Debate para lanzar alguna nueva medida estrella. Entre las que se dan por hechas está el Plan de Empleo Juvenil, el tantas veces retrasado proyecto de medidas en apoyo de los emprendedores y la también promesa incumplida de que los autonómos no tengan que pagar el IVA hasta que hayan cobrado la factura.