Declaran inconstitucional la ley que liquidó la aerolínea uruguaya Pluna

Montevideo, 8 nov.- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró inconstitucionales varios artículos de la ley de liquidación de la aerolínea uruguaya Pluna en 2012, lo que podría aumentar la deuda del Estado en 300 millones de dólares y llevó hoy a la oposición a pedir la renuncia de dos ministros.

El fallo, resuelto con tres votos contra dos de los ministros de la SCJ, asegura que la ley es "particular y decisoria", incurre en "arbitrariedad", "vulnera todas las garantías del debido proceso" y contiene "una vulneración del principio de separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo".

El texto también critica la "exoneración" impositiva de la que se benefició Pluna, que "no necesitó acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias" en el proceso de venta de inmuebles y aeronaves posterior a su disolución.

Menciona además que el acceso de los trabajadores al beneficio derivado de su despido, concedido a través de un fondo de adelanto de créditos laborales, fue "desigual".

También alude a que la ley vulnera los principios de seguridad recogidos en la Constitución, ya que no pone ningún tipo de condición para aquellos que deseen negociar los permisos de frecuencias de vuelo regulares, y que deberían ser necesariamente quienes tengan las suficientes aptitudes técnicas y económicas.

Los magistrados de la SCJ que se opusieron al fallo, uno de ellos su presidente, Jorge Ruibal, lo hicieron porque entienden que quien presentó la solicitud de declaración de inconstitucionalidad no tiene el interés directo necesario para iniciar el proceso.

El promotor de la demanda fue un exempleado de Pluna, que denunció que en diciembre de 2011 fue despedido "de forma abusiva" por la compañía, y que hasta la fecha "no ha percibido ninguna retribución por egreso (jubilación)".

El 9 de julio de 2012, la compañía aérea Pluna, propiedad del grupo argentino Leadgate en un 75 % y del Gobierno uruguayo en el 25 % restante, se declaró en quiebra.

Una semana después, el Parlamento uruguayo aprobó su liquidación debido a la crítica situación financiera, con una deuda de 300 millones de dólares.

Pluna operaba unos 250 vuelos semanales desde y hacia Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, lo que suponía cerca del 80 por ciento del total de vuelos en Uruguay.

Para paliar parte de la deuda de Pluna y tratar de recobrar la conectividad aérea del país, el Gobierno intentó subastar siete de los aviones de la empresa en una maniobra abortada tras un escándalo en el que estuvo envuelto el presidente de la aerolínea uruguaya BQB, Juan Carlos López Mena, y varios jerarcas del Gobierno.

Mientras, los empleados que fueron despedidos se enfrascaron en la búsqueda de socios para reflotar la compañía o formar una nueva, idea que era defendida por el Gobierno.

A finales de junio de este año, el Ejecutivo uruguayo y los trabajadores acordaron un plan para crear una nueva compañía, financiada por organismos públicos y con ventajas para adquirir los aviones y las rutas que operaba la antigua línea aérea.

La empresa, bautizada como Alas-U, tenía previsto iniciar sus operaciones en octubre o noviembre del presente año.

Según el diario uruguayo El Observador, el abogado de Pluna y redactor de la ley, Ricardo Olivera, dijo el miércoles pasado durante una audiencia pública ante los ministros de la Corte que si caía la ley la deuda del Estado aumentaría en 300 millones de dólares.

La razón: el costo de los siete aviones de Pluna que pasaron al fideicomiso con la ley cuestionada, el costo de mantenimiento de las aeronaves desde junio de 2012 hasta la fecha y que el Estado pasará a ser el último en la lista de acreedores.

Ante esa situación, el opositor Partido Nacional pidió la renuncia de los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte, Enrique Pintado, a los que pretende interpelar en el Parlamento.