El Ejército tiene un grave problema y lo sabe. En los próximos años cerca de 40.000 militares de tropa y marinería se verán abocados a abandonar la carrera militar en el momento en que cumplan 45 años, en aplicación de la ley de 2006 que regula su estancia en el Ejército. Lo harán sin un horizonte laboral claro, porque la norma también establecía que durante su permanencia en la milicia recibirían la formación necesaria para poder reincorporarse a la vida civil en el momento de acabar su vinculación con el Ejército sin mayores problemas, pero en algunos casos porque esa disposición no se ha cumplido y en otros porque la formación recibida durante esa etapa no estaba acreditada y no certificaba la competencia profesional para desempeñar una profesión el caso es que esa planificación no ha terminado de cumplirse.
Con el problema ya en puertas, el Ministerio de Defensa ha decidido reaccionar y ha puesto en manos de Adecco, una de las grandes multinacionales de la consultoría laboral, la tarea de asesorar, formar y orientar en los próximos dos años a un grupo de 3.000 militares para facilitar su reinserción laboral en el mundo civil, en el marco de uno de los contratos vinculados al Plan Integral de Orientación Laboral para el Personal Militar que la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, activó en el año 2017 para hacer frente a este problema y esquivar el pago de la pensión vitalicia a la que tendría que hacer frente si esos militares no volvieran a encontrar trabajo.
El trabajo de Adecco, que ha concurrido a la convocatoria realizada por Defensa con una oferta que moviliza a tres de sus filiales dada la complejidad del contrato, consistirá, a grandes rasgos en diseñar un esquema de orientación laboral para el personal que se adscriba al programa; prestar asesoramiento en materias como el emprendimiento o el autoempleo; y disponer las soluciones formativas más adecuadas para cada uno de los 3.000 militares que el Ministerio espera que pasen por este programa de inserción laboral. También deberá realizar un seguimiento especial de los militares que pasen por el programa y no encuentren un empleo. Por estas tareas percibirá un 'fee' anual de dos millones de euros.
La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, unidad encargada del desarrollo de esta plan, ha justificado el recurso a una empresa externa "debido a la especificidad de las labores a desarrollar, a la singularidad de este proceso de orientación para el empleo y a la falta de personal especializado". Para cubrir ese laguna, Adecco ha puesto a disposición de Defensa los recursos de Lee Hecht Harrison, la filial del grupo especializada en programas de transición de laboral y recolocación de trabajadores; de Adecco TT, la enseña de trabajo temporal de la consultora; y de Adecco Formación.
El mayor plan de recolocaciones de España
El plan integral aprobado por Defensa en 2017 aspira a gobernar el mayor plan de recolocación laboral del que se tiene noticia en España: la transición hacia un empleo en el sector civil de cerca de 40.000 militares profesionales que por ley deben abandonar la carrera militar a los 45 años. Para ello, el plan contemplaba seis grupos de medidas. En primer lugar, la introducción de cambios en la normativa que aligeren el problema. El Ministerio de Defensa de Margarita Robles ya ha maniobrado en este sentido para explorar la posibilidad de que una parte de ese personal pueda quedarse en la estructura del Ejército asumiendo funciones que a día de hoy están externalizadas con terceros.
Otra de las líneas de actuación, en la que también se ha avanzado, es en la convalidación de las tareas desarrolladas en el Ejército para que sirvan como acreditación de la competencia en un determinado grupo profesional. Eso exige de canales de acreditación de la experiencia para acceder a un titulación. También se pretende reforzar los planes de formación complementaria para complementar los conocimientos prácticos a la hora de obtener una titulación.
El tercer gran eje en el que se han observado más avances es en la firma de acuerdos por parte del Ministerio de Defensa con otras Administraciones Públicas para primar la experiencia en el Ejército y facilitar la recolocación de los militares de tropa y marinería en puestos de empleado público en otros ámbitos de la Administración como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios de prisiones u otros perfiles. De hecho, las convocatorias de la Policía Nacional, la Guardia Civil y algunas de Policía Local ya han comenzado a reservar puestos para militares.
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