Defensor del pueblo catalán acusa al Estado de malas prácticas en caso Castor

Barcelona, 6 nov.- El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha acusado hoy a la administración del Estado de "malas prácticas" en la gestión del caso Castor que han podido beneficiar los intereses de la compañía Escal UGS, promotora del proyecto de extracción de gas subterráneo, y lesionado los derechos de los ciudadanos.

El defensor del pueblo catalán ha pedido hoy, en rueda de prensa, que el Gobierno de Cataluña y el Parlamento autonómico presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para ilegalizar el real decreto-ley por el que se aceptó la renuncia de Escal UGS a la concesión del almacén de gas Castor y que fija una indemnización para la compañía de 1.350 millones de euros.

El Gobierno paralizó el proyecto Castor, un almacén subterráneo de gas situado frente a las costas de Vinarós (Castellón) y Alcanar (Tarragona), tras las quejas vecinales y los más de 600 movimientos sísmicos detectados en la zona y atribuidos al almacén, y acordó indemnizar con 1.350 millones de euros a la compañía Escal UGS, del grupo ACS.

El Síndic ha calificado de "fatal" la gestión de la administración del estado y ha cuestionado si la compensación otorgada a la compañía se ha hecho conforme a las reglas de la competencia.

Asimismo, el Síndic ha alertado de que el decreto-ley aprobado el pasado 3 de octubre por el gobierno podría vulnerar el Tratado Fundacional de la Unión Europea en materia de ayudas de estado.

Rafael Ribó ha presentado hoy las conclusiones del informe que recoge las irregularidades dictadas por entidades de defensa de los derechos de los consumidores, colegios profesionales afectados -abogados e ingenieros- y movimientos vecinales, sobre la legalidad y la actuación de la administración sobre el almacén de gas Castor.

Como principal irregularidad, el Síndic ha destacado la falta de "transparencia" y repuesta de la administración del Estado de la información relacionada con el almacén de gas y ha declarado que "es necesario impugnar el real decreto-ley y pedir jurídicamente los estudios necesarios para analizar hasta qué punto se ha cumplido con lo que se preveía".

El Síndic ha expuesto diez recomendaciones en relación al proyecto Castor, entre las que destacan que el gobierno dé prioridad al pago de los afectados por daños morales o materiales y que la plataforma se cierre definitivamente.

Otras de las recomendaciones presentadas por el Síndic es la creación de un órgano independiente que elabore un dictamen para decidir hasta qué punto la actividad de la plataforma era viable y cumplía con las condiciones del TC respecto a la ley medioambiental.

Además de los efectos "incuestionables" que la plataforma Castor ha causado en los ciudadanos de Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona y otros municipios valencianos, el Síndic ha recordado que el almacén de gas causará asimismo perjuicios a otros ciudadanos españoles, que deberán asumir los costes "aberrantes" estipulados en el decreto, que estima una indemnización para la compañía de 1.350 millones de euros.

El coste total calculado a día de hoy, que repercutirá en los usuarios y contribuyentes de la compañía concesionaria, es de 3.500 millones de euros, correspondientes a la indemnización, el mantenimiento de la plataforma y su posible cierre e intereses bancarios.