Madrid, 27 feb.- El Defensor del Pueblo ha reclamado al Gobierno que incluya entre los gastos deducibles de la base imponible de la Renta las cotizaciones sociales de los empleados del hogar, así como una mejora de los mínimos personales y familiares exentos de IRPF y un IVA del 4 % para las viviendas protegidas.
En su informe correspondiente a 2013, el Defensor hace una serie de recomendaciones fiscales que responden a quejas ciudadanas, entre las que sitúa la necesidad de introducir alguna fórmula para no someter a tributación la parte de la renta familiar dedicada a satisfacer cotizaciones sociales de los empleados domésticos.
Al respecto señala que se planteó esta petición a la Secretaría de Estado de Hacienda, que no consideró adecuada la medida.
En su respuesta al Defensor, Hacienda justificó que este tipo de incentivos son mucho más efectivos si se articulan como ayudas públicas directas y no como beneficios fiscales en el IRPF, porque hay un gran número de ciudadanos no están obligados a declarar en este impuesto.
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido también una actualización de los límites de renta fijados para beneficiarse de los mínimos personales y familiares exentos de IRPF, ya que cree que las cantidades establecidas se han quedado obsoletas.
Asimismo, considera que todas las viviendas de protección oficial (VPO) deberían tener el tipo superreducido de IVA (4 %), aunque no hayan sido promovidas por entes públicos, una recomendación que elevó a Hacienda y que ha sido rechazada.
Además, el informe considera que la situación económica "requiere un impulso del ahorro privado" por lo que ha instado al Gobierno a completar las futuras pensiones estatales y a revisar la normativa de los planes de pensiones.
Con este motivo la defensora ha iniciado una actuación de oficio ante el Ministerio de Economía y Competitividad, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y ante la Secretaría de Estado de Hacienda.
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