El Defensor del Pueblo ha recomendado estudiar la posibilidad de liberar el pago de IRPF a las ayudas estatales de carácter social que perciben los colectivos en riesgo de exclusión, como el bono social térmico, para equipararlas a las de comunidades autónomas y entidades locales.
Este lunes en el Congreso de los Diputados se entregaba una de las recomendaciones del informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2022 en el cual se indicaba que sería "deseable que se produjera la equiparación de la tributación de las ayudas con independencia de quién las haya establecido o las gestione".
De este modo, detalla que el bono social térmico es una ayuda de carácter estatal que no se encuentra incluida en los supuestos de exención, como sí están otras prestaciones que cubren situaciones de precariedad y emergencia social personal o familiar en varios ámbitos, como vivienda, alimentación o escolarización.
Mejoras del empleo público
Otra de las recomendaciones del Defensor del Pueblo pide una revisión de oficio a los procedimientos en los que se haya denegado a hombres beneficiarios de pensión contributiva su derecho al complemento por maternidad y se proceda a su reconocimiento en caso de reunir los requisitos para ello.
Por otra parte, el informe recoge recomendaciones para mejorar la incorporación a la Administración de personas con discapacidad o evitar discriminación por motivos de edad -por ejemplo, para permitir acceder a las oposiciones a mayores de 65 años-, así como para que la información de procesos de empleo público se publique en castellano.
Exclusión financiera en inmigrantes
El Defensor del Pueblo advierte de que los requisitos que ponen las entidades financieras a extranjeros para abrir una cuenta básica de pagos hacen que "al menos parte de la población inmigrante" residente en España esté en riesgo de caer en la exclusión financiera.
Sin entrar a valorar las facilidades que la banca dio a los ucranianos que huyen tras la invasión de Rusia, el Defensor de Pueblo señala las trabas para abrir una cuenta con las que se encuentran los inmigrantes en situación irregular, o exigencia de requisitos que no se les piden a los españoles.
Por parte de las entidades bancarias se esgrime la legislación en materia de blanqueo de capitales para negar la apertura de estas cuentas. También se solicita, en ocasiones, una prueba negativa, es decir, se les pide a los interesados que acrediten la imposibilidad de su expulsión, dice el Defensor del Pueblo en su informe de 2022.
El Ministerio de Asuntos Económicos le ha trasladado su intención de contar con un informe de evaluación del acceso a las cuentas de pago básicas y la definición de situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera por el que se establece un régimen gratuito de las mismas.
El Defensor del Pueblo permanece a la espera de ese informe, dado que entiende que será un valioso instrumento de diagnóstico de la situación actual de las cuentas básicas que le permitirá obtener una visión contrastada con los datos que ya conoce a través de las quejas que recibe y de la interlocución con agentes y entidades sociales.
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