El déficit y la deuda salvan la previsión económica de Moncloa ante la guerra

El cierre presupuestario del año 2021 ha regalado optimismo a Moncloa. Aunque la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) fue mayor que el dato finalmente registrado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las cifras de deuda pública y de déficit sí han concluido con mejor resultado del calculado por el equipo económico del Gobierno. Los datos publicados esta semana por el Banco de España y el Ministerio de Hacienda muestran que la deuda alcanzó el 118,4% del PIB (frente al 119,5% previsto por el cuadro macroeconómico), el déficit fue del 6,7% del PIB, también inferior al 8,4% proyectado inicialmente.

La menor necesidad de financiación del Estado llevó al Tesoro a reducir sus emisiones de deuda en hasta dos ocasiones en 2021, un aspecto que ha tenido su repercusión en el dato final de deuda pública, que ha mejorado en 1,6 puntos el dato de 2020. Sin embargo, en términos de volumen, la deuda alcanzó los 1,427 billones de euros, 82.000 millones de euros más que en diciembre de 2020. Esto se explica por la evolución positiva del PIB, con un crecimiento del 5,1% con respecto al año anterior, el porcentaje que representa la deuda es inferior al del pasado ejercicio.

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En cuanto al déficit, el aumento de la recaudación tributaria y el crecimiento del empleo han contribuido a una mejoría de más de tres puntos en comparación con 2020. Además, tal como destacó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el gasto público ha crecido en menor medida de lo que lo han hecho los ingresos, una tendencia que previsiblemente se revertirá cuando los precios energéticos empiecen a moderarse. Montero justificó que solo dos puntos del 15% que ha crecido la recaudación tributaria está impulsada por la inflación.

Tras conocerse estos datos, el Gobierno argumenta que el colchón fiscal es mejor que el previsto y por ello puede poner en marcha un plan de respuesta a la guerra como el que aprobó el último Consejo de Ministros. La recuperación económica y la mayor recaudación por impuestos como el IVA permiten al Ejecutivo aprobar ayudas por valor de hasta 6.000 millones de euros para los sectores más afectados por la subida de los precios energéticos y prorrogar las medidas fiscales vinculadas a la electricidad, además del descuento aplicado en los precios de los carburantes.

Impacto de la guerra

Pero la inflación lleva meses pisando el acelerador y antes de la invasión rusa de Ucrania ya era el mayor riesgo para la recuperación económica. Por ello, las previsiones macroeconómicas más recientes han rebajado las expectativas de crecimiento para el PIB y estiman que no logrará el nivel previo a la crisis del coronavirus hasta el próximo año. El Gobierno ya calcula una revisión a la baja hasta el 5%, tal como publicó este periódico, para el cuadro macroeconómico que enviará a Bruselas a finales de este mes, dentro del Plan de Estabilidad.

Otros organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya han advertido que sus cálculos arrojan un avance del PIB de entre el 4 y el 5%. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha rebajado su previsión al 4,2% y ha advertido que el plan de choque puesto en marcha por Moncloa solo logrará reducir la inflación en un punto porcentual, tras registrar en marzo una tasa interanual del 9,8%, según el dato avanzado por el INE. La merma en el poder adquisitivo de los hogares y los problemas de abastecimiento y aumento de costes en algunos sectores están provocando una ralentización en la economía que tendrá consecuencias para el PIB.

La incertidumbre por el impacto que pueda tener el conflicto en Ucrania y sobre cuánto puede durar vuelve a poner en tensión a las economías europeas, incluida la española. El Gobierno confía en seguir reduciendo el déficit y la deuda sin acometer una reducción del gasto público. De hecho, desde Hacienda creen que este año se logrará reducir el déficit hasta el 5%. La evolución de los precios de la energía y la negociación de los agentes sociales para lograr un pacto de rentas que reparta las consecuencias económicas entre asalariados y empresarios serán clave en el rumbo que tome la economía en los próximos meses.