Los datos mejoran. El déficit consolidado de las Administraciones Públicas, sin las corporaciones locales, se situó al cierre de abril en 21.910 millones de euros, equivalentes al 1,81% del PIB, tras reducirse un 23,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior en el que ya se notaban los efectos de la pandemia. De acuerdo con los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda -y que recoge Efe- la mayor parte de ese déficit es imputable al Estado, con un desequilibrio de 16.058 millones, equivalentes al 1,33% del PIB, cuando un año antes alcanzaba el 1,77% del PIB.
Las comunidades autónomas registraron un déficit hasta abril de 3.161 millones, lo que equivale al 0,26% del PIB, frente al 0,05% de un año antes, debido a un incremento de los gastos del 4,2%, mientras que los ingresos se mantuvieron estables. Hacienda ha publicado también el déficit del Estado hasta mayo, que continúa la senda descendente iniciada a partir del mes de abril respecto al mismo periodo del año anterior, con una reducción del 6,3%, hasta 30.628 millones que equivalen al 2,53% del PIB.
El Ministerio achaca la reducción a la reactivación económica por el avance del proceso de vacunación, aunque también influye que en la comparación interanual ya entran los meses del estado de alarma de 2020 en los que se hizo un mayor esfuerzo presupuestario para proteger las rentas y el tejido productivo frente a la crisis originada por la Covid-19.
Hasta mayo, los ingresos del Estado se incrementaron un 11,1%, hasta 69.464 millones, mientras que los gastos crecieron el 5,1%, hasta 100.092 millones. La recaudación procedente de impuestos creció el 16,8% interanual, hasta 58.442 millones. El aumento del gasto se debió fundamentalmente a las transferencias entre administraciones públicas, que ascendieron a 62.002 millones, un 10,5% más que en 2020.
Destacan las transferencias destinadas a los fondos de la Seguridad Social, que alcanzaron 11.677 millones, 3.736 millones más que el año anterior. El importe de los gastos del Estado relacionados con la pandemia fue de 5.074 millones, de los cuales 4.765 millones fueron para transferencias a las comunidades autónomas y 308 millones para consumos intermedios, que se corresponden casi en su totalidad con las vacunas. La remuneración de asalariados creció un 3,2%, hasta 7.262 millones, lo que incorpora la subida salarial para este ejercicio del 0,9 % frente al incremento salarial del 2 % en 2020. Los intereses devengados de la deuda pública crecieron un 3,7 %, hasta situarse en 9.576 millones.
La mayoría de las CCAA, con déficit hasta abril
La mayor parte de las autonomías registraron déficit hasta abril, situándose a la cabeza Murcia (0,96% de su PIB), Baleares (0,56%) y Andalucía (0,54%). Asturias, Castilla y León, Extremadura, Navarra y País Vasco registraron superávit, mientras que Madrid que se situó en equilibrio (déficit cero). De acuerdo con la información transmitida por las comunidades autónomas a Hacienda, el impacto del gasto sociosanitario derivado de la covid-19 ascendió a 2.509 millones hasta abril.
Las entidades locales registraron hasta marzo un superávit de 499 millones, lo que equivale al 0,04% del PIB, frente al déficit de 236 millones del primer trimestre de 2020. Con estos datos, el déficit del conjunto de las administraciones públicas en el primer trimestre del año fue del 1,30% del PIB, frente al 0,98% de un año antes.
