Y cuándo despertó, su hijo seguía ahí. Esta remasterizada versión del cuento más corto del mundo de Tito Monterroso bien podría aplicarse a la realidad de una gran mayoría de padres, madres y jóvenes de nuestro país. Un problema que golpea duramente a estos últimos, que afrontan con grandes dificultades el reto de dejar el hogar familiar y alcanzar la independencia económica. Un cóctel que tiene como ingredientes unos salarios bajos, empleos precarios y un mercado de la vivienda -especialmente del alquiler- que se ha ido haciendo cada vez más innacesible para las nuevas generaciones.
Esta cuestión ha vuelto al candelero público esta semana, cuando el Gobierno anunció la aprobación del nuevo bono joven del alquier de hasta 250 euros, al que podrán acceder unas 60.000-70.000 personas, según se anunció desde el Ejecutivo tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Pese a esta nueva ayuda incluida en el Plan de Vivienda 2022-2025, lo cierto es que el problema de la emancipación se ha convertido en un elemento estructural que impide la independencia de miles de jóvenes en nuestro país cada año.
Se trata de una situación que ha llevado a que la edad para marchar del núcleo familiar se dispare hasta los 29,8 años de media, es decir casi en la puerta de entrada de la treintena, algo que inevitablemente retrasa las posibilidades de poner en marcha sus respectivos proyectos de vida. Y es que, de acuerdo con los datos del Eurostat, nos encotramos en el vagón de cola europeo en materia de emancipación. Concretamente, un 46,8% de la población de entre 18 a 34 años sigue viviendo con sus padres, lo que nos convierte en el octavo país con mayor porcentaje de población jóven.
España comparte este dudoso honor con países como Croacia, Grecia, Eslovaquia o Italia, todas por encima del 50% de jóvenes en el hogar de sus progenitores, muy diferente del promedio comunitario, que se sitúa en el 31,6%. A lo lejos se vislumbra la excelsa tasa de los estados nórdicos, con Dinamarca, Finlandia o Suecia como únicos países de la UE con una permanencia en el inmuble familiar por debajo del 10%.
Un salario insuficiente
La capacidad económica es, sin duda, la primera gran variable a tener en cuenta a la hora de hablar de los impedimentos para salir del primer hogar. Si echamos la vista atrás hasta el año 2008, en el que dio cominezo la Gran Recesión en España, y observamos su evolución hasta el punto de salida de la pandemia, encontramos una realidad bastante incómoda: los grupos de menor edad todavía no han visto recuperados los niveles de ingresos previos a la primera gran crisis de este siglo.
Si atendemos a los datos que facilita el INE en su Encuesta Anual de Estructura Salarial, mientras que la retribución media nacional ha crecido un 11,48% en los 12 años que nos separan de ese fatídico 2008, los sueldos de los jóvenes de entre 18 y 34 años han retrocedido un 2,36% en este periodo. En el caso de los menores de las retribuciones de los menores de 20 años, su caída de ingresos es del 8,62%, seguido de la orquilla que abarca entre los 24 y los 29 años, que cede un 4,91%.
Una grieta que se ha ensanchado en los cerca de dos años que está a punto de cumplir la pandemia. "La crisis de la Covid-19 ha deprimido los deseos de emancipación de la juventud española, algo que ya estaba presente antes de la crisis y, por lo tanto, tenderá a acentuar esta dinámica", señala el 'Informe Juventud en España 2020', elaborado por la Dirección General del Injuve y el Observatorio de la Juventud en España.
Alquileres asfixiantes
Con estos salarios precarios, los jóvenes tienen que afrontar el segundo gran inconveniente a la hora de volar del nido: el precio del alquiler, que en los últimos años ha recuperado su tendencia alcista tras dejar atrás la Gran Recesión. Una cuestión que se vuelve capital en las grandes urbes del país y que condena a las generaciones más bisoñas a vivir con lo justo en caso de querer residir lejos del escudriño familiar.
De hecho, el verse obligado a destinar más del 30% de los ingresos obtenidos al mantenimiento del alquiler se traduce en una situación dañina para los individuos, una decisión que compromete de forma clara las condiciones de vida de aquellas personas que cumplen con este condicionante. Algo que en las nueva mayores ciudades del país se convierte en la norma, si nos atenemos al precio medio del metro cuadrado del alquiler que recoge el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Los casos de Madrid y Barcelona son los más paradigmáticos, obliga a destinar el 60% y el 57% del salario medio de las respectivas comunidades autónomas para los menores de 34 años. En el otro extremo están Murcia y Alicante, que rondan el 35% del suedo dedicado a la vivienda. No obstante, todas requieren más de ese 30% de ingresos que tensiona al máximo la economía de aquellos que quieren buscar suerte fuera de su núcleo familiar.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios