A pesar de que el volcán de la isla de La Palma sigue en plena erupción, muchos isleños se preguntan qué pasará con su futuro económico una vez pase esta tormenta de lava y ceniza y llegue la tan ansiada calma. Con un total de 240 hectáreas afectadas, más de 6.000 personas desplazadas y 420 edificaciones afectadas, los vecinos luchan por salir adelante en el corto plazo y confían en que desde las administraciones se elabore un plan de ayuda que pueda brindar algo de luz al futuro negro en el medio y largo plazo. "Existe un gran temor a qué sucederá cuando todo pase y el foco mediático se marche de la isla", confiesa Juan José Hernández, portavoz del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife.
La lava ha salido a la superficie por numerosas bocas diferentes, provocando el aislamiento de algunos municipios y el enterramiento de otros. Una vez que concluyan las erupciones -circunstancia que puede ser mañana o dentro de varios meses- los terrenos cubiertos por lava pueden tardar varias semanas o incluso años en enfriarse, dependiendo de su espesor. Entonces, toda la zona afectada quedará en lo que en Canarias se conoce 'malpaís', definida como una costra de lava fragmentada muy irregular y agreste, es decir, el terreno árido y rocoso que queda tras la erupción de un volcán. Caminar sobre él es difícil sin caerse pero, sobre todo, lo deja totalmente impracticable para el cultivo o la construcción de infraestructuras y viviendas. En las islas Canarias hay varios terrenos de este estilo, el de mayor extensión es el de La Corona, en Lanzarote, con 1.425 hectáreas de superficie.
Los vecinos de La Palma son plenamente conscientes de esta circunstancia, por ello crece su preocupación sobre las alternativas que les pueden quedar. Desde el colegio de economistas tinerfeño abogan por ir "día a día", pero son conscientes de la necesidad de elaborar un plan que garantice el futuro de los palmeros en el medio y largo plazo: "El volcán ha roto el equilibrio de la isla. Ahora trabajamos para el aplazamiento de impuestos para los afectados, pero las administraciones deben trabajar en dar alternativas a los vecinos, porque muchos han perdido su casa y su negocio y no son familias con gran poder adquisitivo", explica Hernández.
Entre el abanico de posibilidades que existen, el experto plantea que la mejor solución es un 'trueque' entre las administraciones y los damnificados: "La alternativa ideal sería que el estado comprase terrenos fértiles en otro lado de la isla y los intercambiase de manera proporcional con los vecinos que se han quedado sin domicilios y plantaciones, para que así puedan seguir con sus vidas de la manera más parecida posible a como lo hacían antes". Esta medida implicaría una gran coordinación entre las administraciones locales, regionales y centrales, pero no termina de convencer a los agricultores y ganaderos de La Palma.
Miguel Martín, portavoz de ASPA (Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos), señala a La Información que ve "lagunas" a esta alternativa, porque "las necesidades de los trabajadores del sector son muy diferentes entre sí" y puede que el Estado entregue un terreno al dueño de una platanera "que no se adecúe a sus preferencias". Por ello, Martín aboga por otra medida: "Lo ideal sería que las administraciones comprasen las zonas afectadas pagando un precio que se adecúe con la realidad y que cuente con el visto bueno de los propietarios". Para el 'malpaís' que quedará y del cual sería propietario el Estado, propone "instaurar un gran parque natural con el atractivo turístico del volcán, que pueda tratar de rentabilizar a largo plazo".
Esta última alternativa es precisamente la que han propuesto desde Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), aunque con un matiz, que se haga por medio de una expropiación en lugar de por acuerdos individuales: "Proponemos al Gobierno la declaración de Parque Nacional de toda la zona devastada por las coladas del volcán. Esto permitirá la expropiación a todos los propietarios de los terrenos, también los agrarios, y el pago de justiprecio a todos ellos que les permita empezar de cero", apunta la Asociación. Sin embargo, el economista Hernández no está del todo convencido con esta propuesta, y señala que "el 30% de la isla ya está protegida por ser parque natural, por lo que, si cada vez que erupciona el volcán, ampliamos esta zona, los palmeros cada vez tendrán menos territorio donde vivir".
Además, otra de las opciones que se ha llegado a barajar es la de reconstruir una parte de las viviendas y cultivos afectados. Esta alternativa la rechazan desde todos los ámbitos, debido al enorme desembolso económico que supondría y la dificultad de rentabilizarlo. "Construir una hectárea de sorriba (terreno acondicionado para el cultivo) sobre el 'malpaís' vale más de 500.000 euros. Además de la complejidad que supone traer tierra fértil hasta esas zonas. Es preferible pagar al agricultor un justiprecio y que este decida cómo invertirlo", aclaran desde ASPA.
La opción de una cooperativa para la reconstrucción
Bien sea en forma de acuerdos individuales con los afectados, por medio de un trueque o a través de la expropiación, todas las voces apuntan a que los vecinos de La Palma desplazados serán recolocados en otras zonas de la isla, donde empezarán su nueva vida gracias a las indemnizaciones que abonarán tanto los seguros como el Estado. Sin embargo, esta reorganización no es una tarea baladí. Por ello, la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación (CONCOVI) se ha ofrecido a liderar esta labor "sin llevarse beneficios industriales".
La Confederación, que depende directamente de la ley de Economía Social, actúa como intermediario en la compraventa de pisos, pero se diferencia de un promotor inmobiliario privado en que "persiguen un objeto social". Para ayudar en las labores de reconstrucción de La Palma, propone que, en colaboración con los promotores públicos, las administraciones les entreguen el suelo que tienen en propiedad para "colectivizar la gestión " y que se "canalice todo el proceso a través de CONCOVI", garantizando que las ayudas llegan de forma efectiva a todos los afectados.
Juan Casares, presidente de la Confederación, explica a este medio que la ventaja principal es que "se diseña una estrategia común para todos, que agiliza los trámites y garantiza por medio de una cooperativa -compuesta solo por los vecinos perjudicados- que nadie se quede atrás. Y sin que nos reporte beneficio económico alguno". El objetivo, apunta Casares, es que "no se vuelva a producir el drama de Lorca", donde tras el terremoto de 2011 hubo una gran disparidad entre los afectados en materia de ayudas e indemnizaciones, provocando incluso la ruina de algunas familias. Por último, CONCOVI está ya en contacto con las administraciones locales para que utilicen sus servicios en caso de que lo consideren necesario.
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