Deloitte clasificó a Bankia como empresa con pérdidas según normas auditoría

Madrid, 2 jul.- La auditora Deloitte clasificó a Bankia como una "empresa con pérdidas" mientras trabajaba en la auditoría de las cuentas semestrales previas a su salida a bolsa en 2011 cumpliendo las normas técnicas de auditoría, sin que ello implicara un juicio de valor sobre el comportamiento futuro de la entidad.

Así lo han explicado a Efe fuentes cercanas al proceso del expediente abierto por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, en el expediente sancionador que ha abierto a la firma y a su socio Francisco Celma.

En su expediente, el ICAC señala que los auditores trabajaron en las cuentas semestrales del grupo mientras calificaban en sus documentos de trabajo a Bankia como "una empresa con pérdidas o en punto muerto o con bajo nivel de rentabilidad", y ello sin que justificaran los criterios seguidos para cuantificar la cifra de importancia relativa de los riesgos.

Según mismas fuentes, las normas técnicas de auditoría obligan a clasificar a las entidades bajo dos epígrafes, uno para las que presentan beneficios normales o normalizados y otro para las que registran baja rentabilidad.

Dado que en marzo de 2011, Bankia arrojaba unos beneficios de sólo 35 millones, han explicado estas fuentes, las normas técnicas de auditoría obligaban a clasificar al grupo como empresa de baja rentabilidad, sin que ello implicara en ningún momento un juicio de valor sobre su capacidad futura.

El ICAC ha abierto a Deloitte un expediente sancionador por dos faltas muy graves y dos graves, que podrían acarrearle la retirada de la autorización y baja definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y una multa de hasta el 6 % de su facturación del último ejercicio cerrado con anterioridad a la apertura de su sanción si se llegara a demostrar que hubo dolo o negligencia en su actuación.

Mientras, Celma se enfrenta además a la suspensión de la autorización y baja temporal de entre dos años y un día y cinco años y una multa de entre 12.001 y 24.000 euros.