El actual sistema de financiación autonómica se aprobó en el año 2009 con vocación de permanencia. Su diseño preveía la revisión cada cinco años de los principales parámetros que determinan la distribución de los fondos entre las comunidades autónomas de régimen común - ya se sabe que las Hacienda Forales están excluidas del mismo- para mantenerlo así permanentemente actualizado. Cuando llegó el momento de su primera actualización el Ejecutivo de Mariano Rajoy juzgó que más que una revisión lo que necesitaba el sistema era una reforma en profundidad y así, con la promesa de un nuevo sistema de financiación autonómica, se ha llegado a 2020 sin que se haya introducido cambio alguno. La ausencia total de ajustes en un sistema creado hace más de una década ha generado distorsiones y algunas de ellas han venido a beneficiar, precisamente, a las comunidades autónomas con mayor potencial recaudatorio: Madrid y Cataluña.
Así lo pone de manifiesto el informe que sobre la liquidación del sistema correspondiente al ejercicio de 2018 acaba de publicar Fedea y que lleva la firma de una del director del instituto de análisis y una de las personas que mejor conoce el actual sistema de financiación autonómica, Ángel de la Fuente. El trabajo cuestiona la fotografía sobre la capacidad tributaria de las comunidades autónomas que se obtiene de la aplicación estricta de los parámetros que tiene en consideración el sistema de financiación autonómica - que es importante porque condiciona la distribución de los fondos del sistema- , e introduce una serie de ajustes para tratar de determinar la capacidad tributaria real de cada comunidad autónoma, entendida, según la define el informe, como "la estimación de los recursos de los que dispondría cada comunidad, a igual esfuerzo fiscal, para financiar las competencias comunes a todas ellas".
El ejercicio revela que hay comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid o Cataluña que tienen una capacidad real de generar ingresos mayor de la que les concede el sistema. El asunto es relevante porque ambas comunidades autónomas, igual que otras como Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, reciben una inyección anual millonaria a través del Fondo de Competitividad (Cataluña, 1.056 millones de euros; la Comunidad de Madrid, 321 millones) que se calcula a partir de la capacidad tributaria que le concede el sistema a cada comunidad autónoma y cuyo objetivo es hacer homogénea la financiación por habitante que recibe cada territorio.
En el caso de Cataluña, el informe de Fedea sostiene que su capacidad fiscal efectiva excede en más de 200 millones de euros la que le atribuye el sistema de financiación autonómica y que como consecuencia de ellos los ciudadanos de la comunidad autónoma perciben 30 euros más per cápita de lo que detecta el sistema. De este modo, Cataluña pasaría de estar por debajo de la media en términos de financiación per cápita a estar holgadamente por encima de esa medida de referencia. En el caso de la Comunidad de Madrid, sus ingresos efectivos superan en 180 millones de euros los que le atribuye el sistema, siendo la ganancia per cápita similar a la de los ciudadanos de Cataluña. También estaría por encima de la media en términos de financiación per cápita. Conviene recordar aquí que los recursos millonarios que Cataluña y la Comunidad de Madrid reciben del Fondo de Competitividad se justifican por el objetivo de acercar su financiación per cápita a la media del sistema...
Madrid y Cataluña no son ni las únicas beneficiadas ni las más beneficiadas por los desajustes del sistema que detecta Fedea. Según el mecanismo de evaluación ajustada del sistema empleado por el profesor De la Fuente, Canarias, muy beneficiada por la operativa de su ventajoso régimen fiscal que el sistema de financiación autonómica no tiene en cuenta a la hora de calcular los recursos per cápita que le corresponden, y sobre todo Baleares, son las grandes favorecidas por este esquema, hasta el punto de situarse cerca del rango de Cantabria y La Rioja, los territorios que todos los estudios sitúan como las más favorecidas por el actual sistema de financiación.
¿Existe el 'dumping fiscal' madrileño?
El ajuste que realiza Fedea para llegar a este escenario incorpora una serie de parámetros clave frente a los que tiene en cuenta el sistema de financiación autonómica que, desde su punto de vista, "hacen el indicador de financiación territorial más comparable entre regiones". De este modo se incorporan al análisis elementos que el sistema no tiene en cuenta como la recaudación obtenida por el Impuesto sobre Actividades del Juego o la Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito, que el actual modelo de financiación autonómica no tiene en cuenta a la hora de calcular la capacidad tributaria de las comunidades autónomas por haber sido aprobados con posterioridad al año 2009; se corrigen otros que el modelo actual sobrepondera, a juicio de los autores, como el coste de gestión de las competencias lingüísticas allí donde hay lenguas cooficiales; y se ajustan los ingresos por tributos cedidos a un escenario ideal en el que todas las comunidades autónomas aplicaran el mismo tipo impositivo, para limar los efectos sobre el sistema de las medidas normativas adoptadas por los gobiernos autonómicos.
El trabajo realizado por Fedea para 'limpiar' los cambios normativos realizados por las comunidades autónomas y estimar los ingresos que tendrían en un escenario ideal en el que todas aplicaran los mismos tipos de gravamen en los tributos, tal y como se reclama desde no pocos gobiernos autonómicos, arroja también conclusiones interesantes, sobre todo en relación al supuesto 'dumping fiscal' de la Comunidad de Madrid que denuncian tanto gobiernos autonómicos como Gobierno Central.
Es cierto que el análisis omite el efecto del Impuesto de Patrimonio, que concentra las iras y los desvelos por el comportamiento del Ejecutivo madrileño, pero sus conclusiones apuntan más a una sobrecarga de medidas fiscales en no pocos territorios que a un recorte excesivo de los impuestos en la Comunidad de Madrid. En el marco ideal de tipos impositivos idénticos que plantea el informe de Fedea, Madrid obtendría apenas 45 millones de euros más de recaudación, una cuantía que no parece suficiente para desequilibrar el sistema fiscal autonómico. El análisis detecta, sin embargo, fuertes incrementos recaudatorios debidos a modificaciones puntuales y sistemáticas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados sobre todo en Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León y Cantabria, que en un contexto de tipos impositivos estandarizados perderían más entre 100 y 320 millones de euros de recaudación fiscal.
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