Eran los años de vino y rosas y a Renfe Mercancías, el Puerto de Gijón y la Autoridad Portuaria de Avilés se les ocurrió que sería buena idea desarrollar una gran plataforma logística -un puerto seco- en Palencia para almacenar los cargamentos que arribaran a los puertos asturianos, escasos de espacio, antes de su distribución hacia otros puntos de la península e incluso de Europa. El espacio, que se inauguró en 2003, se bautizó como 'Ventastur' (estaba ubicado en Venta de Baños). Se dijo que dinamizaría el desplazamiento de 50.000 automóviles anuales y 60.000 contenedores, pero no aportó ni un solo cargamento a los puertos asturianos y fue deficitario desde el minuto uno. Tras varios años dando tumbos y tras el fracaso de los sucesivos intentos para colocar los activos disponibles -básicamente una parcela de 112.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Venta de Baños- en el mercado, el Estado ha terminado finalmente por asumir las cargas arrastradas por la sociedad gestora desde su creación ante la evidencia de su improbable viabilidad.
No es un caso aislado. En lo que va de año, y según los datos oficiales que maneja el Banco de España, más de un centenar de fundaciones, sociedades mercantiles, consorcios y otro tipo de organismos dependientes del sector público han pasado a integrarse dentro del perímetro de las Administraciones Públicas, bien por la insuficiencia de su actividad de mercado para garantizar su viabilidad bien por la necesidad del Estado, las comunidades autónomas o las corporaciones locales de asumir sus responsabilidades sobre las mismas ante la incapacidad de éstas para hacerlo por sí mismas.
Una de las administraciones más activas en este ámbito ha sido la Generalitat de Cataluña, que ha decidido integrar una veintena de fundaciones, institutos públicos y otros organismos, entre los que se incluyen el Consorcio de Formación Profesional en Automoción, la Entidad Autónoma del Diari Oficial de Cataluña o el Instituto Catalán de Evaluación de las Políticas Públicas dentro del perímetro de la Generalitat, cuyo endeudamiento se financia con cargo a los instrumentos de liquidez del Estado.
El movimiento ha tenido un efecto pernicioso sobre los intentos denodados del equipo de Nadia Calviño por reducir la deuda pública para situarla al menos en unos niveles aceptables para Bruselas. La causa es que la integración de estos organismos públicos en el perímetro de la Administración hace automáticamente que sus cargas pendientes -en la inmensa mayoría de los casos estos organismos vienen con una mochila de endeudamiento, por pequeña que sea- pasen a computarse como deuda pública según el procedimiento de déficit excesivo (PDE), que es el que las autoridades europeas chequean para comprobar los avances de los países miembros en el objetivo prioritario de reducir la deuda pública de los países socios por debajo del 60% del PIB.
Eso no quiere decir que esa deuda no estuviera ya computada como un riesgo para el sector público, pero el consenso estadístico europeo no observa el endeudamiento de los Estados a partir de las cuentas pendientes de todo su sector público sino únicamente de aquél que se considera como Administración Pública. De otra manera, la deuda acumulada por empresas con mayoría estatal en el capital o incluso controladas al 100% por el Estado de turno no se integran en la cuenta de deuda pública, salvo en los casos en que la operativa de esas empresas en el mercado no sea suficiente como para garantizar su viabilidad.
La integración de ese centenar largo de organismos públicos dentro del perímetro de lo que Bruselas obliga a contabilizar como deuda pública ha contribuido en parte a que la reducción del ratio de deuda pública sobre PIB en España esté siendo más tenue de lo que sería recomendable. Según los datos publicados este viernes por el Banco de España, la deuda pública española cerró el tercer trimestre del año en el 97,8% del PIB, ligeramente por debajo del 98,9% registrado al cierre del segundo trimestre, pero lejos todavía del 95,9% con el que el Gobierno de Sánchez se comprometió a concluir el año.
La 'buena noticia' es que el saldo de la deuda pública no ha marcado un nuevo máximo y del segundo trimestre al cierre del tercero se ha reducido en unos 4.000 millones de euros, situándose en 1,207 billones de euros. Las reducciones en el saldo de endeudamiento de Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales han permitido compensar el fuerte repunte del endeudamiento de la Seguridad Social, que se está viendo obligada a recurrir al respaldo del Estado para poder atender las obligaciones derivadas del sistema público de previsión social.
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