La otra (y desconocida) factura de la transición ecológica

"Si te han explicado el sistema eléctrico español y lo entiendes, es que te lo han explicado mal". Esta frase lleva atormentando desde 1997 nuestro complejo, complicado y a veces absurdo sistema energético. En el fondo, la frase esconde gran parte de las verdades que definen un traje al que ya no le caben más parches. Probablemente el energético sea el sector que más profundamente haya cambiado en los últimos años. El desarrollo de las renovables y la creación de un marco jurídico claramente a favor de su implantación han revolucionado por completo el mix energético que, para entendernos, es la suma de todas y cada una de las tecnologías que configuran la tarta de la energía en España.

2019 ha sido un año clave para el cambio anunciado y esperado desde hace décadas. Por primera vez en la historia, tal y como recoge REE, hay más energía renovable instalada en España, 55.348 MW, que “convencional”, 55.028 MW. La suma de paneles solares, molinillos de viento, centrales hidráulicas y demás tecnologías existentes permiten que el parque verde español sea superior al tradicional, formado por las centrales nucleares, los ciclos combinados o las ya extintas centrales de carbón.

Esta muy buena noticia puede llegar a ocultar otra realidad, que es la diferencia entre potencia instalada y potencia generada. Esta última refleja la producción real de energía en un país y es aquí, cuando, de momento, la energía convencional supera con creces a la renovable.

La energía nuclear aportó un 22,6% de la energía producida en España, seguida por la eólica con un 21,5% y por los ciclos combinados con un 20,7%. La producción de energía es quizá el valor más fiable a la hora de valorar el estado de salud verde de un país. En este indicador, 2019 no fue del todo positivo, ya que se produjo un retroceso en la generación renovable peninsular, que alcanzó un 38,9% frente al 40,2% de 2018.

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Hasta aquí los datos. El análisis nos deja una conclusión clara. En España se instala cada vez más y mejor energía renovable, pero su utilización está aún por debajo de los grandes pilares tradicionales de la Europa y España precovid: la energía nuclear y el gas.

Con un panorama político en el que plantear la construcción de un solo megavatio nuclear no es una opción, el gas está llamado a ejercer un doble papel. Por un lado, garantizar la transición energética en la que las renovables ganen por fin el peso necesario para asegurar energía a un coste asequible y seguro y, por otra parte, convertirse en una fuente de energía estable y fiable para alcanzar los objetivos marcados a 2050.

Como todo en la economía, las gallinas deben cuadrar y las tendencias señalan que para lograr el resultado esperado habrá que invertir, sí o sí, en un nuevo gas producido a partir de fuentes renovables. Esta es la nueva revolución de empresas y sistemas que deberán afrontar un cambio no menor en la materia prima que pueda circular por los optimizados sistemas de transporte canalizados o marítimos.

Ahora bien, ¿quién y como pagará la factura de las inversiones necesarias para hacer posible esta realidad?

Con Hacienda hemos topado. La actual y sacrosanta política de retribución de plantas de generación no permite aumentar los ingresos por esta vía. La incierta regulación jurídica no es más halagüeña y los vientos de una fiscalidad verde, que grave aun más las energías contaminantes, o una subida de impuestos en la generación eléctrica es una sombra que se cierne sobre el sector.

Sin inversión pública prevista y con una iniciativa privada recuperándose aun de los golpes de la pandemia sobre la demanda energética, se reducen las esperanzas de encontrar una vía de financiación que aporte el músculo necesario para sufragar esta revolución. Puede haber luz al final del túnel puesto que, también por primera vez en la historia, el sistema español es rentable y lo es hasta el punto de generar millones, cientos de millones.

En 2019, por segundo año consecutivo, el balance del sistema regulado obtuvo un resultado positivo de 354 millones. La relación entre los ingresos por peajes de regasificación y los costes de la infraestructura gasística estuvieron prácticamente parejos. Destinar parte del superávit logrado a adaptar nuestra red a un sistema que necesitará a los gases renovables a partir de 2030 es una opción plausible sino se quiere hacer pagar al consumidor, una vez más, los costes y errores generados en el pasado.

La fórmula permitiría aprovechar un sistema diseñado para el gas y a la vez garantizar el desarrollo renovable, pero se encuentra con la imposibilidad legal de destinar estos beneficios a un fin distinto a la reducción de la deuda tarifaria que se disparó en 2008 y 2009. Sin una modificación legal que se dirija en este sentido, la inversión necesaria recaerá únicamente sobre las empresas que deseen apostar por una tecnología necesaria y casi única para cuadrar el círculo de una energía barata, sostenible, limpia y renovable.

José Antonio Navas destacaba en este mismo diario la atribulada carrera en la que están metidas las empresas petroleras para ‘verdear’ su futuro. Las fusiones y adquisiciones en el sector proliferarán como setas para alcanzar el fin deseado, pero sin financiación o ayudas públicas a energías en desarrollo que respalden el despliegue de las renovables será complicado, por no decir imposible, romper la paradoja de tener más energías limpias instaladas que nunca y una producción renovable inferior a la del año pasado.