Activa Mutua, la entidad catalana nacida en 2008 en el marco del primer proceso de consolidación del sector de las mutuas de accidentes de trabajo alentado durante la era Zapatero de la fusión de la barcelonesa Fimac, de la reusense Reddis, de la ilerdense MUPA y de la tarraconense MATT, ya tiene colgado el cartel de 'Se Vende'. Zarandeada en los últimos años por un puñado de escándalos de gestión, por una gravosa multa de la Inspección de Trabajo y por la intervención impuesta por el exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, sobre la entidad para 'sanear' su cúpula directiva y limpiar la reputación de la entidad, la mutua ha sufrido una fuga de asociados que ha acelerado un deterioro económico que se ha hecho imparable en el último año.
El último intento de reflotar la mutua con la designación como presidente en enero de 2019 de Josep Nogués Marsal, un profesional de reconocida trayectoria en el sector que aterrizó con las bendiciones de la patronal catalana Foment del Treball, según aseguran fuentes empresariales, tampoco ha logrado enderezar la trayectoria de la entidad, que en 2019 multiplicó sus pérdidas hasta los 34 millones de euros y que en 2020 ha agravado su situación de desequilibrio financiero, según deslizan fuentes del sector conocedoras de esta información que aún no se ha hecho pública.
Activa Mutua está en el mercado y al contrario de lo que ocurrió en el caso de Mutua Gallega -la última fusión del sector -, cuando la Seguridad Social azuzó el proceso mediante un requerimiento urgente de información, es la propia mutua la que ha entablado contactos con las mutuas interesadas en abordar la operación. Sobre la mesa, tres aspirantes: Umivale, la mutua valenciana; MAZ, la mutua aragonesa; e Ibermutua, la mutua madrileña que en 2018 ya se hizo con Mutua Gallega.
Las tres aspirantes cumplen la premisa esencial de presentar un balance saneado, algo inusual en un sector que lleva años infrafinanciado y que en un porcentaje no pequeño coquetea con los números rojos desde hace varios años por el coste disparado de la bajas por contingencia común. Sin embargo, comparten también un 'déficit' que puede revelarse como decisivo en el proceso: no son catalanas.
Tambores de 'enredo político'
Activa Mutua no es una mutua cualquiera, en este sentido. Fuentes empresariales destacan la vinculación de la mutua con la burguesía empresarial catalana y con los herederos políticos de la antigua Convergencia i Unió. "Hay un trasfondo político evidente que en función de la operación que se plantee puede generar problemas", asegura una fuente del sector. "Los vínculos políticos de las mutuas se han diluido mucho en los últimos años, pero es cierto que cualquier operación que se haga con Activa Mutua habrá que tratarse antes con la Generalitat, si no se hace así es probable que haya problemas", advierte un expolítico catalán.
Así se hizo, recuerda esta misma fuente, con la fusión que dio origen a Activa Mutua y así hubo que hacer finalmente en el caso de la Mutua Gallega, ante la insistencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por preservar en la medida de lo posible la 'galleguidad' de la entidad. Las fuentes consultadas aseguran que, al menos de momento, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha interferido en el proceso.
Tendrá que hacerlo tarde o temprano, porque cualquier operación que implique a entidades del sector debe tener el visto bueno de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que dirige Borja Suárez Corujo, uno de los escasos altos cargos que han permanecido tras el traspaso de cartera de Magdalena Valerio a José Luis Escrivá. La mayoría de las fuentes consultadas del sector apuntan a Ibermutua como la principal aspirante a absorber Activa Mutua, no sólo por las sinergias y el sentido económico de la operación sino también por el tamaño de la entidad, que respondería al marco perfilado por Octavio Granado de reducir el sector a cinco o seis grandes 'players'. En la actualidad, hay 19.
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