España destinará el dinero de las privatizaciones a reducir deuda

Aena, Renfe, las televisiones autonómicas, Canal de Isabel II, gran parte del patrimonio inmobiliario de las administraciones... son muchas las cartas que prevén jugar el Estado y las comunidades autónomas para, vía privatizaciones, obtener ingresos extra en el corto plazo.

La propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hablado abiertamente de que infraestructuras y servicios de transportes están en la primera línea de fuego de los activos que su Ejecutivo quiere "liberalizar"

Sean las que sean las sociedades públicas que terminen vendiéndose en el mercado, el dinero que se consiga con ellas tiene un claro destino: calmar a los mercados.
Esto será así por que la Ley de Estabilidad Presupuestaria recoge que los ingresos extra deberán destinarse, exclusivamente, a pagar deuda.

Dicho de otro modo, este dinero no podrá usarse para abrir el grifo del gasto, sino que se destinará a saldar tanto los intereses como el principal de los créditos pedidos a los mercados.

Con esta medida, el Gobierno quiere cumplir cuanto antes con Bruselas y recortar sus compromisos financieros hasta el 60% del PIB que dicta Europa.

Todo un ajuste, ya que los Presupuestos Generales del Estado contemplan que este año el endeudamiento llegue al 79,8%, frente al 68,5% con que cerró 2011.

El lastre que supone para el país esta dependencia de los mercados hace que, prácticamente, uno de cada diez euros se gaste en devolver el dinero que se solicitó a los mercados. Unos compromisos ineludibles que, junto a pensiones y paro, componen el gran agujero de los Presupuestos del Estado.

Para evitar que esta situación se repita, la Ley de Estabilidad obliga a que las administraciones hagan sus previsiones de gasto con unas previsiones de ingresos estables, es decir, sin tener en consideración elementos excepcionales.

Con esta medida se quiere evitar que si, por cualquier situación, durante uno o varios ejercicios, un ayuntamiento o una comunidad tienen unas cifras excepcionalmente positivas -como ocurrió en el pasado con el boom de la construcción-, no puedan diseñar unos planes de gasto conforme a estos incrementos, ya que en el fondo son artificiales.