La asfixia financiera de las comunidades autónomas se agrava. Al riesgo de incumplimiento de los objetivos de déficit a raíz de los 4.700 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta que el Ministerio de Hacienda se niega a desbloquear se suma una deuda autonómica que ha superado por primera vez la barrera de los 300.000 millones de euros. Una cantidad insólita que tiene al Gobierno central como principal acreedor porque, de acuerdo con la información facilitada por el Banco de España, el 60% del pasivo autonómico está en manos del Estado.
El nuevo récord de deuda pública acaparó todos los titulares la semana pasada, cuando se dio a conocer que el pasivo del conjunto de las administraciones públicas superó en junio los 1,21 billones de euros, el equivalente al 98,3% del Producto Interior Bruto (PIB), según las estimaciones del Ministerio de Economía. Pero pasó desapercibido otro hito: en el desglose por administraciones aportado por el supervisor se observa una cifra nunca vista en el apartado de las comunidades autónomas: 300.061 millones de euros.
El pasivo autonómico escala así hasta su pico más alto en un momento en el que han saltado las alarmas en los gobiernos regionales, que atraviesan serias dificultades para cumplir con el objetivo de déficit del 0,1% del PIB fijado para este año. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se ampara en un informe de la Abogacía del Estado para negarse a liberar los casi 5.000 millones de euros con los que contaban las comunidades autónomas para este año. La situación de interinidad del Gobierno le impide entregar esta cantidad, a la que se suman otros 2.500 millones del IVA que quedan pendientes de 2017.
Ejecutada ya la mayor parte del presupuesto anual, los gobiernos autonómicos tienen poco margen de maniobra y solo les queda limitar el gasto público. Dirigentes del PP han salido en tromba para reclamar la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera y abordar los problemas de tesorería a los que van a tener que hacer frente por esta "asfixia financiera". Y algunas autonomías se plantean emprender acciones legales e incluso ya han iniciado los trámites judiciales. Es el caso de Cataluña, que reclama al Ejecutivo en funciones más de 1.300 millones de euros pendientes de pago.
La comunidad que preside Quim Torra es la más ahogada de España. Según los datos más recientes del Banco de España desglosados por comunidades autónomas, correspondientes al primer trimestre del año, Cataluña tiene una deuda de más de 78.800 millones de euros (el 34% de su PIB), la más elevada de todas. La magnitud es tal que acumula más de una cuarta parte de la deuda autonómica total.
La segunda autonomía con mayor volumen de deuda es la Comunidad Valenciana, con 46.922 millones, un 41% de su PIB, y en el tercer escalón están casi igualadas Andalucía y Madrid, con más de 35.000 millones de euros cada una, una cifra que en el primer caso equivale al 22% y en el de la capital estatal al 15% de su PIB regional.
Ante estos datos, la Autoridad Fiscal (AIReF) ha advertido de que el "riesgo de sostenibilidad" para el subsector de las CCAA sigue siendo "ligeramente alto, con una ratio de deuda que no se proyecta llegue al nivel de referencia legal del 13% en los próximos 15 años". A nivel individual, destaca el "alto riesgo para la sostenibilidad identificado en Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia, donde son necesarios más de 100 días de trabajo para pagar la deuda autonómica".
El Estado, principal prestamista
Mientras tanto, las regiones siguen cargando deuda al Estado. A través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que engloba las líneas de crédito que surgieron con la crisis financiera, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores (FFPP), el Gobierno central tiene en sus manos el 60% de todo el endeudamiento autonómico, unos 178.344 millones de euros.
El Estado es el principal prestamista, sobre todo de Cataluña. De nuevo con los datos del primer trimestre recogidos por el BdE, la Generalitat debe al Estado 58.673 millones de euros, fruto de los abultados y continuados préstamos de los que se ha ido nutriendo desde lo peor de la crisis económica. Esta cantidad implica que el Gobierno central acapara tres cuartas partes de toda la deuda pública del Govern.
Varias de las autonomías más endeudadas han relacionado sus elevados números rojos con la infrafinanciación que, a su juicio, reciben del sistema de régimen común, y de ahí que exijan una reforma que ya acumula un retraso de cuatro años. Precisamente, esta semana el Senado rechazaba la solicitud del PP para que la ministra Montero y los diferentes consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas comparecieran en la Cámara Alta para abordar los problemas de la financiación autonómica. El PSOE se opuso alegando que en estos momentos el Gobierno está en funciones y apostó por un debate "serio" cuando se conforme un Ejecutivo en plenas facultades.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios