La reforma de la financiación autonómica está en boca de todos. El Gobierno comienza ya a negociar con las Comunidades Autónomas con el objetivo de reformar un modelo que data de 2009 y que no ha contentado a nadie desde entonces. Aquella reforma salió con la abstención de las regiones gobernadas por el PP, por eso ahora Rajoy quiere sacarlo adelante consensuándolo con el PSOE, que tiene el mando en siete CCAA.
Son muchas las reclamaciones de los distintos territorios que van encaminadas a que se igualen los llamados Servicios Públicos Esenciales (SPE) en todo el país. La aprobación del Cupo Vasco en el Congreso, con los votos a favor del PP y del PSOE, no ha ayudado mucho a calmar los ánimos entre los líderes regionales de ambos partidos, ya bastante descontentos con el actual sistema.
De los cinco pilares básicos del llamado Estado de Bienestar, tres son competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, educación, sanidad y servicios Sociales, y dos pertenecen al Estado, pensiones y prestaciones por desempleo. Lo que piden las CCAA es precisamente poder dar el servicio que tienen transferido, y para ello demandan poder gestionar más y mejor el dinero.
El Gobierno encargó un informe para la reforma del sistema a un grupo de expertos que han concluido que la actual financiación es insuficiente para afrontar el gasto de los SPE, y que, además, el modelo está desfasado, es poco transparente y hay una clara desigualdad, de hasta 800 euros, en la financiación por habitante.
Según los últimos datos disponibles, calculados por Fedea, las que salen peor paradas son la Comunidad Valenciana, con 2.178 euros y Murcia, con 2.236, frente a los 2.354 del conjunto de comunidades de régimen común. En este grupo por debajo de la media también se encuentran Andalucía (2.272 euros), seguida de Madrid (2.308) y Cataluña (2.312).
Esta situación contrasta con la de Cantabria, con 2.906 euros por habitante, y La Rioja (2.844), que son las comunidades mejor financiadas, según este índice, seguidas de Extremadura (2.693), Baleares (2.553) y Castilla y León (2.515).
Deuda y gestión de impuestos
Las reclamaciones de las Comunidades pasan por muchas y muy distintas reivindicaciones lo que hace muy complicado poner a todas de acuerdo y coloca en un serio aprieto al Gobierno. Muchos se han echado las manos a la cabeza al escuchar la propuesta del candidato socialista a la Generalitat, Miquel Iceta, de condonar una parte de la deuda a Cataluña (la comunidad más endeudada en términos totales) y de "asumir toda la responsabilidad fiscal y de Gobierno y por tanto también la recaudación y gestión (en consorcio con la Administración central), de los impuestos que se pagan en Cataluña".
Sin embargo si miramos a las propuestas realizadas por el resto de Comunidades Autónomas del Régimen Común (todas salvo el País Vasco y Navarra), se parecen bastante a las realizadas por el líder del PSC. Así, por ejemplo, la Comunidad Valenciana en su informe entregado a Montoro propone asumir la recaudación del 70% del IVA (actualmente en el 50%) y los impuestos especiales (en el 58%) así como la cesión de impuestos medioambientales y sobre primas de seguros. Es la forma, según la Generalitat, de poder financiar educación y sanidad.
En este sentido los expertos propuestos por el Gobierno hablaban de un IVA colegiado, en el que las CCAA tengan poder de decisión en su 50% de participación, y que se mantenga el actual reparto del IRPF en el 50% entre Estado y Comunidades. La propuesta de Baleares irá también en esta línea y pedirá al Estado más autonomía fiscal y financiera, un aumento en la gestión de los impuestos que se recaudan en las islas y propone un sistema de "dos velocidades" en el que todas las CCAA estén cómodas. Hablarán abiertamente de "federalismo fiscal asimétrico".
En cuanto a la deuda Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias y Baleares pidieron en sus propuestas del modelo de financiación que se condonaran las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). ¿Cuál es el argumento? Piden esa compensación por la deuda generada debido a lo que consideran infrafinanciación por el modelo actual. Tres de ellas están entre las cinco CCAA con más deuda: Comunidad Valenciana (41,5% de su PIB), Castilla-La Mancha (36,5%), Cataluña (35,2%), Baleares (30,4%) y Murcia (28,8%).
El "coste real" de los servicios públicos
Después viene lo que muchas Comunidades denominan "el coste real" de los servicios según las características demográficas de cada región frente a quienes defienden que se debe tener en cuenta el número de habitantes. Dispersión y envejecimiento son los dos principales motivos que llevan a las CCAA, algunas de ellas teniendo la mejor financiación por habitante, como Cantabria o La Rioja, a pedir más y mejor financiación.
Para explicar ese coste real los presidentes autonómicos recurren a ejemplos para ilustrar la situación. La misma explicación viene de mandatarios con distinta ideología. Así por ejemplo Miguel Ángel Revilla dice que garantizar la igualdad de prestaciones sanitarias, educativas o de infraestructuras en Cantabria sería "costosísimo". "Aquí tenemos 540 juntas vecinales, sumado a una orografía que impide mantener en las zonas rurales un médico, un maestro para cinco niños o construir una carretera".
Por su parte Alberto Núñez Feijóo asegura que no cuesta lo mismo prestar un servicio a una población de 500.000 habitantes que vivan en un barrio de Madrid que los habitantes de la provincia de Ourense. El socialista Emiliano García Page coincide y pone un ejemplo parecido: "La ciudad de Móstoles, para atender a su población, necesita cinco centros de salud, pero toda la provincia de Cuenca, con la misma población, precisa cincuenta centros de salud y consultorios".
Solidaridad entre territorios
Y por último hay Comunidades Autónomas que pìden una regulación y una cohesión en la gestión de impuestos. Por ejemplo, Andalucía, junto a Asturias o Castilla La Mancha quiere evitar el "dumping fiscal". El inmediato anuncio de Euskadi de la rebaja del impuesto de Sociedades tras la aprobación del Cupo Vasco no ha sentado bien en Castilla y León. "Un tipo de competencia estatal y de los que los demás no podemos decir ni pío", dijo Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, quejándose de que al ser una comunidad limítrofe con el País Vasco aseguró que las empresas que duden de asentarse en Miranda de Ebro finalmente se irán a Álava.
En el caso de Madrid, las exigencias vienen por estar mejor financiada y para ello pide que se use la población padrón como variable de distribución de fondos, en lugar del indicador de población ajustada actual. "En estos momentos Madrid está claramente infrafinanciada. Recibimos cada madrileño 229 euros menos que el resto de la media de los españoles siendo de largo la Comunidad que más aporta, cerca del 75% del fondo de solidaridad", señaló Cifuentes quien exige una reforma en la que las comunidades forales también "aporten a la solidaridad nacional".
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