El primer encuentro entre Pedro Sánchez y los agentes sociales ha servido para dejar claro en qué situación ha dejado el cambio de Gobierno a cada uno de los tres actores implicados en el diálogo social. Los sindicatos se han empoderado y van con el cuchillo entre los dientes a conseguir lo que ni siquiera podían plantear hace apenas unas semanas, con el derribo de la reforma laboral del Rajoy como objetivo principal. Los empresarios, a la expectativa, dispuestos a dialogar como siempre y apelando al pragmatismo en la ejecutoria del Gobierno. Y el nuevo Ejecutivo socialista, asumiendo su papel de árbitro del diálogo social y su situación de Gobierno con escasa representación parlamentaria para sublimar el valor del diálogo y del pacto.
Las cartas están sobre la mesa y ahora le corresponderá a la nueva titular de Trabajo, Magdalena Valerio, calibrar bien sus pasos para sacar el máximo partido a un instrumento - el diálogo social- capaz de legitimar o derribar gobiernos como se ha demostrado en el pasado. Los representantes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, se han encargado de dejar bien claro que el recorrido del diálogo social en el periodo más o menos largo que se prolongue el primer Gobierno de Sánchez dependerá de su predisposición a revertir los aspectos que consideran más dañinos de la reforma laboral .
En la reunión que han mantenido este miércoles con el presidente, en presencia de la patronal y de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, los sindicatos han exigido al presidente que vaya más allá de unos simples retoques y desactive todas aquellas cuestiones que consideran lesivas para los trabajadores - que no son pocas- , aunque eso suponga que haya acuerdo social entre empresarios y sindicatos.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, enumeró uno por uno cuáles son esos aspectos: la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, la supresión de la ultraactividad, la nueva condicionalidad que se estableció para considerar un despido como procedente y los márgenes del despido objetivo. Pepe Álvarez (UGT) fue aún más allá y aseguró que no hay un solo aspecto de la reforma laboral aprobada en 2012 que se haya traducido en una mejora de la situación económica o de la estabilidad de los trabajadores.
Sin embargo, la ministra de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, ha frenado en seco sus aspiraciones y ha descartado cualquier actuación que no implique un amplio consenso social y político. "Por supuesto que nos planteamos un cambio profundo en el Estatuto de los Trabajadores, pero éste debe hacerse con tiempo y debe salir del diálogo con los agentes sociales y con las fuerzas políticas", subrayó Valerio, que retrasó cualquier reforma en profundidad del marco laboral a la próxima legislatura.
¿Significa esto que no se va a hacer nada? No. La nueva ministra de Trabajo concluyó de la reunión que existe el nivel de consenso suficiente como para afrontar algún ajuste en temas como la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial o la controvertida supresión de la ultraactividad que llegó a cabo la reforma laboral.
El asunto constituye el primer punto de la agenda para los sindicatos, que este miércoles han planteado de forma explícita que si el asunto no se puede resolver dentro del diálogo social, "el Gobierno deberá decidir cuáles son sus prioridades políticas", instándole a actuar en cualquier caso. La parte empresarial, por su parte, mostró su disposición a "avanzar en el marco laboral", si bien consideró improbable una reversión general de la reforma laboral porque, dijo Juan Rosell, presidente de CEOE, "una cosa es lo que se dice y otra muy diferente lo que realmente se puede hacer"
Lo que sí parece que se va a poder hacer, al menos la ministra de Trabajo lo dio por hecho, es el acuerdo salarial entre sindicatos y empresarios para la negociación colectiva de los próximos tres años. Tanto sindicatos como organizaciones empresariales admitieron que las posturas están "más cercanas que nunca" y que el acuerdo podría desbloquearse de forma definitiva en las próximas horas.
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