Fuerte acelerón en el cobro de la conocida como 'enmienda Telefónica', la penalización económica que tienen que asumir las grandes empresas por incluir en sus despidos colectivos a trabajadores mayores de 50 años. La medida la introdujo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su reforma de las pensiones para responder a las prejubilaciones masivas que la compañía de telecomunicaciones realizó en 2011 y que afectaron a más de 6.800 trabajadores, tras anunciar unos beneficios de 10.000 millones de euros. La vía para compensar al erario público por el gasto en protección por desempleo de estas personas lleva años pinchando en el cobro, pero en el último ejercicio se ha acelerado el ritmo de ingresos de manera considerable y ya se han embolsado más del 90% de las cantidades reclamadas.
El procedimiento de reclamación comenzó en el año 2013 y empezó a dar resultados en 2014. Desde entonces, el Tesoro Público, que es el organismo a través del cual se canalizan estos ingresos, comenzó a engordar año a año la bolsa de la 'enmienda Telefónica'. Hasta 2016, cuando la recaudación por este concepto empezó a resentirse, principalmente, por retrasos en la ejecución: complicaciones en la tramitación por lo farragoso del procedimiento, falta de medios humanos y técnicos en el Servicio Público de Empleo Estatal, que es la entidad responsable de reclamar a las empresas las aportaciones obligatorias, etcétera.
Otro de los motivos que justifican el atasco en los cobros, según explican fuentes de ámbito técnico del SEPE, es que entre el reconocimiento de la cantidad que debe abonar la empresa que ejecuta los despidos y el pago efectivo del dinero reclamado suele transcurrir un tiempo por los posibles recursos de las empresas. Además, en ocasiones, el Ministerio de Trabajo iniciaba expedientes para para evitar que prescriba el derecho de cobro sin que se hubiera producido ningún ingreso por aportaciones al Tesoro. De modo que sucedía, en muchos casos, que en el ejercicio en curso aún se estaban tramitando liquidaciones de los 3 o 4 años anteriores.
Así, según consta en los informes anuales del SEPE, en el año 2019, el Tesoro había ingresado 410 de los 559 millones de euros reclamados desde el inicio del procedimiento en 2013, lo que equivale a algo más del 73% del total. Pero en el año 2020, en plena pandemia, la recaudación experimentó un fuerte acelerón, al ingresarse 615 millones de los 682 millones de euros reclamados en total hasta la fecha, de acuerdo con el informe que acaba de hacer público el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo. En suma, el SEPE había logrado captar a cierre del año pasado, a través de Tesoro Público, más del 90% de las cantidades reclamadas en los últimos siete ejercicios.
Fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz corroboran que, efectivamente, "en años anteriores se acumularon cantidades previas de las liquidaciones correspondientes que las empresas recurrían y avalaban antes de proceder al pago y por tanto, generaban un importe acumulado reclamado pendiente de pago". "Una amplia mayoría de los recursos no han resultado favorables para las empresas y la tónica de recurrir ha cambiado. Ahora las empresas prefieren abonar los importes reclamados aunque luego decidan recurrir las cantidades sin hacer frente al coste extra que supone formalizar un aval bancario", explican para justificar el alza de los ingresos.
71 empresas deudoras
A esta explicación se suma que el listado de empresas deudoras ha engordado considerablemente en 2020 respecto a 2019. En concreto, el año pasado se habían reclamado aportaciones a 71 compañías, 10 más que en 2019. En 2018 eran 47 empresas. El 50% de las cantidades ingresadas por el Tesoro (305 millones de euros) hasta 2020 corresponden a Telefónica, por el despido colectivo iniciado en 2011, que ha afectado a 6.830 trabajadores con más de 50 años de edad. Estos trabajadores representan más del 30% del total de afectados incluidos en las reclamaciones: 21.493, cifra que se eleva también sobre los 19.404 incluidos en los despidos hasta 2019.
El SEPE no desglosa las cantidades reclamadas y efectivamente abonadas al Tesoro por cada compañía. De hecho, en abril de 2020, Transparencia pidió al departamento que dirige Yolanda Díaz que detallase cuánto ha pagado cada una de las grandes empresas que, desde el año 2011, han ejecutado despidos colectivos con afectación a mayores de 50 años, pero a día de hoy no lo ha hecho. De manera particular, le demandó que revelase la información sobre las cantidades aportadas por Banco Santander por los despidos colectivos ejecutados en los años 2013, 2016, 2017 y 2019, en los que perdieron su empleo 5.869 trabajadores, muchos de ellos mayores de 50 años. El Sepe alegó que como el procedimiento de reclamación de aportaciones todavía estaba en curso no se había elaborado la información.
La entidad que preside Ana Botín entró en el listado oficial ya en 2019, junto a otras incorporaciones como Iberia, Vodafone o el holding público Tragsa. Ese mismo año, el SEPE incorporó en su informe un nuevo listado que recogía las empresas a las que todavía no se habían exigido cantidades concretas porque se encontraban en diferentes fases del proceso de reclamación. Y una decena de ellas se han incorporado al listado definitivo de empresas a las que se ha procedido a la reclamación de las aportaciones económicas pertinentes en 2020, entre las que destacan el Grupo Astrazeneca, Ericsson, Orange, Peugeot Citroën Automóviles o Seat. Otras 10 permanecen en esa lista provisional, pendientes de que finalice el proceso de reclamación, como por ejemplo Axa Seguros, Bankia, Ibercaja o Indra.
Con todo, la oleada de ajustes de plantilla que están ejecutando grandes empresas de todos los sectores, muchos inmersos en procesos de reestructuración acelerados a marchas forzadas por la pandemia de la Covid-19, llega cuando muchas compañías todavía no han saldado su deuda con el Estado por los despidos masivos que ejecutaron tras la crisis de 2008. En un momento convulso, el Gobierno se ha posicionado en contra, por ejemplo, de los grandes ERE de la banca, y ha pedido a los dirigentes de las entidades financieras de manera directa que se replanteen las cifras de los despidos colectivos (BBVA, CaixaBank y Sabadell han acordado Expedientes de Regulación de Empleo para unos 10.700 empleados) y tengan en cuenta el sobreesfuerzo económico que ha hecho el Estado para apuntalar el sector, con ayudas muy importantes, algunas todavía pendientes.
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