El Gobierno ha pisado el acelerador en su particular carrera por endurecer las multas vinculadas a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En plena vorágine por el acuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2021, el Ministerio de Trabajo sacó el martes a consulta pública un proyecto de real decreto que modifica el procedimiento sancionador y actualiza las cuantías de las multas administrativas a los negocios, cuyos importes permanecen intactos desde hace trece años.
La intención del departamento que dirige Yolanda Díaz es aprobar una nueva regulación en la recta final de este año para su entrada en vigor inmediata. El objetivo, entre otros, es elevar las sanciones en materia de relaciones laborales, empleo y Seguridad Social, de manera que se verán afectadas aquellas empresas que cometan algún tipo de fraude en los ERTE. El Gobierno advirtió desde el principio de que, una vez pasado el pico de la pandemia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social revisaría todos los expedientes tramitados. Según los datos oficiales, ya se está investigando a más de 28.200 empresas, si bien hay que tener en cuenta que se trata de actuaciones en marcha y que pueden concluir sin sanciones.
Hay que recordar que, en base al Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, se considera infracción "muy grave" el hecho de "efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones".
Este tipo de fraudes están penalizados en estos momentos con multas que van desde los 6.251 euros en su grado mínimo hasta los 187.515 euros en su grado máximo. Y además implican para la empresa la devolución de las exoneraciones de cotizaciones sociales de las que haya disfrutado y de las prestaciones indebidamente percibidas por los trabajadores. Ahora el Ministerio de Trabajo ha dado el primer paso para cambiar la regulación y elevar el importe de esas multas, mediante el lanzamiento a consulta pública de un proyecto de real decreto que irá al Consejo de Ministros antes de que acabe el año, tal y como consta en el Plan Anual Normativo del Gobierno.
El real decreto que se pretende aprobar tiene por objeto, en primer lugar, cubrir una laguna normativa para "adecuar el procedimiento sancionador al derecho de los administrados a reducir la cuantía de una sanción en caso de abonar la misma con carácter previo a la resolución" (lo que se denomina terminación del procedimiento por "pronto pago"). En segundo lugar, "garantizar la homogeneidad en las competencias sancionadoras con la atribución de las mismas a los organismos responsables de la gestión de las competencias concretas en materia de Seguridad Social en el ámbito de la Administración General del Estado". Y en tercer y último lugar, "garantizar la proporcionalidad y la capacidad disuasoria de las sanciones en el orden social y, por ende, su efectividad".
Este último objetivo no es baladí. Trabajo considera que desde la última revisión y adecuación de las multas en el año 2007 ha transcurrido "un tiempo suficiente para que la no actualización en este ámbito disminuya su capacidad disuasoria y no se cumpla su máxima, según la cual, la comisión de las infracciones tipificadas no debe resultar más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas". Es decir, que se ha comprobado como, con el paso de los años, a las empresas les sale más barato cometer una infracción y pagar por ella que cumplir la normativa, y se quiere acabar con esta anomalía incrementando el importe de las multas.
Aunque en el documento que acaba de iniciar el proceso de consulta pública no se especifica cuantía alguna para las nuevas sanciones, en el Plan Anual Normativo colgado en el Portal de Transparencia, que recoge todas las iniciativas legislativas que el Gobierno pretende aprobar antes de que acabe el año, se adelanta que para la actualización de los importes se tendrá en cuenta la variación de los índices de precios al consumo. Esto significa que, teniendo en cuenta que desde el año 2007 el IPC ha subido entre un 16% y un 20%, en función del mes de referencia que se tome en la base de datos del INE, la intención del Ejecutivo es aumentar las multas en esas proporciones.
Multas de hasta 225.000 euros
De este modo, y tomando como referencia un incremento del 20%, las sanciones por infracciones leves que ahora van de los 60 euros en su grado mínimo a los 625 euros en su grado máximo podrían elevarse hasta el entorno de los 70 y 750 euros, respectivamente. Por su parte, las multas por infracciones graves subirían en su grado máximo desde los 6.250 hasta unos 7.500 euros. Y por último, las sanciones por infracciones consideradas muy graves pasarían de los 187.515 euros máximos a unos 225.000 euros. Así, las cuantías de las multas se adaptarían a la evolución que ha experimentado el coste de la vida en los últimos trece años. Aunque hay que insistir en que las cantidades están aún por definir por parte del Ministerio de Trabajo.
Cabe recordar que el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social establece que corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, actualizar periódicamente la cuantía de las sanciones. Por tanto, en este caso la revisión de las mismas está en manos tanto de la ministra Yolanda Díaz como del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos incluía el endurecimiento del régimen de infracciones y sanciones aplicables frente a eventuales incumplimientos por parte de las empresas en aspectos como la contratación temporal o a tiempo parcial.
Ahora, inevitablemente, la actualización de las multas afectará a todas aquellas empresas que hayan cometido irregularidades en los ERTE. La ministra de Trabajo ha incidido desde la puesta en marcha de esta herramienta en que la Inspección va a estar vigilante para detectar fraudes y ha llegado a advertir a las empresas de que el castigo puede no limitarse a sanciones administrativas y conllevar consecuencias penales. Para el Gobierno es fundamental que se garantice un buen uso del dinero público destinado a los ERTE y los sindicatos también han puesto el foco en este asunto: "España destinará ingentes recursos públicos para evitar la destrucción masiva de empleo. Instamos a ser beligerantes contra el fraude", avisaba en su cuenta de Twitter el secretario general de CCOO, Unai Sordo.
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