El Ministerio de Trabajo da un paso más en su hoja de ruta para regular la actividad de las plataformas digitales. Tras la aprobación de la ley que obliga a las empresas de reparto a domicilio a contratar como trabajadores por cuenta ajena a los denominados riders, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha encargado un estudio sobre las repercusiones laborales del uso de algoritmos en la organización del trabajo en el conjunto de las empresas que operan en el país. La empresa adjudicataria es Eticas Research & Consulting, una compañía de auditoría algorítmica especializada cuya directora y fundadora, Gemma Galdon, fue miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos entre los años 2014 y 2016. Desligada ya del ámbito político, como referente en la materia, será la encargada de dirigir el proyecto, tal y como consta en la documentación del contrato recientemente adjudicado.
Se trata de un contrato menor al que ha sido invitada únicamente Eticas Research & Consulting. El procedimiento elegido por el Ministerio está regulado en la Ley de Contratos del Sector Público, que permite la adjudicación de contratos menores "directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación". Encaja, además, en la modalidad de contratos menores de servicios, al suponer un importe inferior a 15.000 euros (10.000,05 euros, concretamente). Fue adjudicado el pasado 12 de mayo, coincidiendo con la publicación en el BOE de la ley rider, y el periodo de ejecución se ha fijado entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de este año.
Hay que recordar que la regulación recientemente aprobada solo obliga a contratar a los trabajadores a las plataformas de reparto, pero incluye en sentido amplio el derecho del comité de empresa a ser informado por la compañía "de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles". Un matiz que la vicepresidenta y ministra de Trabajo ya adelantó que serviría para ampliar la ley rider a otros sectores: "Se hará a través de un comité de expertos, que asesorará al Gobierno y estudiará en profundidad el buen uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales de nuestro país", ha anunciaba Díaz tras el Consejo de Ministros del día 12.
Con esa idea, el Ministerio ha encargado a Eticas la realización de un estudio para para analizar cuáles son los efectos del uso de algoritmos, más allá de la optimización de la gestión de las empresas, en lo que se refiere a aspectos como "la contratación, la gestión del trabajo o el poder del empresario", según consta en la memoria justificativa del contrato. El Ministerio quiere, a través de ese informe, identificar "las buenas y las malas prácticas que se puedan estar produciendo" y a raíz de esa información, "proponer aquellas mejoras normativas que puedan ser necesarias para combinar la eficacia de las empresas con la garantía de los derechos de las personas trabajadoras".
En la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público se obvia la trayectoria política de la que fuera dirigente de Podemos con Pablo Iglesias como secretario general desde la fundación del partido hasta 2016 -fue responsable del área de Tecnología, Privacidad y Seguridad- y se justifica el encargo a la empresa y en concreto a Gemma Galdon, quien dirigirá el proyecto, por su perfil "altamente especializado en la materia" y su formación como doctora en vigilancia, seguridad y políticas urbanas en la Universidad Autónoma de Barcelona y analista de políticas tecnológicas especializada en el impacto social, legal y ético de las tecnologías intensivas en datos personales y la auditoría de algoritmos.
En los documentos públicos tampoco se especifica que Galdon forma parte del comité de expertos que están asesorando al Ministerio de Trabajo sobre la senda de crecimiento que debe seguir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para alcanzar el 60% del sueldo medio al final de la legislatura. Se trata de la única socióloga de un grupo conformado principalmente por especialistas de ámbito económico y por representantes de las organizaciones sindicales, ya que las patronales declinaron participar. Desde Trabajo justifican que "la elección de las personas que forman los diferentes comités asesores del Ministerio de Trabajo y Economía social responde al principio de mérito y a la cualificación de las mismas para desarrollar la tarea que se les encomienda sin tener en cuenta otras consideraciones".
Galdon también forma parte del comité de expertos que asesora al Ministerio sobre la subida del salario mínimo
Su currículum le avala. La doctora Galdon trabaja para la Comisión Europea, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales y la Open Society Foundation. Investigadora principal en más de una decena de grandes proyectos de I+D, apoya a la Dirección General de Investigación e Innovación de la CE y forma parte del consejo asesor de Privacy International y Data & Ethics. Es analista de políticas de formación y ha trabajado en proyectos relacionados con la inteligencia artificial y los derechos humanos, el impacto social de la tecnología, las ciudades inteligentes, la privacidad y las tecnologías de gestión de emergencias. Recientemente ha abordado cuestiones relacionadas con el impacto de la pandemia de la Covid-19 en la digitalización y la sociedad y el rol de la inteligencia artificial en el trabajo.
Toda esa información la aporta el propio Ministerio de Trabajo en la memoria justificativa del contrato. En declaraciones a La Información, Galdon desliga la adjudicación del contrato de su vinculación pasada con Podemos -donde asegura que no tuvo un cargo político, sino de ámbito técnico y tecnológico- y sitúa a la empresa Eticas Research & Consulting como referente del sector, que también trabajó con el Gobierno del Partido Popular que presidió Mariano Rajoy y con varios ejecutivos autonómicos. En cualquier caso, los resultados del estudio que será presentado -previsiblemente se hará público- a finales de año permitirán a la Dirección General de Trabajo, que cuelga del Ministerio, "tener los conocimientos necesarios para futuras reformas de la normativa laboral en materia de relaciones laborales", consta en el contrato.
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