Díaz aparcó la indemnización por despido en la mesa de la reforma laboral

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Jordi Salvador i Duch volvió a subir a la tribuna del Congreso de los Diputados este miércoles para demandar que se eleve la indemnización por despido improcedente a los 45 días por año trabajado, en lugar de los 33 días que fijó la última reforma llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy.  La Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se mostró abierta a recibir propuestas al respecto, puesto que esta tarea quedó pendiente en la tramitación de la reforma laboral. Sin embargo, según apuntan fuentes sindicales a La Información, fue el propio Ministerio el que descartó abordar esta cuestión en la negociación con los agentes sociales de la reforma de 2021.

Este miércoles, la líder del espacio de Unidas Podemos escuchaba con atención al diputado catalán desde la bancada azul de la Cámara y asentía en varias ocasiones, aunque al tratarse de la presentación de una moción esta no ha tomado la palabra. Díaz ya había adelantado que el grupo de los 'morados' votaría a favor del texto y en el mismo sentido se ha pronunciado la representante del grupo en el Pleno, en el que ha abogado por ser ambiciosos y no limitarse a recuperar la legislación previa a la reforma de 2012. En la misma línea apuntó la ministra en la anterior Sesión de Control al Gobierno, en la que señaló que "los despidos injustificados son una ilegalidad muy grave" y que si no hacían lo necesario para combatirlos, "los daños serían irreparables".

No obstante, según ha podido saber este diario, la indemnización por despido fue dejada de lado de forma deliberada en la negociación con los agentes sociales de la última reforma laboral. Fuentes sindicales presentes en la mesa de diálogo aseguran que en ningún momento se dio pie a abordar los despidos en estas conversaciones, ya que excedían a los puntos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno para la gestión de los fondos europeos. Por el momento, tampoco se han producido movimientos desde el Ministerio para convocar una mesa de diálogo que trate el apodado "despido reparativo", aunque los representantes sindicales apuntan a que sería positivo adelantarse a la doctrina europea en este sentido y creen que sería bueno tener la oportunidad de debatir y pactar la regulación de estos despidos. 

No es prioritario para el Ministerio de Trabajo

En el entorno de Yolanda Díaz, confirman que este tema no entró en las materias negociadas, pero aclaran que esto no significa que se bloquease, sino que no era "objeto de la reforma laboral". Las fuentes del Ministerio consultadas defienden que ese proyecto se centró en hacer estable el empleo en lugar de entrar en las condiciones de disolución de contratos. Y, por tanto, esta tarea quedó pendiente para una próxima negociación, que a pesar de los gestos favorables de Díaz, no esperan que se dé en el corto plazo por el número de "frentes abiertos" que tienen la cartera. Entre los que también se encuentra el Estatuto del Becario, otro fleco pendiente de esta reforma. 

El despido reparativo tampoco está comprendido dentro del acuerdo de gobierno que firmaron PSOE y Unidas Podemos a finales de 2019. En el que solo se comprometieron a revisar las causas del despido "para hacer más precisa la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción", según recoge el punto 1.5.6 del texto. Tanto Yolanda, como el grupo de Unidas Podemos, se han mostrado claramente favorables a repensar las indemnizaciones por despido injustificado, puesto que entienden que forma parte del compromiso de derogar la reforma laboral de 2012. Sin embargo, en los últimos días los miembros socialistas del Ejecutivo no se han pronunciado sobre este tema, mientras que el grupo parlamentario se ha puesto de perfil en este debate. 

El PSOE lo delega al diálogo social

El portavoz del grupo socialista, Patxi López, adelantó el martes que su formación votaría en contra de la moción de ERC por considerar que la reforma laboral había sido exitosa y que cualquier ampliación de esta debía proceder del diálogo social. En la misma línea se pronunció la diputada Mercè Perea i Conillas, encargada de transmitir la postura del grupo parlamentario en el Pleno de este miércoles. "Sí a restituir los derechos arrebatados por el PP a las personas trabajadoras. Sí al camino del diálogo", ha defendido tras señalar a ERC por no apoyar la reforma laboral -que fue aprobada por un voto erróneo de los 'populares'-. "Hoy el despido tiene que ser el último recurso y en ese caso la indemnización tiene que ser justa, equilibrada y desde luego disuasoria. Pero eso, en el diálogo social", ha sostenido.

Este jueves los grupos representados en el Congreso votarán esta moción, que opera como toque de atención al Gobierno para expresar la voluntad de que se legisle sobre un cierto tema. EH Bildu y BNG han mostrado un apoyo rotundo a la iniciativa, incluso el PNV ha afirmado "converger al 98%", puesto que creen que fijar una nueva cuantía mínima fija no es la solución y podría chocar con la Carta Social Europea. Por lo que todos los socios habituales del Gobierno han tomado una posición común, mientras que el partido mayoritario del Ejecutivo ha dado un paso al lado. 

Sin embargo, en caso de que esta moción no salga adelante, como ha indicado el diputado Salvador i Duch existe una segunda oportunidad para debatir la cuestión en la misma casa. Dado que ERC, EH Bildu y BNG presentaron en mayo de 2022 una proposición de ley conjunta para "aprobar las medidas que quedaron pendientes en la reforma laboral" -las tres formaciones votaron en contra de esta norma- sin embargo, por el momento la Mesa del Congreso no ha fijado una fecha para su toma en consideración. 

Tarea pendiente en año electoral

Por tanto, a pesar de que el resultado de la votación de la moción no es vinculante para el Ejecutivo, que los grupos de izquierda escenifiquen una posición común pone en un aprieto al Gobierno, que va a tener que buscar una excusa por la que hacer 'oídos sordos' a la petición. Aunque, el hecho de que quede como una tarea pendiente para la próxima legislatura puede beneficiar tanto a Pedro Sánchez (PSOE) como a Yolanda Díaz (Sumar) de cara a las próximas elecciones generales. Puesto que podrían encontrar en la campaña electoral una oportunidad para formular la promesa que dé respuesta a las demandas que tanto sindicatos como formaciones progresistas han hecho desde que se diese luz verde a la reforma laboral.