La pandemia de la Covid-19 ha dejado un panorama económico desolador. Aunque el Gobierno insiste en que la recuperación está en marcha, lo cierto es que los indicadores adelantados auguran que la salida de la crisis va a ser más lenta de lo esperado inicialmente. En definitiva, la ansiada reactivación en 'V' que proyectaba la vicepresidenta Nadia Calviño, a estas alturas, se da por descartada. Prueba de ello es que el pasado mes de agosto, en plena oleada de rebrotes, se dieron de baja en la Seguridad Social 5.367 empresas, un jarro de agua fría después de tres meses de desescalada en los que el tejido productivo empezaba a recomponerse de la primera gran estocada del virus.
La estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social es una buena herramienta para tomar el pulso al tejido productivo. A cierre del pasado mes de agosto se contabilizaban en los registros 1.276.979 empresas, 5.367 menos que el mes anterior. Así, coincidiendo con los primeros rebrotes de la segunda oleada del virus, se rompió la tendencia a la recuperación que se venía percibiendo desde mayo. En concreto, frente a las más de 90.000 compañías que echaron el cierre entre marzo y abril por el golpe de la Covid, en mayo se reactivaron unas 26.000, en junio otras 14.000 y en julio, 9.000 más. En total, unas 49.000, de modo que el agujero está lejos de cerrarse.
En este contexto, el escudo de protección de los ERTE es clave para contener la sangría del empleo y, consciente de ello, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha garantizado a los agentes sociales que la herramienta específica habilitada para casos de rebrote se prolongará 'sine die'. La titular de la cartera de empleo no es ajena a los datos de la Seguridad Social que controla el ministro José Luis Escrivá y, ante la evidencia de que se sigue destruyendo tejido productivo, Díaz ha asegurado públicamente que los denominados ERTE de rebrote "no tendrán plazo" y "acompañarán a todas las empresas hasta cuando se necesario". Así lo afirmó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la ley del teletrabajo.
De este modo, la ministra garantizó que estos ERTE, a los que pueden acogerse empresas de cualquier sector que vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas medidas de restricción, van a seguir vigentes. Si bien hizo un matiz no menor al adelantar que, debido a la situación excepcional de confinamientos selectivos que se está dando en regiones como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, se están produciendo afectaciones sobre la legislación laboral que obligan al diseño de otro mecanismo específico que se ajuste a estas circunstancias. Esa nueva herramienta, aún por definir, se encuadraría dentro de los ERTE de rebrote.
En este punto, según avanzan fuentes del diálogo social, hay sintonía para una prórroga indefinida, mientras dure la pandemia. Sin embargo, es en la protección de los ERTE por fuerza mayor donde se va a librar la batalla en la mesa de negociación. El Gobierno ha planteado adoptar una fórmula de "protección diferencial" que no convence ni a la patronal ni a los sindicatos, por considerar que generaría agravios comparativos. La idea de Trabajo y Seguridad Social -ambos ministerios pilotan esta negociación- es extender las ayudas hasta el 31 de enero en los sectores más afectados, con el foco en el turismo, y ampliarlas a los negocios cuya facturación dependa de estas empresas en un 50% o que formen parte de la cadena de valor de las mismas.
El diseño de esta prórroga se antoja, si cabe, más complejo que en anteriores ocasiones. El nivel de detalle en la regulación ha alcanzado un punto casi quirúrgico y de ahí que las negociaciones encallen en cuestiones tan técnicas como los porcentajes de exoneración de las cotizaciones sociales. Aquí la patronal y los sindicatos han hecho frente común para que se retiren las exenciones a los trabajadores reincorporados a la actividad y se destinen esos recursos a subvencionar los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). El Gobierno ha trasladado a los agentes sociales que es necesario recortar la factura de los ERTE -ya han consumido todo el dinero que prestará Bruselas para esta causa- y éstos consideran que, de no quedar otra, esa es la vía más adecuada.
Sí parece haber consenso ahora en otras cuestiones que tienen que ver con el nivel de protección de los trabajadores, como el mantenimiento de la cobertura del 70% de la base reguladora tras seis meses en ERTE o del 'contador a cero', que permite que los trabajadores afectados por ERTE no agoten paro de cara a futuras prestaciones. En las últimas negociaciones el Gobierno había planteado recortar la cobertura hasta el 60%, frente al 50% que marca la ley, según fuentes del diálogo social. Además, en uno de los últimos borradores aportados por el Gobierno constaba que, una vez finalizado el ERTE, el trabajador que acceda a una prestación contributiva por haber extinguido una relación laboral antes del 31 de diciembre de 2021 sí vería reducida la duración del nuevo derecho en tantos días como hubiera percibido prestación durante el ERTE desde el 1 de octubre.
Hay otros flecos no menores que auguran una negociación complicada. La patronal ha insistido al Ministerio de Trabajo en que es necesario levantar el veto a los despidos, tanto por la vía de la cláusula de salvaguarda del empleo que obliga a mantener las plantillas en los seis meses tras la reanudación de la actividad como por el camino de la prohibición del despido objetivo por causas derivadas de la Covid-19. Díaz no parece dispuesta a ceder en esto, pues en el último borrador mantenía la prohibición de despedir hasta el 31 de diciembre. Y ello a pesar de que la CEOE ha advertido de que si no se permite a las empresas ajustar sus plantillas ante el deterioro de la situación económica, muchas acabarán en quiebra o en concurso de acreedores.
Con este panorama, los equipos de Díaz y Escrivá abordan hoy con los negociadores de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT la nueva prórroga de los ERTE. El reloj juega en contra, pues de alcanzarse un acuerdo esta semana la aprobación no se haría efectiva hasta el próximo Consejo de Ministros, el martes 29, y no entraría en vigor hasta el mismo día 30 en que caduca el actual esquema. La ministra de Trabajo se ha mostrado convencida de que no saldrán de la mesa sin un acuerdo y ha querido lanzar un mensaje de confianza de que los ERTE tendrán continuidad a partir de octubre. Sin embargo, los empresarios advierten de que las prórrogas 'in extremis' están generando una gran inseguridad jurídica y muchas empresas valoran ya la opción de convertir sus ERTE temporales en ERE definitivos.
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