Díaz busca su último pacto social en año electoral con el Estatuto del Becario

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho gala durante los más de tres años de legislatura de su habilidad para cerrar acuerdos a través del diálogo social. La también ministra de Trabajo y Economía Social destacó este martes que había tenido en sus manos  "14 acuerdos complejísimos" y en algunos de ellos, como fue el caso del pacto que tuvo como resultado la reforma laboral, ha contado con el respaldo de la patronal además del de los sindicatos. Sin embargo, la ausencia de la patronal en la última fase de negociación de la subida del SMI dificulta que la líder de Sumar pueda exhibir un último acuerdo a tres bandas con el Estatuto del Becario, a escasos tres meses de que comience el ciclo electoral. 

Fuentes presentes en la negociación trasladan a La Información que la cartera de Trabajo ha citado a los agentes sociales -entre los que también se encuentran representadas las universidades- este jueves para retomar el contacto formal por primera vez en el año. No obstante, el equipo de Yolanda Díaz no ha remitido a ninguna de las partes una nueva propuesta por escrito, según ha podido saber este medio, por lo que los diferentes agentes muestran serias dudas de cómo de fructífero va a ser el encuentro.

Para los agentes sociales, la negociación está bloqueada en la cuestión de las prácticas extracurriculares, en las que sus posturas no podrían ser más diferentes. El ministerio envió su última oferta a comienzos del mes de enero, en la que proponía ampliar a tres años el periodo de adaptación para que empresas y centros de estudio prescindiesen de la figura de las prácticas extracurriculares. Es decir, becas para estudiantes no titulados o que cursan una nueva formación, por las que no reciben una calificación, dado que no son parte obligatoria de su plan formativo. 

Este último documento obtuvo el rechazo rotundo de los sindicatos, puesto que suponía una vulneración del acuerdo que cerraron con el Ejecutivo en el mes de octubre, en el que se establecía que las prácticas curriculares desaparecerían al año de aprobarse el Estatuto del Becario. Tanto CCOO, como UGT, afirman que están abiertos para mejorar las bases acordadas, pero en ningún caso a renunciar a este punto que entienden crucial por considerarlas una "bolsa de fraude" en las empresas. 

Los representantes sindicales recibieron con sorpresa el último escrito que suponía un guiño a la patronal y a las universidades, con la esperanza de obtener su respaldo. Por ello, el propósito de la reunión emplazada esta semana se presenta como una gran incógnita y dan por hecho que no saldrá nada en claro de la cita, dado que tendrán que valorar la posible propuesta en frío. Del lado de los empresarios, la última propuesta también parece insuficiente, mientras la opción de apostar por los contratos para la obtención de la práctica profesional no les convence por su falta de desarrollo normativo y por tener "diferente objeto". 

Sin embargo, en el entorno de la vicepresidenta se muestran confiados en que será posible cerrar un acuerdo que aúne las inquietudes de las diferentes partes. Además, destacan el peso del Estatuto del Becario dentro del proyecto de legislatura de la cartera, puesto que supone la concreción de la disposición adicional segunda de la reforma laboral. Si bien es cierto que en este punto de la norma se establece que tendrá por objeto "la formación práctica tutorizada en empresas u organismos equiparados, así como la actividad formativa desarrollada en el marco de las prácticas curriculares o extracurriculares previstas en los estudios oficiales", mientras que los sindicatos abogan por anular estas últimas. 

Díaz dibuja su perfil de candidata

La distancia entre las voluntades de los sindicatos, patronal y universidades hace prácticamente imposible que el Estatuto del Becario vea la luz en los tres primeros meses del año, como era la voluntad del Gobierno. Al menos si quiere hacerlo a través del consenso del diálogo social. El problema es que el margen más allá de marzo es escaso, si se tiene presente que la cita en las urnas para las elecciones municipales y autonómicas es el 28 de mayo. Fecha en la que la mayoría de formaciones parlamentarias dan por terminada la legislatura, en cuanto a negociación y tramitación de proyectos normativos se refiere. 

En cambio, el Gobierno rechaza haber iniciado la campaña electoral y defiende que su principal preocupación es sacar adelante su programa electoral y su acuerdo de gobierno - aparte de solventar los efectos colaterales de la ley del solo sí es sí-. En concreto, Yolanda Díaz observa con cierta distancia las elecciones de primavera, puesto que su plataforma no va a concurrir en ningún municipio ni ella va a presentarse como candidata.  Si bien, el escenario resulta muy diferente de cara a los comicios generales, que previsiblemente tendrán lugar en diciembre, ya que la ministra no ha confirmado qué papel jugará en el espacio a la izquierda del PSOE en esa campaña electoral. Al tiempo que las 'conquistas' en materia electoral pueden constituir su principal baza para ganarse el aplauso de la ciudadanía.