La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, podía elegir dos caminos a la hora de abordar la reforma laboral con los agentes sociales: plantear de entrada el desmontaje del núcleo duro de la legislación de 2012, en base a lo pactado en el acuerdo de coalición y a las demandas sindicales; o apostar por una propuesta más alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea y su interlocutora directa en el Ejecutivo, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con el foco en la reducción de la dualidad del mercado de trabajo. Y ha escogido el primero. El borrador inicial para la "modernización de las relaciones laborales" se limita a modificar aspectos relacionados con la negociación colectiva, un enfoque que genera rechazo en la CEOE y se aleja de las recomendaciones de Bruselas, cuando precisamente se requiere el visto bueno de las autoridades europeas al plan de reformas para acceder a los ansiados fondos de recuperación Next Generation EU.
La propuesta que ha presentado el Ministerio de Trabajo a la patronal y los sindicatos, a la que ha tenido acceso La Información, plantea, en líneas generales, modificaciones en cuatro artículos del Estatuto de los Trabajadores: en el artículo 15, para prohibir los contratos temporales en subcontratas; en el 42, para imponer el convenio de sector a las empresas contratistas; en el 84, para establecer la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en la fijación de los sueldos; y en el 86, para modificar la vigencia de los convenios, aunque sin concretar el marco temporal. Se trata, en cualquier caso, de un planteamiento inicial. Un borrador de partida que, previsiblemente, será ampliado a lo largo de las negociaciones, pero que de entrada limita los asuntos a abordar al ámbito de la negociación colectiva, con un enfoque claro de reequilibrar las relaciones laborales hacia el lado sindical y restar a los empresarios el poder que les otorgó la ley del PP.
Fuentes del diálogo social interpretan el texto como un "claro órdago político" de Yolanda Díaz. Desde el Ministerio de Trabajo defienden que la propuesta se basa en los "puntos de encuentro" que habían alcanzado los interlocutores sociales a principios de marzo de 2020, antes de la irrupción de la pandemia, pero ahora -Covid mediante- su planteamiento desoye voces como la de Calviño, que ha apostado por desplegar reformas "de futuro", frente al desmontaje de la normativa de 2012 que defiende el ala de Unidas Podemos, y por buscar acuerdos con la patronal y los sindicatos a través de propuestas "equilibradas"; la de Antonio Garamendi, el presidente de CEOE, que ha advertido de que no es el momento de introducir rigidez en el mercado laboral; o la del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ha apostado por "mirar hacia adelante", con el foco en la reducción de dos tasas: la de desempleo y la de temporalidad.
Lo cierto es que en las reformas comprometidas con Bruselas se recogen, a grandes rasgos, ambas intenciones: la de abordar cambios en la negociación colectiva y la de reducir la temporalidad a través de distintas fórmulas. En total son 17 reformas en materia laboral -tres de ellas ya están en marcha- y, a un mes de tener que remitir la propuesta final a las autoridades europeas -el Ejecutivo tiene que enviar todo el papeleo definitivo antes del 30 de abril-, sobre la mesa de diálogo social solo se han puesto dos, sobre negociación colectiva y subcontratación. Trabajo, patronal y sindicatos se van a reunir todos los miércoles durante las próximas semanas, pero incluso fuentes gubernamentales tienen poca confianza en que puedan alcanzar algún acuerdo con margen suficiente para incorporarlo al plan de reformas. Aquí podría aparecer el primer desencuentro con la Comisión, que ha insistido en que las reformas deben ser pactadas para que perduren en el tiempo.
Las condiciones de Bruselas
El Gobierno defiende que no existe condicionalidad de la UE respecto a las reformas que hay que acometer para acceder a los fondos de recuperación, pero el reglamento de la Comisión es claro -y estricto- al respecto. Los países miembros deben alinear sus planes con las recomendaciones del denominado Semestre Europeo para acceder al Next Generation EU y la liberación de las transferencias está condicionada al cumplimiento de una serie de hitos y objetivos que reflejen los avances en la aplicación de las reformas comprometidas. "Está todo muy tasado. Los gobiernos tienen que explicar qué reformas van a hacer, detallar en qué consisten y especificar cuándo estarán aprobadas", advierte un exalto funcionario con amplia experiencia en relaciones con las autoridades europeas. Los Staff Working Document de la CE que sirven de guía para los Estados miembros sobre sus planes de recuperación y resiliencia son cristalinos en este sentido.
Sobre el contenido de las reformas, el reglamento también es claro. España, como el resto de países, debe ceñirse a las que la Comisión ha identificado en sus recomendaciones y no han sido atendidas. A este respecto, el documento de trabajo de la CE que acompaña a la propuesta de recomendaciones de 2020 reconoce que "las reformas del mercado de trabajo adoptadas en 2012-2013 para hacer frente a la crisis han desempeñado un importante papel en el fomento de una recuperación económica intensiva en empleo que se inició en 2014". Tras constatar que "el nuevo Gobierno de coalición se ha comprometido a modificar la reglamentación del mercado de trabajo con los objetivos declarados de restaurar el poder de negociación colectiva de los trabajadores y superar la segmentación del mercado laboral" añade que "será importante que cualquier nueva medida solo se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores".
Durante los últimos años -excluyendo las recomendaciones excepcionales durante 2020 por la pandemia- la Comisión ha sacado los colores a España especialmente por el alto grado de segmentación del mercado laboral entre los contratos temporales y los indefinidos y ha puesto el foco en la necesidad de favorecer la transición hacia los fijos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación. Asimismo, ha pedido corregir las deficiencias en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo y mejorar las políticas activas, al tiempo que se incremente la cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito tecnológico. Esos son, a grandes rasgos, los ejes que deben regir las futuras reformas laborales, tal y como defiende el tándem Calviño-CEOE, con apoyo del Banco de España, y en contra de la dirección que, al menos inicialmente, ha tomado Díaz en la mesa de diálogo.
