Persigue la brecha de género

Díaz carga a las empresas una factura de 47 millones por las auditorías salariales

Las compañías de más de 50 trabajadores deberán asumir este coste adicional con periodicidad trianual. El primer control llegará al año de la implantación del Plan de Igualdad.

Yolanda Díaz y Antonio Garamendi
Díaz carga a las empresas una factura de 47 millones por las auditorías salariales
EFE

Acabar con la brecha salarial de género en este país no va a salir gratis a las empresas. Al contrario, a sus esfuerzos para reducir la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres a través de la implantación de planes de igualdad se va a sumar una factura trianual de 47 millones de euros. Es lo que les van a costar las auditorías externas que serán obligatorias para valorar el grado de aplicación efectiva de los principios de equidad retributiva que establece la legislación, según se desprende de la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto del real decreto que tiene previsto aprobar el Gobierno para regular la igualdad retributiva entre ambos sexos.

Si hace apenas una semana La Información revelaba que las empresas obligadas a elaborar y registrar un Plan de Igualdad (en estos momentos las de más de 150 trabajadores; en 2021 las de más 100 empleados; y a partir de 2022 las que cuenten con plantillas superiores a 50 personas) deberían someterse a auditorías externas sucesivas para verificar el cumplimiento de los parámetros de igualdad salarial, ahora el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto cifras exactas al coste extraordinario que van a suponer estos controles para cerca de 30.000 compañías.

En concreto, con datos de la Seguridad Social, el departamento que dirige Yolanda Díaz estima que en la actualidad existen en España 28.837 empresas (el 2,34% del total) que tienen más de 50 trabajadores y que deberán asumir un coste unitario por auditoría de 1.500 euros. Por ello, esta medida costará 43.255.500 euros, a los que habrá que sumar otros 4.183.350 euros de cargas administrativas. En total, el desembolso que deberán hacer estas compañías cada tres años (la primera auditoría debe realizarse al año de implantar el Plan de Igualdad y el resto con periodicidad trianual) supera los 47 millones de euros, a los que se les restarían 576.740 euros de sistemas específicos de ayudas con un valor unitario de 20 euros.

Así consta en la memoria del real decreto de igualdad retributiva que estará en audiencia pública hasta el día 3 de julio. Le acompaña en esta tramitación otro proyecto de real decreto, el relativo al reglamento sobre los planes de igualdad. Ambos quedaron pendientes de desarrollo desde el pasado septiembre, cuando concluyó el plazo que se dio el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. A principios de este mes tuvo lugar la primera reunión de la Mesa de Igualdad, en la que también participó, además de Díaz, la ministra Irene Montero, para abordar el proceso de desarrollo de sendos reglamentos.

Uno de los aspectos que generaron más confusión de la norma que diseñaron hace ya más de un año la exministra Magdalena Valerio y la vicepresidenta Carmen Calvo fueron las denominadas "auditorías salariales". Ahora los reglamentos desarrollados por Díaz y Montero aclaran que estas auditorías se realizarán a nivel interno en la empresa y posteriormente deberán someterse a una auditoría externa "que valore la integración y el grado de aplicación efectiva en la empresa del principio de igualdad de retribución desde una perspectiva dinámica, transversal y sistemática, de manera que se asegure la eficacia de la auditoria retributiva y se detecten las posibles deficiencias que deben ser corregidas por la empresa".

"La primera auditoría externa retributiva deberá llevarse a cabo dentro de los doce meses siguientes al momento en que se apruebe el plan de igualdad, debiendo repetirse, al menos, con carácter trianual, salvo que se establezca un periodo inferior por el plan de igualdad o por requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", tal y como fija el proyecto de real decreto. Además, "la auditoría externa deberá ser realizada por entidades auditoras acreditadas e independientes, así como por personal con formación y/o experiencia específica en igualdad entre mujeres y hombres, preferiblemente también en el ámbito de la igualdad retributiva".

Además, "los resultados de la auditoría externa deberán mantenerse a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social" y también deberán estar disponibles para las personas trabajadoras de la empresa, a través de su representación legal, "debiendo la compañía adoptar las medidas necesarias para subsanar aquellas deficiencias que los resultados hayan puesto de manifiesto y en el plazo que se indique". De este modo, el Gobierno eleva los planes de igualdad al nivel de rango crítico en la gestión empresarial, al someterlos no solo a auditoría externa sino al control permanente tanto de la Inspección de Trabajo como de las propias plantillas.

Previamente a la auditoría externa, la empresa deberá contar con un registro de salarios -desagregado por sexos y clasificación profesional y disponible para consulta de los trabajadores- y haber realizado su propia auditoría retributiva. Según el proyecto de real decreto, esta auditoría interna debe comenzar por un diagnóstico de situación, evaluando tanto los puestos de trabajo como el sistema de promoción y todos los factores que puedan desencadenar diferencias retributivas, como la aplicación de las medidas de conciliación. También debe incluir un plan de actuación para la corrección de las desigualdades retributivas, con determinación de objetivos, actuaciones concretas, cronograma y personas responsables de su implantación y seguimiento a partir de los resultados obtenidos.

Este sobrecoste de 47 millones de euros es visto con cierto recelo por los empresarios, que de momento se mantienen a la espera de la aprobación definitiva de estos desarrollos reglamentarios. Ahora mismo todos los esfuerzos empresariales se centran en mantenerse a flote tras el impacto de la crisis del coronavirus. En las negociaciones con el Gobierno están centrados en conseguir que las condiciones favorables para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se prorroguen hasta el mes de diciembre. El Ejecutivo es partidario, por ahora, de alargar las ayudas hasta el 30 de septiembre, pero también son conscientes de que el tejido empresarial encara una segunda mitad de año muy complicada. La principal demanda de las empresas, en definitiva, es que no les suban los costes en el corto y medio plazo. Las auditorías salariales vendrán después.

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