El previsible relevo en la Junta de Andalucía de Susana Díaz tras más de un lustro en el poder y 36 años de socialismo supondrá un auténtico seísmo en el sector público andaluz que afectará de lleno a una buena parte de sus efectivos y a su estructura. A los ya descontados ceses de cargos públicos y asesores en las consejerías y en las 90 fundaciones, agencias y empresas públicas de la región, que podría afectar a un millar de puestos, se unirá la desaparición de un importante número de estos organismos y de uno de cada cuatro cargos elegidos a dedo, según los programas electorales de Ciudadanos y Partido Popular, las formaciones que negocian ahora un acuerdo de gobernabilidad para Andalucía.
El número de altos cargos vinculados a consejerías que dejará Díaz se sitúa a fecha de hoy en 268, según recoge el Portal de Transparencia que gestiona la propia Junta, mientras que el número de asesores al servicio del Gobierno andaluz -periodistas y jefes de gabinete básicamente-, asciende a 235. Estos puestos -medio centenar- serán los primeros en ser ocupados por las personas de confianza del nuevo Ejecutivo.
Junto a esto, existe un entramado de plazas cubiertas 'a dedo', que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) estimaba en alrededor de 2.000 en el año 2014, solo unos meses después de la llegada a la Junta de Susana Díaz, y que se extiende sobre todo en las área de educación y la sanidad pública andaluza.
De hecho, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) no ha parado de publicar, ni poco antes de las elecciones ni inmediatamente después, la cobertura de al menos una decena de puestos de libre designación. El planteamiento de Ciudadanos sobre este tema es que las citada plazas sean cubiertas a través de un concurso público de mérito y capacidad y no de forma arbitraria, como hasta ahora.
El citado sindicato de la Función Pública lleva años denunciando en los tribunales una situación que aseguran propicia el 'enchufismo' y supone una barrera para que el resto de los funcionarios puedan acceder a determinados puestos y ascender. Aseguran que en muchas ocasiones no son los mejores los que logran a los puestos y sí trabajadores sin experiencia en el área, algo sobre lo que la Justicia les ha dado la razón.
Por su parte, el Partido Popular ha planteado eliminar en un 25% el número de altos cargos en Andalucía con el objetivo de reducir las dimensiones de la administración autonómica y, sobre todo, evitar la politización en las designaciones. También pretende que se hagan públicos a través del Portal de Transparencia todos los cargos de confianza, incluidos los de las empresas públicas y fundaciones.
También el Partido Popular andaluz ha abogado por dar la máxima visibilidad a los nombramientos, haciendo público el cargo y la retribución "para saber quién es quién en el innumerable listado de entidades instrumentales de la Junta", y de auditar el sector público empresarial para eliminar las que sean innecesarias.
Más funcionarios autonómicos
Cuando el 7 de septiembre de 2013 Díaz desembarcó en San Telmo tras la decisión de José Antonio Griñán de no presentarse como candidato a presidir el Gobierno autonómico, los funcionarios dependientes de la Junta eran 235.342. Cinco años después -enero de 2018- su número ascendía a 240.742, lo que supone 5.400 más, según el Registro Central de Personal. Mientras, el número de funcionarios andaluces dependientes de la Administración estatal pasaron de 92.749 en el mes de julio de 2013 a 83.037 a principios de 2018, 9.712 menos.
Andalucía es la comunidad española con mayor número de funcionarios (estatales, autonómicos y locales): 470.151, según el Registro Central, y 555.000, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que no distingue entre funcionarios y empleados que trabajan en las empresas públicas. Un 23% de los asalariados andaluces a finales de 2017 era empleado público.
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