El pasado día 25 de diciembre, Ciudadanos y Partido Popular cerraban un ambicioso acuerdo programático para gobernar Andalucía durante los próximos cuatro años tras casi cuatro décadas de ejecutivos socialistas. En el pacto, las dos formaciones de centroderecha hacían especial hincapié en la regeneración democrática y se marcaban como objetivo impulsar una profunda auditoría en la Junta que sacase a la luz los casos de 'amiguismo', las duplicidades, los cargos a dedo -para eliminarlos- y los favores políticos que se han ido forjando durante los últimos 36 años y han ido conformando una mastodóntica administración.
Desde el partido liderado en Andalucía por Juan Marín se ha defendido una auditoría que pretende dar a conocer "cuánto dinero público se ha ido por el agujero negro de la corrupción" y que busca "eliminar los chiringuitos y las redes clientelares para poder invertir el dinero en educación, sanidad y en el fomento del empleo".
Por su parte, desde el Partido Popular andaluz se ha abogado por dar la máxima visibilidad a los nombramientos y hacer públicos los cargos y las retribuciones "para saber quién es quién en el innumerable listado de entidades instrumentales de la Junta" e impulsar la auditoría del sector público empresarial para eliminar los organismos que sean innecesarios.
El desembarco de un nuevo Ejecutivo en San Telmo propiciará una drástica reducción del número de altos cargos -en la actualidad hay 268 y 235 asesores-; la eliminación de las adjudicaciones de puestos de trabajo de libre designación -cerca de 2.300 y que además no han dejado de aumentar incluso con el Gobierno de Susana Díaz en funciones- y un control de la 'sindicalización' de la Administración andaluza.
En la Junta hay 1.604 liberados sindicales a jornada completa y varios miles tienen dispensas parciales de asistencia al trabajo para defender los derechos laborales de los 240.000 empleados públicos andaluces. Según los datos facilitados por el Portal de Transparencia de la Junta, hay un liberado sindical por cada 150 empleados, un porcentaje superior al de la mayoría de las comunidades autónomas, a excepción de Extremadura, en la que hay un dispensado de trabajar por cada 137 funcionarios. Las 17 autonomías tienen en nómina en torno 10.000 empleados liberados.
En regiones gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, se ha impulsado durante los últimos años una drástica reducción de los liberados, después de que la autonomía capitalina encabezase el ránking de trabajadores dedicados exclusivamente a labores del sindicato, con más de 3.000. Así, la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la comunidad provocó una drástica reducción de las horas sindicales, que ha contribuido a recortar de forma considerablemente el número de delegados en el sector público.
El sector sanitario andaluz es el área en la que se registran más trabajadores dispensados de asistir al trabajo: 684. En los centros de salud de la comunidad, los sindicatos con más peso son el de Enfermería (Satse), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Mientras, en la Administración General hay 511 liberados, más de la mitad pertenecientes a UGT y Comisiones Obreras. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el mayoritario en este sector, apenas cuenta con 26 representantes.
Por su parte, en el área de Justicia hay 137 dispensados de acudir al trabajo y en Educación, 272. La web de Transparencia no especifica qué liberados corresponden a las empresas públicas, un entramado de organismos y entes, más de 90, sobredimensionado y con numerosos altos cargos y puestos a dedo.
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