El Consejo de Ministros ha tomado este martes la decisión de descongelar las subvenciones destinadas a las organizaciones sindicales, que apenas se modificaban desde el año 2012. A propuesta del Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo ha acordado elevar hasta un 56% el importe de estas transferencias respecto a la cuantía del año 2020, hasta rozar los 14 millones de euros. En concreto, alcanzarán en este 2021 los 13.883.890 euros, frente a los 8.878.123,74 del ejercicio anterior. Todo, en plena crisis económica provocada por la pandemia y coincidiendo con un periodo de importantes negociaciones con los sindicatos en el ámbito del diálogo social.
El Gobierno de coalición ha optado por descongelar estas ayudas que se reparten cada año las grandes centrales sindicales CCOO y UGT, en función de su representatividad, para la realización de actividades de carácter sindical. El año pasado las mantuvieron congeladas en esos cerca de 9 millones, tal y como ya hizo Pedro Sánchez en 2018 y 2019, dejando intactos así los recortes impuestos por su antecesor Mariano Rajoy tras la crisis financiera de la pasada década. Por iniciativa de Yolanda Díaz, el Ejecutivo ha aprobado un incremento de nada menos que el 56%, hasta casi 14 millones.
En concreto, los cuarteles generales de Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) van a repartirse en este ejercicio, a partes iguales, algo más de 13,88 millones de euros. Estas transferencias no son ninguna novedad. Al contrario, se realizan cada año por el Gobierno de turno. Si bien la cuantía máxima de estas subvenciones ha variado considerablemente en los últimos tiempos. Si se revisa la hemeroteca del BOE y se echa la vista atrás en el archivo hasta el año 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera, estas ayudas directas rozaban los 15,5 millones de euros. En 2008 el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero elevó la cifra hasta los 15,8 millones, nivel en el que se mantuvo hasta el año 2011.
Fue con la llegada del Partido Popular al poder a finales de 2011, con Rajoy a la cabeza, cuando se produjo el primer recorte en estas partidas destinadas a la realización de actividades de carácter sindical, que se vieron mermadas hasta los 11 millones de euros en 2012. Y ese fue el último año en el que se superarían los 10 millones de euros en subvenciones para los sindicatos, pues fue a partir de 2013 cuando los populares cortaron el grifo considerablemente a estas ayudas, que desde entonces y hasta el último año completo de Gobierno de Rajoy, 2017, se mantuvieron por debajo de los 9 millones de euros, en concreto, en 8.883.890 euros.
De este modo, las subvenciones que otorga el Ejecutivo a los sindicatos se vieron mermadas en un 40% entre los mandatos de Zapatero y Rajoy. Hubo quien pudo pensar que la llegada de Sánchez al Gobierno daría cierto empuje a estas ayudas, aunque solo fuera por la afinidad de la izquierda con los sindicatos, pero el líder socialista se limitó nada más llegar a la Moncloa a ejecutar lo que había dejado firmado su antecesor pocos días antes, de manera que se aprobaron los 8,8 millones de euros en el mes de junio de 2018. En 2019 el revuelo rodeó esta concesión anual al publicarse en el BOE el día 25 de abril, apenas tres días antes de las elecciones generales, pero de nuevo Sánchez activó las ayudas por igual valor de 8,8 millones.
En 2020, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos dio luz verde a subvenciones por la misma cuantía: 8.883.890 euros. La decisión se conoció en el mes de junio, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió un extracto de la resolución firmada por la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social el día 10 de marzo y que no había visto la luz hasta ese momento, más de tres meses después, con motivo del parón que provocó la irrupción de la pandemia del coronavirus en todos los niveles de la Administración.
Para este 2021 las subvenciones se han fijado en 13.883.890 euros, más de un 50% por encima de la cuantía en la que permanecían congeladas durante los últimos ocho años. Con su publicación en el BOE, que previsiblemente se producirá en los próximos días, se abre el plazo efectivo para que las organizaciones soliciten las ayudas, para lo que dispondrán, como suele ser habitual en estos casos, de un periodo de un mes.
El Consejo de Ministros ha decidido aprobar estas transferencias más pronto de lo habitual. En los años anteriores lo normal era que esta convocatoria se abriera ya entrado el verano, en los meses de julio o agosto, aunque es cierto que Sánchez ha venido optando en los últimos tres ejercicios por adelantar la fecha al primer semestre, pero nunca en febrero. La decisión coincide con un periodo convulso en el diálogo social, donde se están debatiendo temas sensibles como la regulación de los riders y donde permanecen atascados otros como la reforma laboral o el salario mínimo interprofesional (SMI), motivo por el cual los sindicatos han salido a protestar a las calles.
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