Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social han tenido que subcontratar los servicios de empresas externas por un coste millonario para parchear la falta de personal que, tanto en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como en la Seguridad Social, hacía imposible tramitar con medios propios la avalancha de prestaciones que ha provocado la pandemia. En concreto, desde el pasado mes de marzo, estos dos departamentos han firmado hasta seis encomiendas -encargos- con Tragsatec, filial del grupo público Tragsa, para sacar adelante medidas tan prioritarias para capear esta crisis económica como son los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Ante el colapso administrativo que provocó el aluvión de solicitudes por parte de quienes pasaron a necesitar una prestación pública tras el estallido de la crisis sanitaria, tanto el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige Yolanda Díaz, como el de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, que pilota José Luis Escrivá, optaron por contratar a Tragsatec, filial tecnológica del Grupo Tragsa, integrado en el holding público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). A través de encomiendas de gestión, se encargaron a esta empresa -medio propio de la Administración- diversas tareas administrativas para evitar la paralización total de las tramitaciones en un contexto sobrevenido, complejo y urgente.
Uno de los primeros encargos que Trabajo hizo a Tragsatec se adjudicó a través de una encomienda por procedimiento de emergencia el día 26 de mayo, en pleno estado de alarma, por un importe de 139.982 euros. Así consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se recoge este contrato con el objeto de "realizar tareas de apoyo a la Dirección General de Trabajo en la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor como consecuencia del Covid-19". El encargo a este medio propio salía a la luz en pleno colapso del SEPE, que provocó importantes retrasos en los pagos de prestaciones, según denunciaron los beneficiarios e incluso los propios funcionarios de los servicios públicos de empleo. Tan solo un mes después, el 24 de junio, se formalizaba un nuevo contrato con el mismo concepto por valor de 72.973 euros.
Antes de estos encargos, el 20 de mayo, el departamento de Díaz, a través de la Dirección General del SEPE, ya había pedido ayuda a Tragsatec para la gestión del subsidio extraordinario para las empleadas del hogar por un importe de 771.320 euros. El Gobierno había prometido esta prestación en una iniciativa histórica en materia de protección social de este colectivo, pero dada su excepcionalidad, al ser un subsidio nuevo, implicó una gran complejidad técnica que demoró la tramitación durante meses, según justificaron desde Trabajo. En esta licitación, el propio director del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, admitía que "el SEPE carece de medios humanos y materiales suficientes para poner en marcha y gestionar este nuevo subsidio dada la sobrecarga de trabajo que ha conllevado la incidencia del Covid-19".
Pero los contratos más cuantiosos han corrido a cuenta del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En concreto, se trata de un par de encomiendas, también a Tragsatec, para apoyo en la tramitación del IMV, la novedosa prestación que puso en marcha el Gobierno progresista para paliar los efectos de la crisis económica sobre la población más vulnerable. El importe del contrato asciende a un total de 7,6 millones de euros, dividido en dos encomiendas distintas, una de 6,13 millones de euros para "asistencia técnica en la captura y tramitación de la gestión electrónica de las prestaciones económicas del Ingreso Mínimo Vital" y otra para "asistencia técnica de apoyo a la atención e información telefónica para la nueva prestación", por otros 1,47 millones de euros.
Ya antes del estallido de la pandemia, a finales de febrero, el SEPE había encargado a la filial de Tragsa labores para la gestión de deudores por prestaciones por desempleo indebidamente percibidas con un coste de 383.110 euros. Según aquel encargo, publicado también en el Portal de Contratación del Estado, "el tiempo transcurrido entre la detección del cobro indebido y el inicio del correspondiente procedimiento de reintegro resulta excesivo" y "la falta de personal en el SEPE impide disminuir los plazos, con el riesgo que conlleva para la recuperación de los importes, por ello se hace necesario un apoyo externo que evite mantener o aumentar la demora".
De este modo, durante la pandemia el Gobierno ha ido parcheando la escasez de personal consecuencia de años de recortes a través de subcontratas, externalizando tareas mediante encomiendas a medios propios, algo que, por otro lado, no es nuevo. Al contrario, desde hace años el SEPE ha venido encargando a la filial de Tragsa parte de los procesos necesarios para tramitar las solicitudes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil o el INSS le ha encomendado la gestión de las prestaciones económicas concedidas al amparo de normas internacionales, por ejemplo. Y echando la vista atrás, en lo peor de la anterior crisis, también se encargaron de desatascar el cuello de botella que se generó en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), una externalización cuya legalidad fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas.
Todo ello, a la vez que las plantillas de funcionarios han ido mermando. Los sindicatos denuncian una caída de efectivos en picado en la última década y el propio Gobierno la admite, culpando por ello al anterior Ejecutivo del PP y justificando que ante la necesidad de la pandemia se ha procedido a incorporar 1.000 interinos en el SEPE y otro millar en la Seguridad Social. Sin embargo, en las negociaciones que acaban de comenzar para la nueva oferta de empleo público el Ejecutivo ha planteado un 40% menos de plazas respecto a las ofertadas el año pasado y desde el sindicato de funcionarios CSIF han rechazado la cifra (7.066 plazas de acceso libre y 6.247 para promoción interna) y han advertido de que el recorte "puede llevar al colapso a la Seguridad Social o al SEPE".
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