El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) continúa externalizando servicios para cubrir necesidades a las que es incapaz de hacer frente con medios propios al tiempo que recorta plantilla, una incongruencia que levanta ampollas entre los trabajadores desde hace meses. En esta ocasión, le ha encargado a la empresa Tragsatec, filial tecnológica del grupo público Tragsa, la prestación de servicios en el ámbito de la atención a usuarios para los próximos tres años por un valor superior a 6,6 millones de euros, según ha podido confirmar La Información por fuentes del Ministerio de Trabajo.
La encomienda de gestión (así se denomina a los encargos a medios propios de la Administración) fue aprobada el pasado mes de junio, tal y como consta en la documentación de encargos a Tragsa y Tragsatec, si bien todavía no figura en la Plataforma de Contratación del Estado, donde el Gobierno está obligado a publicar todas las licitaciones. En cualquier caso, no es la primera vez que el Ministerio de Trabajo recurre a la empresa integrada en el holding público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De hecho, ha tirado de sus servicios en varias ocasiones, con especial intensidad durante la pandemia para hacer frente a la avalancha de prestaciones.
El problema es que, en esta ocasión, el millonario encargo (el importe del contrato alcanza los 6.607.657,43 euros, concretamente) coincide con el cese de 1.500 funcionarios interinos incorporados para hacer frente al exceso de trabajo derivado de la pandemia: 500 que ya cesaron el pasado 30 de junio, otros 500 que lo harán el 30 de septiembre y los 500 restantes, el 31 de diciembre. Y además se produce después de que el SEPE haya sacado a licitación un contrato para la mejora del sistema de gestión de prestaciones por desempleo, por un valor estimado de más de 4 millones de euros, como se reveló en estas páginas.
Desde las organizaciones sindicales con presencia en el SEPE cuestionan el 'modus operandi' del Ministerio de Trabajo, al contraponer las dificultades -impuestas desde Hacienda- para incrementar la plantilla estructural del organismo con la holgura en el gasto a la hora de externalizar y privatizar determinados servicios. Consultados al respecto de este último contrato firmado con Tragsatec, desde el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz se limitan a indicar que "es un encargo a esta empresa pública para el desarrollo del proyecto de innovación tecnológica dentro del SEPE para la atención a usuarios", es decir, para mejorar, por ejemplo, aspectos como la atención telemática a los ciudadanos.
Una vieja conocida
Tragsatec, en cualquier caso, es una vieja conocida del Ministerio. No hay que olvidar que ya externalizó a través de esta compañía determinadas tareas de apoyo a la Dirección General de Trabajo para hacer frente a la avalancha de ERTE en pleno colapso del SEPE. Antes ya se había encargado a la misma empresa pública la gestión del nuevo subsidio para empleadas de hogar, admitiendo en la licitación que "el SEPE carece de medios humanos y materiales suficientes para poner en marcha y gestionar este nuevo subsidio dada la sobrecarga de trabajo que ha conllevado la incidencia del Covid-19". En total, en estos dos encargos se gastó unos 984.000 euros.
Pero ya antes de la situación sobrevenida por la pandemia el SEPE había encargado a la filial de Tragsa labores para la gestión de deudores por prestaciones por desempleo indebidamente percibidas por 383.110 euros. Según aquel encargo, "el tiempo transcurrido entre la detección del cobro indebido y el inicio del correspondiente procedimiento de reintegro resulta excesivo" y "la falta de personal en el SEPE impide disminuir los plazos, con el riesgo que conlleva para la recuperación de los importes, por ello se hace necesario un apoyo externo que evite mantener o aumentar la demora". Y en el año 2018 se le habían encargado servicios en el marco del Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil por más de 2,5 millones de euros.
Escrivá también subcontrata
Con todo, el Ministerio de Trabajo no es el único que ha tirado de este tipo de subcontratas ante la insuficiencia de medios propios. Es más, los contratos más cuantiosos han corrido a cuenta del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que depende del ministro José Luis Escrivá. En concreto, se trata de un par de encomiendas para apoyo en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital que ascienden a un total de 7,6 millones de euros: una de 6,13 millones de euros para "asistencia técnica en la captura y tramitación de la gestión electrónica de las prestaciones económicas del Ingreso Mínimo Vital" y otra para "asistencia técnica de apoyo a la atención e información telefónica para la nueva prestación", por otros 1,47 millones de euros.
Todo ello, a la vez que las plantillas de funcionarios han ido mermando. Los sindicatos denuncian una caída de efectivos en picado en la última década y el propio Gobierno la admite, culpando por ello al anterior Ejecutivo del PP y justificando que ante la necesidad de la pandemia se ha procedido a incorporar interinos tanto en el SEPE como en la Seguridad Social. Pero llegados los ceses, en el caso del Servicio Público de Empleo, los sindicatos denuncian que, de cara al verano, la pérdida de más de un millar de trabajadores (entre interinos Covid y los adscritos al Plan de Estabilización de Empleo Temporal) y las vacaciones programadas del personal van a contribuir al colapso de este servicio público esencial del que depende el abono de las prestaciones por desempleo y ERTE, entre otras.
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