La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es ambiciosa y quiere cambiar a fondo el mercado de trabajo español. No se conforma con las modificaciones introducidas por la reforma laboral y ahora aboga por destopar la indemnización por despido improcedente más allá de los 33 días por año trabajado, que quedaron establecidos con carácter general con la normativa de 2012 que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy. "Los despidos injustificados son una ilegalidad muy grave, si no hacemos lo necesario para combatirlo, los daños van a ser irreparables", ha sostenido en el Pleno del Congreso.
La ministra que encabeza la estrategia laboral del Ejecutivo ha defendido este miércoles que las consecuencias de estos despidos 'low cost' tienen graves consecuencias en cuatro direcciones. Por un lado, a los trabajadores, que sufren la precariedad y ven rotas sus expectativas de vida. Del lado de los derechos laborales, Díaz ha señalado que dejarán de reclamarse por el miedo a perder el empleo, lo que repercutirá en malas condiciones laborales. Además, la vicepresidenta entiende que las empresas que cumplen con la legalidad también se ven perjudicadas frente a otras que siguen esta estrategia para hacer competencia desleal. Y por último, ha señalado como última perjudicada a la economía española que debe asumir el coste de las prestaciones por desempleo, al tiempo que el parón en estas vidas retrae el consumo.
La responsable de la cartera de Trabajo ya hizo referencia a esta cuestión el martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 30 de enero. La Justicia catalana ha establecido que el límite de 33 días puede ser superado en el caso de que la indemnización resulte "notoriamente insuficiente" para compensar los daños y perjuicios causados al trabajador por el despido. Este giro implica tener en cuenta la situación personal del empleado a la hora de establecer la indemnización y es precisamente en la línea en la que apunta Díaz. Aunque, indirectamente, ha descartado que vaya a ser posible sacarlo adelante en los escasos meses que quedan por delante de legislatura, por lo que tal vez sería una cuestión pendiente para su candidatura al frente de Sumar.
La titular del espacio a la izquierda del PSOE en el Gobierno, señaló este martes que España "se aleja" del consenso europeo que entiende que las indemnizaciones "deben ser de acuerdo a otro tipo de factores y no estar topadas" como en nuestro país. Sin embargo, en esa ocasión también se mostró prudente e invitó a esperar a conocer la postura del Consejo Europeo -que no resulta de obligado cumplimiento para España- a pesar de reconocer que "estamos teniendo un problema con esta cuestión". Este miércoles en el Congreso ha sido incluso más contundente y ha hablado de "encararlo de frente", en la "dirección correcta" y "sin trampas".
"No se puede trivializar con el despido, no debemos consentir argumentos falaces. Es de futuro y de ley que lo abordemos", ha afirmado, tras lo que se ha referido al artículo 35 de la Constitución española que ampara la estabilidad del trabajo. "El despido barato fomenta relaciones laborales tóxicas y la precariedad", ha defendido en respuesta a los que señalan que una mayor flexibilidad en los despidos fomenta la contratación. Para la ministra, es inadmisible que las empresas puedan incluir los despidos injustificados en su planificación anual, dado que la normativa vigente permite conocer con anterioridad cuál va a ser el coste de prescindir de un trabajador. "Es tan barato que pagan 33 días, en lugar de los 20 a los que están obligados por ley", ha recalcado.
Compromiso del Ministerio de Trabajo
Díaz también ha argumentado que si los poderes públicos no establecen frenos al uso de estas prácticas están "subvencionando el despido", mientras "la factura la paga la sociedad". La ministra ha calificado este problema como una "patología" que tiene el país y ha recalcado las diferencias que presenta en la comparativa internacional, después de que la interpelación presentada por el Grupo Parlametario Republicano hiciese referencia a los precedentes de Francia e Italia, que se han visto obligados a cambiar su normativa sobre esta cuestión.
"Francia copió la reforma de Rajoy y ha tenido que corregirlo porque el Comité de Derechos Sociales y Económicos ha dicho que no cumplía con el artículo 24 de la Carta Social Europea y el 158 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Pronto será turno de España", ha apuntado. La vicepresidenta segunda ha asegurado que se trata de un tema de "máxima importancia" para los trabajadores y trabajadoras y que el compromiso del Ministerio es caminar hacia la legalidad laboral con relaciones sanas. Sin embargo, el tiempo y la pesada agenda normativa, corren en su contra. Díaz se ha mostrado encantada de recibir iniciativas al respecto por parte del grupo de ERC, puesto que ha coincidido en el diagnóstico de la coyuntura.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios