Choque frontal por los ERTE

Díaz se enroca en prohibir los despidos hasta diciembre y subleva a la patronal

YOLANDA DÍAZ
YOLANDA DÍAZ

El Gobierno quiere imponer la prohibición tácita de los despidos hasta el 31 de diciembre. Así se lo ha trasladado a los agentes sociales negro sobre blanco en un documento que el Ejecutivo guarda con la más absoluta discreción, pero que fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que introduce planteamientos imposibles de aceptar para los empresarios. Entre otros, la extensión de la prohibición de extinguir contratos por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas y de producción provocadas por la crisis del coronavirus más allá de lo que dure el estado de alarma, en concreto hasta que finalice el año. 

En el marco de las negociaciones para prolongar la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor derivada del Covid-19 y sus condiciones favorables, tanto para las empresas como para los trabajadores, una vez finalice el estado de alarma, especialmente en los sectores más afectados por la crisis, el Gobierno ha trasladado a la patronal y los sindicatos algunas condiciones que, según ha podido saber La Información, no han sido bien recibidas por los empresarios. Es más, con el planteamiento actual, las fuentes consultadas aseguran que la CEOE "no va a firmar ningún acuerdo".

Antes de nada, hay que matizar que Gobierno y agentes sociales llevan ya semanas hablando sobre posibles soluciones para los ERTE por fuerza mayor vinculados al estado de alarma una vez finalice éste, tras constatar que la recuperación va a ser lenta en muchos sectores. Pero ahora las negociaciones se cruzan con un panorama político que ha dejado pendiendo de un hilo el estado de alarma. Pedro Sánchez ha perdido apoyos clave y ha constatado que cada vez va a ser más complejo alargar este marco jurídico que ampara, entre otros muchos asuntos, los ERTE por fuerza mayor que afectan a más de tres millones de trabajadores. 

Para empezar, y siempre de acuerdo con lo que trasladan quienes han tenido acceso al documento que está ahora mismo sobre la mesa del diálogo social, el Ejecutivo no está dispuesto a prorrogar estos expedientes más allá del mes de junio, una fecha "precipitada" para los empresarios, que insisten en que muchas empresas tardarán meses en recuperarse, sobre todo las de los sectores más afectados por la hibernación de la economía, como el turismo en todas sus vertientes (hostelería, restauración, comercio...). La patronal sostiene que para evitar quiebras resulta necesario que la Seguridad Social siga subvencionando los ERTE hasta finales de año.

Cláusula de 'salvaguarda del empleo'

Según las mismas fuentes, el Gobierno también se niega a admitir la demanda de la CEOE de eliminar la cláusula de 'salvaguarda del empleo', que obliga a las compañías que hagan ajustes temporales a mantener la plantilla durante los seis meses posteriores a la finalización del ERTE, lo que les situaría en diciembre con ese planteamiento del Ejecutivo de mantener los ERTE hasta junio.  En este sentido, lo más preocupante para los empresarios tiene que ver con la prohibición de despedir (o, más bien, la consideración de todos los despidos como injustificados y, por tanto, indemnizables) hasta que finalice el año. "Quieren prohibir cualquier despido hasta el 31 de diciembre", revela una fuente tras analizar el mencionado documento.

Hay que recordar que el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, introdujo que "la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada" previstas para los ERTE por fuerza mayor "no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido" durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. Ahora, ante la posibilidad de que el estado de alarma no pueda prorrogarse por falta de apoyo político o se levante antes de que las empresas puedan retomar su actividad al 100%, el Gobierno plantea acompañar la extensión de los ERTE por fuerza mayor de esta prohibición tácita de los despidos en todo 2020.

EXCEPCIONES

El Gobierno abre la mano a algunos despidos

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo establece que el compromiso de mantenimiento del empleo durante los seis meses posteriores al ERTE no se entenderá incumplido cuando un contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, ni en el caso de una dimisión de un trabajador ni, por supuesto, si un empleado decide jubilarse o incurre en una situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Y del mismo modo, en el caso de los contratos temporales, "el compromiso tampoco se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación".

En paralelo, el mismo Real Decreto Ley impuso la suspensión del cómputo de los contratos temporales de los trabajadores incluidos en los ERTE por fuerza mayor, de manera que estas relaciones laborales puedan alcanzar su duración máxima efectiva, desplegando plenos efectos, en cuanto a la prestación de servicios, la formación que llevan aparejada y la aportación a la actividad empresarial, durante el tiempo inicialmente previsto, una vez finalice el estado de alarma. Ahora el Gobierno plantea que los contratos temporales de las empresas que sigan en ERTE cuando acabe el estado de alarma también tengan que alargarse hasta finales de año, siempre por el tiempo de trabajo que quedara pendiente.

Infracciones y sanciones

Los empresarios aseguran que estos planteamientos son, directamente, "una locura" y se quejan de que con este marco se arriesgan a incurrir en infracciones muy graves por incumplimientos de las obligaciones de mantenimiento del empleo, y se exponen a sanciones económicas muy altas. En concreto, según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, modificada en el marco del estado de alarma, estas infracciones llevan aparejadas multas que van de 6.251 a 25.000 euros en su grado mínimo; de 25.001 a 100.005 euros en su grado medio; y de 100.006 a 187.515 euros en su grado máximo. Además, implican la devolución de las prestaciones cobradas por los trabajadores y de las cotizaciones sociales exoneradas durante el tiempo que durase el ERTE.

Ante estas imposiciones, desde el flanco empresarial del diálogo social indican que el acuerdo para prorrogar los ERTE en condiciones favorables tras la finalización del estado de alarma "nunca ha estado más lejos". Es más, según ha podido saber La Información, la reunión que estaba prevista para este lunes se suspendió en el último momento ante el rechazo de la patronal a aceptar estos términos, de manera que el Gobierno no pudo llevar esta medida de ámbito laboral al Consejo de Ministros del martes. "El Gobierno está alejado de la realidad y con estos planteamientos no vamos a firmar nada. Ese documento no contará con el apoyo empresarial", sentencian desde la CEOE. 

El Gobierno actuará si no hay acuerdo

Así están las cosas. Los empresarios están en pie de guerra y se niegan a firmar la propuesta del Ejecutivo, primero porque consideran insuficiente la prolongación de los ERTE por fuerza mayor en las condiciones actuales (incluida la exoneración de las cotizaciones sociales) solo hasta el mes de junio. Y después, porque creen que las estrictas imposiciones respecto al mantenimiento de las plantillas no harán más que asfixiar a las empresas y muchas se verán abocadas a la quiebra. En principio, los agentes sociales se han dado otra semana para negociar, pero el Gobierno no descarta tomar decisiones por su cuenta si no se alcanza un acuerdo antes de que se tenga que levantar el estado de alarma, según confirmó ayer el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

La principal cuestión que preocupa al Gobierno es la millonaria factura que suponen estos expedientes para la Seguridad Social, que está asumiendo el 100% de las cotizaciones en el caso de las empresas de menos de 50 trabajadores que se han acogido a ERTE por fuerza mayor y el 75% en el de las más grandes. Ayer mismo el Ministerio de Trabajo informó de que la cifra de beneficiarios de prestaciones por desempleo se ha disparado hasta los 5,2 millones de personas, lo que supone un récord histórico de prestaciones abonadas en la historia del Sepe. En consecuencia, la nómina mensual ha escalado a los 4.512 millones de euros, lo que representa un aumento de 3.976 millones respecto a abril de 2019. El incremento es del 207,15% y, de mantenerse en el tiempo, pondría en serio riesgo la sostenibilidad financiera del sistema. 

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