El Gobierno quiere dar un paso más en la limitación de los pagos con dinero en efectivo en España, imponiendo por ley a las empresas la transferencia bancaria como método principal para el abono de los sueldos a sus empleados. En estos momentos, el Estatuto de los Trabajadores fija que los empresarios pueden abonar las nóminas en metálico -en euros, que es la moneda de curso legal- o mediante cheque u otra modalidad similar a través de entidades de crédito, previa aprobación del método de pago por parte de los representantes de los trabajadores. Pero ahora el Ministerio de Trabajo estima "muy conveniente que se obligara jurídicamente a que el pago de la mayor parte de los salarios se hiciera siempre por transferencia bancaria".
Así consta en el borrador del nuevo plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2021, 2022 y 2023, al que ha tenido acceso La Información y que contempla todo un paquete de lucha contra el fraude, priorizando, entre otras, las actuaciones en materia de salarios, por ser el sueldo "el elemento más esencial de la relación laboral" y los incumplimientos empresariales sobre el mismo "una de las más graves vulneraciones contractuales y ataque a los derechos de los trabajadores". De este modo se define negro sobre blanco en un texto que se está negociando con los agentes sociales y el propio Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, por tanto, podría estar sujeto a modificaciones.
Para tener un mayor control sobre los sueldos que pagan las empresas a los trabajadores, el Ministerio apuesta por las transferencias bancarias frente al pago en efectivo, un método a día de hoy un tanto arcaico, pero que todavía se utiliza de manera generalizada en algunas actividades económicas como las relacionadas con el servicio doméstico -empleadas del hogar-, la hostelería, el pequeño comercio, los talleres o la construcción, especialmente en el ámbito provincial. Todo ello, por supuesto, dentro de la dimensión legal del mercado laboral, sin tener en cuenta los pagos en 'b' o lo que en citado borrador los técnicos denominan "salarios ocultos".
Trabajo considera que el abono de la nómina a través del banco, que además permite que los empleados puedan acceder a ciertos beneficios por domiciliar la nómina que ofrecen la mayoría de entidades bancarias, como por ejemplo la ausencia de comisiones, debe ser el método generalizado en España "para la mayor parte de los salarios". Y para ello está planeando, tal y como se especifica en el plan estratégico de la Inspección, llevar a cabo una modificación normativa para obligar a las empresas por ley al pago de los sueldos por transferencia bancaria, manteniendo en principio la proporción máxima del 30% para la retribución en especie.
La medida está en la línea de otra decisión adoptada por el Gobierno para prohibir el pago de más de 1.000 euros en efectivo tanto a profesionales como a particulares, según confirmaron a este medio fuentes conocedoras de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda y que se encuentra en tramitación parlamentaria. En un principio, el Ejecutivo planteó dejar el límite de referencia para los particulares en 2.500 euros, pero Unidas Podemos intentó rebajarlo incluso por debajo de los 1.000 euros, bajo el argumento de que se trata de un nicho de blanqueo. La solución de consenso ha sido eliminar la excepción legal inicialmente prevista para las operaciones entre particulares.
En cualquier caso, la obligación de abonar los sueldos a través del banco es solo una de las medidas que plantea el Ministerio en su plan estratégico en materia de salarios. El objetivo primero es acabar con los impagos, totales o parciales, así como con los retrasos en el pago de las nóminas a los trabajadores. Trabajo considera que el salario es el "elemento más esencial de la relación laboral, y una de las principales preocupaciones de las personas trabajadoras", por lo que "no puede ser ajeno a la actuación de garantía y protección brindada por la Inspección". Y por el mismo motivo, esgrime que "las conductas empresariales contrarias al derecho de los trabajadores no pueden ser ajenas al reproche sancionador de la Inspección".
En este sentido, en el borrador elaborado por los técnicos del departamento que dirige Yolanda Díaz se recuerda que los salarios recuperados gracias a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 2019 alcanzaron los 20.942.072,21 euros, de los cuales 4.496.924,82 respondían a estimación de perjuicios económicos y 16.442.898,26 a cumplimiento de requerimientos. Ante estos datos, el Ministerio considera que se demuestra que la experiencia respecto a estas investigaciones ha sido "muy positiva" y, por eso, durante la vigencia del nuevo plan estratégico para este año y los dos siguientes se priorizarán las actuaciones en esta materia.
'App' para cazar fraude
En paralelo, se promoverá la colaboración con la Administración Tributaria, con objeto de cruzar la información fiscal, laboral y de Seguridad Social y analizarla a través de herramientas de big data que permitan identificar los posibles fraudes con mayor agilidad. Además, se desarrollará una aplicación informática "que permitirá detectar los incumplimientos salariales a partir de las tablas salariales de los convenios colectivos sectoriales para facilitar una respuesta inspectora mucho más ágil", según consta en el plan. Dicha aplicación dará información, asimismo, de otros derechos y condiciones de trabajo, además de las de naturaleza retributiva, que sean "útiles para realizar actuaciones inspectoras en otras materias", matiza.
Además, se elaborará una guía técnica que incluya métodos apropiados para investigar la existencia de pagos de cantidades ocultas, no documentados y excluidos de las bases de cotización a la Seguridad Social, y se realizarán acciones formativas en materia de contabilidad y técnicas de investigación de salarios ocultos. Y complementariamente, el Ministerio de Trabajo tiene previsto modificar la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden social, para clarificar los supuestos en que los incumplimientos en materia salarial requieren ser sancionados con una infracción grave o muy grave. Estas últimas, hay que recordar, alcanzarán los 224.830 euros desde el 1 de abril.
Pero no solo eso. También se reforzará la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo consideradas "más lesivas" para los trabajadores. En este sentido, se propone una modificación normativa para establecer el informe preceptivo de la Inspección a la jurisdicción social en los procedimientos judiciales en materia de modificación de la cuantía salarial, cuando sean individuales o en el caso de las colectivas en las que, en su periodo de consulta, no intervengan sindicatos u órganos unitarios de representación de los trabajadores.
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