"Donde hay papeles, callan barbas". Yolanda Díaz tiró de refranero este martes para encajar el aluvión de preguntas lanzadas por los periodistas a propósito de la cláusula de salvaguarda que penaliza a las empresas que despidan a trabajadores en los seis meses posteriores a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). La ministra fue tajante al afirmar que la redacción de este apartado se mantiene intacta en la nueva prórroga y al matizar después que, en cualquier caso, quienes interpretan las leyes son los funcionarios públicos y los tribunales, no el Gobierno. La controversia nace de la interpretación que hacía la patronal horas antes, tras una reunión de los máximos órganos de gobierno en la que Antonio Garamendi trasladó a los socios que sus equipos negociadores habían logrado arrancar al Ministerio de Trabajo una cierta flexibilización del veto al despido.
Antes de nada, conviene recapitular. La bautizada como "cláusula de salvaguarda del empleo", que nació en el primer acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social para el diseño de los ERTE, obliga a las empresas a mantener intactas sus plantillas al menos durante medio año tras haber reanudado la actividad y 'castiga' a las que despidan con la devolución de todas las exoneraciones de cotizaciones disfrutadas durante el ERTE. El Gobierno entiende que las empresas deben cumplir ese compromiso de mantenimiento del empleo por la ingente cantidad de dinero público que están recibiendo, sin embargo, los empresarios consideran que la cláusula es desproporcionada y llevan meses intentando flexibilizarla, por ejemplo, permitiendo la devolución únicamente de las ayudas percibidas por el trabajador despedido y no por toda la plantilla afectada por el ERTE.
Pero este martes, Garamendi se presentó ante los suyos con un logro alternativo a esa opción. El presidente de la patronal aseguró ante el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva que, en la nueva prórroga de los ERTE, la cláusula de salvaguarda del empleo se interpretaría de manera "no restrictiva", de modo que la devolución de las exoneraciones en caso de despido se limitaría al centro de trabajo y no a la totalidad de la plantilla de la empresa afectada por el ERTE. La suavización del veto al despido era bienvenida por los socios, líderes de las organizaciones territoriales y sectoriales, que daban el visto bueno al acuerdo "por unanimidad" y "sin debate", según fuentes presentes en el cónclave empresarial.
Pero poco duró el jolgorio patronal. En cuanto trascendió la interpretación que se estaba haciendo en Diego de León (en conferencia telemática, como mandan las restricciones sanitarias) de los cambios introducidos en el documento a última hora, los sindicatos montaron en cólera. El Ministerio de Trabajo activó entonces la maquinaria para trasladar a la opinión pública que no se había movido un ápice en su postura de prohibir el despido en los términos que rigen en el esquema de los ERTE y la propia ministra Díaz así lo expresó en la rueda de prensa posterior. En ese momento la tensión se trasladó al ámbito patronal y los empresarios empezaron a dudar de la interpretación que les había trasladado Garamendi escasas horas antes.
Cambios en los borradores
Lo cierto es que desde la reunión mantenida el pasado jueves, el Ministerio ha trasladado a los agentes sociales al menos otros tres documentos a los que ha tenido acceso La Información. Y hay una diferencia notable entre un primer borrador, en el que se especificaban con detalle los compromisos de mantenimiento del empleo, incluida la devolución de las cotizaciones sociales en caso de despido, y el último, en el cual solo se contempla que "la salvaguarda del empleo será de aplicación -de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del real decreto-ley 30/2020- en relación a los periodos anteriores y al que se deriva de los beneficios recogidos en la presente norma y de conformidad con los plazos correspondientes". Una redacción que, a juicio de los sindicatos, es "laxa", "ambigua" y permite una "interpretación amplia" por parte de las empresas, "a su favor".
Fuentes sindicales intuyen que el intercambio de llamadas bilaterales que se produjo durante el fin de semana entre el Ministerio y la patronal (también se dio con los sindicatos) derivó en esa alteración del texto que permite, en efecto, esa interpretación de la cláusula de salvaguarda del empleo que Garamendi trasladó a sus órganos de Gobierno este martes a primera hora de la mañana. Sin embargo, adelantan que aunque Díaz anunciase ayer el acuerdo, junto con el titular de la cartera de Seguridad Social, José Luis Escrivá, seguirán peleando en los próximos días -tienen de margen hasta el Consejo de Ministros del martes, 26 de enero- para que el texto se matice y deje claro que los términos en los que se prorroga este compromiso para las empresas en ERTE se mantienen en las condiciones que rigen actualmente.
Díaz garantizó en su comparecencia ante los medios que así será. Repitió, en no pocas ocasiones, que la cláusula se mantendrá intacta. De hecho, en una nota de prensa remitida posteriormente, quedaba negro sobre blanco: "Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en los términos en los que lo recogía el Real Decreto-ley 30/2020, lo que implica que las empresas, una vez cumplido el periodo de 6 meses de salvaguarda derivado de las normas previas a dicha disposición y el que responde a los beneficios referidos en dicho real decreto ley (otro periodo de 6 meses), se comprometen, en contrapartida con los beneficios por las exoneraciones reguladas en la nueva norma, al mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo de 6 meses de duración".
Discusión en la patronal
Fuentes de la patronal garantizan a este medio que la flexibilización de esta cláusula sí fue objeto de negociación con el Ministerio, no tanto en la mesa compartida con los sindicatos, sino en esos contactos bilaterales más informales. Aseguran, en cualquier caso, que los negociadores de Trabajo se mantuvieron firmes en el mantenimiento del veto al despido, aunque sí se abrieron a plasmar en el nuevo real decreto-ley una redacción más laxa de esta condición que permitiera efectivamente a las empresas interpretar la prohibición de un modo más flexible, por ejemplo entendiendo que en caso de despido, solo tendrían que devolver las ayudas percibidas en el centro de trabajo concreto de ese empleado y no en toda la empresa.
La propia patronal admite que esa promesa de dejar la norma "difusa jurídicamente" fue una estrategia del Ministerio para lograr su apoyo al acuerdo, algo que se produjo tanto por parte de CEOE como de Cepyme. Si bien la patronal de la pequeña y mediana empresa no se terminaba de sentir cómoda con esa flexibilización, por considerar que mucha compañías se quedan fuera al no tener varios centros de trabajo. Tras escuchar a la ministra garantizar que la cláusula de mantenimiento del empleo se dejará sin cambios, no obstante, fuentes empresariales auguran una discusión no menor en el seno de la patronal. "Dimos el visto bueno al acuerdo porque Garamendi nos trasladó que había conseguido suavizar el veto a los despidos", explican las fuentes consultadas, que vaticinan un nuevo choque con el Gobierno por este asunto en los próximos días. Hay que insistir en que todo está abierto hasta el martes y no se descartan cambios de última hora.
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