El acuerdo para la prórroga de los ERTE se resiste. Pese a que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había asegurado que los agentes sociales no se levantarían de la mesa hasta acercar posiciones y cerrar un documento conjunto, ese acercamiento no ha sido posible este miércoles, según informan fuentes del diálogo social. Cuando falta apenas una semana para que caduque el esquema actual, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social seguirán negociando con la patronal y los sindicatos mañana por la mañana y si es necesario en los próximos días para intentar pactar las condiciones de la prórroga, de nuevo, 'in extremis'.
Tras casi seis horas de reunión, la mesa seguía dividida. El Gobierno se había comprometido a cerrar las condiciones para los nuevos ERTE de otoño-invierno con urgencia, para no llegar sin acuerdo a la última semana, pero la regulación del teletrabajo se coló entre las prioridades del Ejecutivo y acaparó las negociaciones para alumbrar un real decreto ley en el Consejo de Ministros del pasado martes. Esto ha demorado las conversaciones en torno a los ERTE y se espera que continúen contrarreloj para poder aprobar la nueva herramienta antes del día 30, cuando caduca el sistema vigente.
Fuentes del diálogo social aseguran que el encuentro de este miércoles ha finalizado "sin avances" y se remiten a una nueva reunión que tendrá lugar en apenas horas, a las 11 de la mañana de este jueves. Las mismas fuentes informan de que las posiciones siguen divididas en torno a la diferenciación sectorial planteada por el Gobierno y rechazada tanto por la CEOE como por CCOO y UGT. Díaz ya avanzó que la "fórmula de protección diferencial" complicaría el acuerdo, dado que la propuesta de extender la protección de los ERTE a la cadena de valor y a las dependencias de facturación de las actividades afectadas no convence a los interlocutores sociales.
Tanto la patronal como los sindicatos defienden una prórroga generalizada para no discriminar a ningún sector y evitar a toda costa la desaparición de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. Esto último también lo ha apuntado la ministra Díaz, si bien fuentes del diálogo social aseguran que la 'pelota' ahora está en el tejado del titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, encargado de diseñar el complejo esquema de exoneraciones de cotizaciones sociales y enfocado, desde hace semanas, en detectar qué actividades económicas necesitan un mayor apoyo en estos momentos. Principalmente, las que más trabajadores mantienen en situación de ERTE, que son las relacionadas con el turismo y el ocio.
Escrivá, como la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha mostrado partidario de mantener desplegado el paraguas de las ayudas públicas en los sectores más afectados, especialmente en las empresas que no hayan podido retomar su actividad tras el cierre por la pandemia, y también en aquellas que se muestren solventes de cara al futuro. Como avanzó La Información, ambos han hecho tándem dentro del Gobierno para defender que el Estado no puede seguir sosteniendo a empresas 'zombies', sobre todo habida cuenta de que ya se ha gastado todo el dinero que Bruselas enviará a España para los ERTE y que cada vez son menos los recursos disponibles, por lo que toca 'cerrar el grifo'.
El Gobierno sí ha planteado la vigencia 'sine die' de los denominados ERTE de rebrote, aquellos que se formulan cuando, por causa nuevas medidas restrictivas, las empresas se ven obligadas a paralizar o recortar su actividad, con exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social de hasta el 80%. Si bien la ministra Díaz ya ha adelantado que esta modalidad de ERTE tendrá que adaptarse a la nueva situación de rebrotes en determinados territorios como la Comunidad de Madrid. Asimismo, se ha ofrecido a los agentes sociales exenciones superiores al 80% para los ERTE en los sectores más afectados por la pandemia y para las empresas vinculadas a los mismos.
Además de rechazar la focalización sectorial de las ayudas, patronal y sindicatos están en contra de exonerar en mayor medida las reincorporaciones de trabajadores que salen del ERTE, en lugar de centrarlas en los que siguen con la actividad suspendida. Una de las opciones que han trasladado los interlocutores sociales al Gobierno es la posibilidad de destinar esos recursos a los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los denominados 'ETOP'. Todas las cartas están sobre la mesa y la partida se seguirá jugando este jueves.
Sí parece haber consenso ahora en otras cuestiones que tienen que ver con el nivel de protección de los trabajadores, como el mantenimiento de la cobertura del 70% de la base reguladora tras seis meses en ERTE o del 'contador a cero', que permite que los trabajadores afectados por ERTE no agoten paro de cara a futuras prestaciones. Si bien fuentes del diálogo social advierten de que el Gobierno está "hilando muy fino" las medidas por las "restricciones presupuestarias" y auguran que "no hay dinero para todo".
Hay otros flecos no menores que auguran una negociación complicada. La patronal ha insistido al Ministerio de Trabajo en que es necesario levantar el veto a los despidos, tanto por la vía de la cláusula de salvaguarda del empleo que obliga a mantener las plantillas en los seis meses tras la reanudación de la actividad como por el camino de la prohibición del despido objetivo por causas derivadas de la Covid-19. Díaz no parece dispuesta a ceder en esto, pues en el último borrador mantenía la prohibición de despedir hasta el 31 de diciembre. Y ello a pesar de que la CEOE ha advertido de que si no se permite a las empresas ajustar sus plantillas ante el deterioro de la situación económica, muchas acabarán en quiebra o en concurso de acreedores.
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