Las negociaciones entre los agentes sociales para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo a partir del 1 de julio siguen su ajetreado curso. La reunión de este miércoles ha vuelto a terminar sin acuerdo, pero los interlocutores están cada vez más cerca del pacto gracias, según revelan fuentes presentes en las conversaciones al término del encuentro que ha durado siete horas (con un receso a mediodía) a que el Gobierno ha mejorado sensiblemente su propuesta. Lo más novedoso es que, por primera vez, el Ministerio de Trabajo contempla un escenario en el que eventuales rebrotes del virus en territorios concretos vuelvan a forzar a las empresas a la paralización de su actividad y, en esos casos, se ofrece a las compañías la posibilidad de acogerse a un ERTE por fuerza mayor con importantes exoneraciones en las cotizaciones sociales.
Fuentes de las negociaciones explican que los nuevos focos de contagios que están surgiendo en toda España y también en el entorno internacional han encendido las alarmas en el Gobierno y han levado al Ministerio de Trabajo a ampliar su oferta inicial para los ERTE e introducir un mecanismo legal para aliviar a las empresas en caso de que vuelvan a enfrentarse a importantes restricciones para frenar la propagación del virus. En concreto, según trasladan estas fuentes, el Ejecutivo contempla en su nueva propuesta ERTE por fuerza mayor en los sectores de territorios concretos que puedan quedar de nuevo paralizados, con exoneraciones del 80% para las empresas de menos de 50 trabajadores y del 70% para las más grandes, porcentajes inferiores aunque cercanos a los actuales, 100% y 75%.
En paralelo, la última oferta del Gobierno da un paso más en el acercamiento de posturas con los agentes sociales al mantener la fuerza mayor total, que estaba abocada a desaparecer el 30 de junio. Esto significa que se mantendrán estos ERTE durante los próximos tres meses, si bien las exoneraciones se irán reduciendo gradualmente a lo largo del verano. Las cifras que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones varían, de nuevo, en función del tamaño de la empresa. Para las compañías de menos de 50 trabajadores se contemplan exenciones del 80% en julio, el 70% en agosto y el 60% en septiembre y las de mayor tamaño pasarían del 50% al 40% y 25%, respectivamente, siempre según trasladan a este medio los interlocutores sociales.
Por último, continuaría vigente la figura de la denominada 'fuerza mayor parcial' para las empresas que vayan recuperando parte de su actividad y, en consecuencia, sacando progresivamente a los trabajadores del ERTE. Además, se facilita el tránsito a los ERTE objetivos, los provocados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que también tendrán rebajas en las cotizaciones. Para estos dos tipos de expedientes el Gobierno mantienen intactas las exoneraciones para los meses de julio, agosto y septiembre. En el caso de las empresas más pequeñas la exención es del 60% para los trabajadores que vuelvan a la actividad y del 35% para los que sigan en el ERTE y en las más grandes es del 40% y el 25%.
Cabe destacar que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha modificado levemente las exoneraciones en estos últimos ERTE respecto a la propuesta anterior, que contemplaba más rebajas para la parte de la plantilla que retoma la actividad, como una forma de premiar a las empresas que van poco a poco encarando la desescalada hacia la nueva normalidad. Los sindicatos habían insistido al Gobierno en la necesidad de destinar esos recursos a la protección de los trabajadores que siguieran en el ERTE y finalmente han conseguido una leve modificación de los porcentajes, aunque el Ejecutivo mantiene su filosofía de apoyar las reincorporaciones a la actividad, muy defendida tanto por Escrivá como por la vicepresidenta Nadia Calviño, que hoy mismo ha destacado que gracias a este modelo de exenciones más de un millón de trabajadores han salido ya del ERTE.
Para los sindicatos, con estas modificaciones se logra mayor protección de los trabajadores, por lo que en principio se inclinarían por el 'sí' al acuerdo en la nueva reunión prevista para mañana. La patronal, sin embargo, muestra reticencias. Los empresarios valoran que el Gobierno mantenga la fuerza mayor total hasta septiembre, lo que permitiría a compañías en sectores afectados por las restricciones, especialmente en el turismo, mantenerse a flote. Sin embargo, la CEOE esperaba una focalización más específica en ayudas a sectores concretos, pero el Ejecutivo apuesta por mantener la fuerza mayor para todos, sin distinción. Los sindicatos valoran esa vía porque lo contrario, a su juicio, sería discriminatorio.
El resto de la propuesta del Gobierno se mantiene como estaba. Si bien hay elementos novedosos respecto a la anterior prórroga de los ERTE (la que los alargó hasta el 30 de junio), como la prohibición a las empresas inmersas en estos procesos de hacer horas extra, realizar nuevas contrataciones o externalizar servicios, el planteamiento de Trabajo es el mismo en lo que se refiere a los vetos a determinadas empresas a la hora de acceder a las ayudas. Por ejemplo, no se permite acogerse a los ERTE a las compañías que tengan su domicilio en paraísos fiscales y las que se acojan no podrán repartir dividendos, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social.
Prohibición de despedir
Además, el Ministerio de Trabajo mantiene sus restricciones a los recortes de plantilla, caballo de batalla de Yolanda Díaz en estas negociaciones, frente a una patronal que ha presionado al máximo para flexibilizar los compromisos de mantenimiento del empleo impuestos ante unas previsiones poco halagüeñas para los próximos meses. De este modo, el borrador contempla la extensión de la prohibición de los despidos por causas objetivas y de la finalización de los contratos temporales hasta el 30 de septiembre. Y también mantiene la 'cláusula de salvaguarda del empleo' que obliga a las empresas a mantener intactas a las plantillas afectadas por el ERTE durante los seis meses posteriores a la finalización del mismo, salvo en casos en riesgo de concurso de acreedores y algunas excepciones en función de las características de los sectores o, por ejemplo, en despidos disciplinarios.
Por último, Díaz ha recuperado la comisión de seguimiento tripartita que había eliminado en su oferta anterior y que era clave tanto para los empresarios como para los sindicatos para poder fiscalizar la evolución de las medidas de flexibilidad adoptadas y su posible extensión más allá del 30 de septiembre. De este modo, "se abre la puerta a continuar con los expedientes hasta que acabe el año", interpretan desde el diálogo social. También está prevista la constitución de una mesa de diálogo "con el objetivo de alcanzar un pacto que incorpore medidas tendentes a la recuperación del nivel de empleo previo a la crisis".
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